La marcha encabezada por un grupo de fiscales mostró a una nueva derecha con capacidad electoral y de movilización callejera. Podría soldarse así la profunda fisura del sistema político fundado por una oligarquía incapaz de llegar al poder por medios democráticos y que ha debido colonizar para ello a los partidos populares. Esta nueva derecha constituiría un saludable estabilizador, al margen de los propósitos de los organizadores, como suele ocurrir en los grandes acontecimientos colectivos.
La marcha que un grupo de fiscales de Co-modoro Py encabezó bajo el temporal del jueves 18, constituyó la presentación de una nueva derecha política que además de capacidad electoral en algunos distritos, comienza a desarrollar aptitud para la movilización callejera, un rasgo distintivo del centro hacia la izquierda de la política argentina. Esta es una novedad significativa que podría poner remedio a la fisura más profunda del sistema político, que el año próximo cumplirá un siglo y constituiría un saludable elemento estabilizador, al margen de los propósitos de los organizadores de la marcha, como suele ocurrir en los grandes acontecimientos colectivos.
Al mismo tiempo, hay un intento por desalojar al kirchnerismo de posiciones simbólicas desde las que se ha movido con comodidad en la última década. “No nos perdonan la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida”, dijo CFK horas antes desde Atucha. Esa es una reflexión de fondo que requeriría un intenso trabajo político por parte de la militancia para que fuera más claro el nexo entre esa decisión que liberó al sistema político del chantaje de los guardaespaldas del capitalismo, como llamó a las Fuerzas Armadas el poeta salvadoreño Roque Dalton, y los episodios de estos días.
Sin partido
Las clases sociales que organizaron la Nación e insertaron su economía en el mercado mundial como proveedora de bienes primarios e importadora de productos industriales y excedentes de población no fueron capaces de construir un partido político que expresara sus intereses en la competencia electoral, a diferencia de lo que ocurrió en otros países. Desde 1916 en adelante esa oligarquía liberal que importó su modelo económico de Gran Bretaña y tuvo su faro cultural en Francia, fue una y otra vez derrotada en las urnas por fuerzas plebeyas que expresaron el ascenso social de la inmigración extranjera y de los migrantes internos en la generación siguiente. Las políticas regulatorias y distributivas del yrigoyenismo y del peronismo enardecieron a esos sectores propietarios, que no compartían la visión de la izquierda marxista para la que esos movimientos eran tibios reformistas que propugnaban una imposible conciliación de clases e incluso portaban elementos autoritarios y fascistizantes. El remedio a su impotencia electoral fue la conversión de las Fuerzas Armadas en Partido Militar, que entre 1930 y 1990 dieron entre uno y tres golpes por década. A ello colaboró la Iglesia Católica, que les proveyó de munición conceptual para tomar una y otra vez el gobierno en defensa de la salvación y la unidad nacional. Este ciclo recién concluyó en 1983, fecha fundacional de la democracia argentina, que puede dividirse en dos períodos bien diferenciados. El primero, de cooptación de los partidos de origen y tradición popular por los poderes fácticos, que intentaron gobernar a través de ellos, con fuertes contradicciones durante la gestión de Raúl Alfonsín, y en armonía durante la década de Carlos Menem, quien hizo propias con entusiasmo las políticas que le impusieron, una vez que vio cómo afeitaban en seco a su predecesor. Pero esa conformidad entre poder económico y gobierno electo fue excluyendo cada vez a más personas hasta estallar con la crisis de fin de siglo. Esto dio lugar a una segunda etapa, que dura hasta hoy, en la que uno de los partidos históricos volvió a las fuentes y expresó desde el gobierno los intereses que lo sustentan, lo cual lo puso en conflicto con lo que Eduardo Basualdo caracterizó como la oligarquía diversificada, que con actividades tanto agropecuarias como industriales y financieras, conduce a la burguesía en su conjunto y enfrenta a la alianza populista. La participación en la marcha de la Sociedad Rural, las Confederaciones Rurales, el Foro de Convergencia Empresaria, la Asociación Empresaria y la Unión Industrial es elocuente sobre su nivel de involucra-miento.
