La Corte Suprema de Justicia rechazó la posibilidad de investigar las torturas y vejámenes cometidos contra soldados argentinos en la guerra de Malvinas. “La sociedad argentina tiene derecho a saber qué pasó con sus solados en la guerra. Tenemos más de 125 denuncias y no vamos a dejar que queden impunes”, aseguró a Página/12 Ernesto Alonso, presidente de la Comisión Nacional de Ex Combatientes e impulsor de la denuncia desde el centro de ex combatientes de La Plata. Realizarán una presentación pidiendo la “revocatoria y aclaración” del fallo y en caso de ser ratificado acudirán a la Justicia internacional.

Nos quieren imponer lo que no pudieron hacer los militares durante la dictadura, que es silenciarnos, afirmó el ex combatiente en medio de la reunión en la que se encontraba junto a sus compañeros, preparando la conferencia de prensa que realizarían la pasada semana,  frente a la sede de la Corte Suprema. La resolución emitida por la Corte y firmada por el presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y José Luis Maqueda, se dio a conocer el 19 de febrero pasado y cuenta con tres párrafos a pesar de haber llegado a sus manos hace tres años. “Es una falta de respeto para los ex combatientes y para la sociedad. Queremos que la Justicia actúe a la altura de las circunstancias. Malvinas es una deuda pendiente. Evidementemente les molesta y se lo quieren sacar de encima porque entre los denunciados hay personas que son habitués de los pasillos judiciales”, agregó Alonso, apuntando contra parte de los ochenta militares que fueron señalados por los ex combatientes.
El reclamo judicial se presentó inicialmente en 2007, ante el Juzgado Federal de Río Grande, donde “fueron denunciados más de 120 hechos cuyos testimonios aberrantes tienen asesinatos a soldados, torturas, estaqueamientos, violaciones y otros tratos inhumanos”, señalaron en un comunicado los ex combatientes de La Plata. En primera y segunda instancia el fallo fue a favor de la denuncia y se los reconocía como crímenes de lesa humanidad, pero ambos fallos fueron apelados por uno de los militares acusados, Jorge Eduardo Taranto –a quien los ex conscriptos señalan como parte de los servicios de Inteligencia privados que tienen llegada a la Justicia–, que llevó la causa a la Cámara de Casación, donde finalmente declararon los hechos prescriptos dando la razón al militar. En el 2012 los ex conscriptos pidieron a la Corte Suprema que se expida sobre el tema y tres años más tarde decidieron sostener el fallo de Casación. En ese camino, los veteranos de guerra fueron apoyados por organizaciones de derechos humanos como la Comisión Provincial por la Memoria, la agrupación HIJOS y la institución de la comunidad judía DAIA, que dio asistencia a los veteranos de origen judío, presentándose en la causa como amicus curiae.
“No existe un análisis de fondo de la cuestión y esto plancha la posibilidad de realizar un juicio por delitos de lesa humanidad para encontrar la verdad y la justicia. No podemos dejar de entender este fallo en el contexto en el que actúa hoy la Justicia”, señaló Alonso, poniendo el fallo en el marco del enfrentamiento del Poder Judicial “con el gobierno nacional que impulsó las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”. Los próximos pasos anticipados a la prensa comenzarán con la presentación de un “recurso de revocatoria y aclaración de la resolución porque entendemos que se trata de un grave error jurídico. Y si la sostienen iremos a la Justicia internacional. No nos van a detener en la búsqueda de la verdad y la justicia”, sentenció el ex soldado.