Durante el debate en las comisiones de la Cámara de Diputados por la reforma a la ley de Inteligencia Nacional, el Secretario Oscar Parrilli recordó la marcha del Corpus Christi de junio de 1955 y los bombardeos que asesinaron a 300 personas en la Plaza de Mayo. La composición social de ambas manifestaciones es la misma, así como de otras previas y posteriores. Pero el sentido de cada una es muy distinto. Las velas que iluminaban los reclamos punitivistas del ex ingeniero Blumberg se encendieron cuando Néstor Kirchner no había cumplido un año en el gobierno, al que accedió con menos votos que Arturo Illia cuarenta años antes. El intento de la Sociedad Rural por desabastecer las ciudades y forzar una capitulación del gobierno y la sugerencia risueña de su presidente de entonces, Hugo Biolcati, de que el vicepresidente Julio Cobos debía asumir la presidencia, se produjeron en el primer año de gobierno de CFK. Esta marcha, en cambio, ocurre en su último año, cuando se discute en plena competencia electoral quién la sucederá. Desde Atucha, la presidente dijo ese mismo día que “tenemos que garantizar que quien conduzca este Estado argentino tenga las mismas ideas sobre autonomía, sobre soberanía, sobre ingreso popular, sobre el trabajo de los argentinos, sobre la ciencia y tecnología”. Los indignados del jueves que son los resfriados del fin de semana piensan lo contrario. Si el final apocalíptico del gobierno de Raúl Alfonsín fue parte de la educación presidencial, para que Carlos Menem entendiera los límites de lo que le estaría permitido, los pujos judiciales y económicos contra el gobierno de Cristina van dirigidos a impedir la continuidad programática que ella reivindicó o en todo caso a ilustrar a todos los interesados sobre los costos del atrevimiento. Maurizio Macrì es el único precandidato que no necesita de esa advertencia: él proviene del otro lado del mostrador. En sus seis años de gobierno ya cuadruplicó la deuda externa de su municipio. Esta semana incurrió en un notable acto fallido: “Gobernar es escuchar, lo contrario a lo que piensa la presidente”, dijo el alcalde porteño, aún bajo proceso por escuchas ilegales a una víctima del atentado a la DAIA.
Cuestión de tamaño
Cada policía midió lo que le convenía a su respectivo gobierno, lo cual no es un signo de madurez institucio-nal. Un cálculo alternativo fue realizado por La izquierda Diario, la publicación electrónica del Partido de los Trabajadores Socialistas que integra el Frente de Izquierda y los Trabajadores: desestimó tanto los 400 mil manifestantes que vio la Metropolitana (“Clarín y la Policía de Macri desafían las leyes de la física. En la pelea por la opinión pública, el ridículo no tiene límites”), como los 50.000 de la Federal. Con métodos para el cálculo de multitudes desarrollados por la Universidad de California hace medio siglo, tomando en cuenta las dimensiones del lugar donde ocurren los hechos y la fluidez o densidad de la multitud, y perfeccionados luego con nuevas tecnologías, concluye que si se toma en cuenta la superficie de la Plaza de Mayo que fue ocupada por la marcha (con los canteros vacíos), las nueve cuadras desde el escenario hasta el punto de inicio en Plaza Lorea, por Avenida de Mayo y las laterales Yrigoyen y Alsina, y se tiene en cuenta que el uso de paraguas aleja cualquier posibilidad de agolpar cuatro personas por metro cuadrado, “el número arrojado por la Policía Metropolitana y publicitado por Clarín es absolutamente ridículo. Un cálculo que desafía no sólo los métodos científicos más actuales, sino principios básicos de la física, desde Pitágoras a Newton”. Para LID el número real de asistentes fue de entre 70 y 90.000. Esta es una cifra nada desdeñable si se piensa que las movilizaciones conmemorativas de cada 24 de marzo atraen a un número que según los años oscila entre 50 y 100.000 personas. Según el diario de la izquierda, quienes participaron eran “básicamente de la clase media capitalina, votantes de Macri, de promedio de cuarenta y cincuenta años para arriba”. Incluían “parejas y grupos familiares, cincuentones, a veces del brazo de sus hijas (sólo allí se vio la mayor participación juvenil)”. LID también señaló “la notoria ausencia de contingentes juveniles, que sí había mostrado la oposición en el conflicto del campo del 2008, donde sectores universitarios marchaban en ciudades como Rosario o Córdoba. Pareciera que, generacionalmente, la derecha no tuviera futuro”. Al cotejar distintas situaciones también indica que los fiscales de Comodoro Py no son “nuevas figuras convocantes de la oposición”, reconocidas por la multitud, como Alfredo De Angelis durante el lock out agrario o Blumberg en 2004. Advierte también la ausencia de “sectores de la clase media ‘progresista’ del tipo de los viejos votantes de Pino Solanas. Distinto que en el 2008 en Palermo o en el Monumento a la Bandera rosarino, esta vez la clase media tuvo una expresión más acotada, casi exclusivamente de los sectores más pudientes”. Con comprensible pudor trotskysta omite cualquier referencia a las banderas rojas que en 2008 acompañaron a la Sociedad Rural y que esta vez se abstuvieron, lo mismo que el grupo político y sindical de Víctor De Gennaro y Claudio Lozano. Añade que la marcha tuvo réplicas menores en Córdoba, Tucumán, Rosario, Mendoza, Mar del Plata y otras ciudades “que expresaron el mismo y acotado sector social”. Este nuevo episodio en la guerra de desgaste contra el Gobierno no le parece que se acerque a definiciones, pese al salto de intensidad de la imputación a la presidente por parte de Nisman. En una columna de análisis, La Izquierda Diario explica que si en las jornadas de fin de siglo “la clase media actuaba como uno de los motores de un cuestiona-miento profundo al régimen político y social imperante, el fin de ciclo kirchnerista la encuentra motorizando la construcción de una oposición patronal gorila y reaccionaria. Un giro copernicano que viene a (re)demostrar la volatilidad de una clase social fragmentada a la que la ideología ‘ciudadana’ –que expresó esta movilización– calza como anillo al dedo. La relativa estabilidad económica, aún con elementos recesivos, juega su papel. La atadura de las finanzas provinciales al estado nacional actúa como una suerte de látigo para quienes quieran sacar los pies del plato. Por ahora, parece que todo seguirá igual, aunque las tensiones internas sigan creciendo en cuotas. La ausencia de la perspectiva ‘golpista’ implica, necesariamente, la guerra de desgaste, lo que supone imponer condicionamientos al gobierno y, a largo plazo, liquidar al kirchneris-mo como factor político. Pero sin una recuperación de figuras políticas fuertes en la oposición, el plan renguea”. Revivida después de la muerte de Nisman, la oposición levantó su moral. “Pero los paraguas no pudieron ocultar los límites del contenido social y político de esa multitud. Las clases medias altas que hegemonizaron la jornada no parecen tener ningún efecto expansivo, como en alguna medida habían logrado el ingeniero Blumberg en 2004 y los empresarios rurales en 2008. Quienes llevaban los paraguas hace tiempo eran antikirchne-ristas. Los fiscales ‘silenciosos’, por su parte, tienen prontuarios que complican cualquier plan de convertirlos en héroes populares. Y además, la oposición que fue parte del 18F tiene la contradicción de que la marcha era una, pero son siete los pre-candidatos a presidente que intentan capitalizarla. Es mucho”, se cierra otro de los artículos de LID. El diario también realizó una encuesta entre sus lectores. El 10 por ciento se pronunció “a favor del 18F”; el 36 por ciento “en defensa del gobierno” y el 54 por ciento ni con uno ni con los otros.
Políticos y antipolítica
El hijo del historiador José Luis Romero escribió que los políticos asistieron a la marcha “vestidos de ciudadanos y mezclados con el resto”. Al hacerse cargo con su disimulo del discurso de la antipolítica ponen límites a la movida impulsada por Comodoro Py con generoso apoyo empresarial, del sindicalismo opositor y del Grupo Clarín, que el viernes consiguió un nuevo fallo para seguir sin adecuarse a la ley audiovisual.
Así, el rol político que asume la justicia coincide con la despolitización de los políticos. Esto funciona para la exaltación emocional ante una muerte que se intenta presentar como un asesinato y endilgárse-lo al gobierno. El problema es que ni en las PASO ni en las elecciones generales los conmovidos manifestantes encontrarán boletas de TN ni de la exposa del fiscal Nisman, sino de esos políticos que no osan decir su nombre y que se disimulan entre el gentío.
Sus alternativas pasan por perder, una vez más dispersos, o ganar con la unión que les reclama desde hace años el Grupo Clarín, y reproducir la catástrofe de la Alianza, que a duras penas alcanzó los dos años de gobierno.
El escritor Marcelo Birmajer calificó la muerte de Nisman como “el suceso más luctuoso de la democracia, desde 1983”, con el único precedente del loperreguismo, y la atribuyó a la “tradición peronista”.
El guionista de Lanata tal vez estuvo distraído durante los 24 meses que alcanzó a durar el último gobierno ajeno a esa tradición abominada: comenzó con dos muertos y 40 heridos por la Gendarmería en el puente que une Chaco con Corrientes el 17 de diciembre de 1999, y terminó con otras tres docenas de muertos en todo el país durante la caza al hombre del 19 y 20 de diciembre de 2001.