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El problema es que esta riqueza privada está en pocas manos (personas físicas y empresas) y, a pesar de que haya sido obtenida en buena medida por actividades en el país, no fueron declaradas (fugaron ilícitamente) ni pagan impuestos (evaden), en tanto que la deuda externa debe ser asumida por el conjunto de la población.

Una semana atrás, el ministro de Economía, Axel Kicillof, en una entrevista concedida al diario Página 12 confirmaba  que la existencia de depósitos de argentinos en cuentas del HSBC de Suiza, no declarados en el país por sus titulares, podía constituir “la punta del iceberg” para dar con una fortuna que estimó en 150 mil millones de dólares fugados al exterior, sin ser reconocida por sus poseedores locales.
El miércoles 7, la Justicia y la Policía Federal concretaron el allanamiento de la sede central en Buenos Aires del HSBC (Florida 229), en el que se obtuvieron nuevas evidencias de la participación de la filial local en las maniobras de fuga del dinero (más de 2.600 millones de dólares hasta 2008) y evasión de impuestos por parte de clientes de la entidad. Frente a la solicitud a las autoridades del banco, durante el procedimiento del miércoles pasado, para que presentaran los legajos de estos clientes y los extractos de cuentas operadas desde 2005 a la fecha, aquellos respondieron que alguna documentación sería de imposible acceso, dado que formaban parte de los “legajos siniestrados” en el todavía sospechoso incendio que barrió con los depósitos de la firma Iron Mountain de la calle Azara, en el barrio de Barracas de la ciudad de Buenos Aires. De cualquier modo, los elementos obtenidos durante el allanamiento, más los 350 kilogramos de documentación entregados a la Fiscalía desde el 5 de diciembre a la fecha, acercarían al HSBC a la figura de “asociación fiscal ilícita” con la que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lo denun-ciara en el pasado mes de noviembre, dada “la plataforma ilegal montada por la entidad”, según la demanda, “con el único fin y propósito de ayudar a contribuyentes argentinos a evadir sus impuestos”.
Una de las evidencias que se obtuvo en este allanamiento es que más de 2.400 clientes argentinos del HSBC en Suiza tienen, a su vez, cuentas en la filial local de la entidad, cuando esta última había reconocido ante la AFIP solamente 1.500 coincidencias entre los respectivos listados. Tras el allanamiento, la filial local corrigió la información argumentando que la diferencia radica en que las cuentas de esos 900 clientes, si bien existen, “no registran movimientos”. Sin embargo, hay clientes que, sin haber operado con las cuentas locales, habrían “otorgado autorización” a la filial en Buenos Aires para intervenir en las cuentas registradas en el HSBC Private Bank Suisse, de acuerdo a la información que la AFIP obtuvo de la Justicia fiscal de Francia.
Ese detalle estaría consignado en las fichas de cada cliente que llegaron a los tribunales franceses de manos de un ex empleado del HSBC, Hervé Falciani, un ingeniero en sistemas francoitaliano que en 2006 fue trasladado a las oficinas del banco en Ginebra, para trabajar en un proyecto que consistía en “migrar” la información sobre las cuentas bancarias a una base de datos más segura. Sin embargo, según su propio relato, al advertir que detrás de esas cuentas se ocultaba una fabulosa maniobra de evasión, decidió presentarse al fisco francés con un listado de 130 mil cuentas para denunciar el hecho. Allí aparecían involu-crados 4.040 contribuyentes argentinos, que es la información que la Justicia fiscal francesa derivó a la AFIP, en virtud del convenio de intercambio de información entre ambos países.
La cantidad de personas involucradas, 4.040, no necesariamente coincide con el número de cuentas o de clientes argentinos del HSBC de Suiza, ya que en muchas cuentas aparece más de un titular, e incluso varios apoderados cuando la cuenta está a nombre de una empresa. Es decir, que una sola cuenta puede involucrar a varias personas. La denuncia que presentó la AFIP ante la Justicia refiere a los delitos de evasión fiscal y asociación ilícita en diferentes grados de participación:
1. “La plataforma ilegal montada por el HSBC y sus directivos con el único fin y propósito de ayudar a contribuyentes argentinos a evadir sus impuestos.” En esa definición involucra a la filial local, la filial suiza HSBC Private Bank, y a la casa matriz en Estados Unidos, HSBC Bank USA N.A. Además, como directivos de la filial local a Gabriel Diego Martino y Simón Cristian Martín, y como apoderados legales en Argentina de las dos casas en el exterior, a Miguel Angel Estévez y Moira Inés Frehner.
Dentro de la prueba aportada a la Justicia, figuran las fichas de los clientes que habrían otorgado autorización a la filial local para intervenir en las cuentas de Suiza. Entre estos clientes se menciona a Beardsley Enterprises Ltd., posiblemente una empresa fantasma, radicada en las islas Caimán, de la cual figura como administrador un cliente argentino de la filial local del HSBC, Miguel Bechech. También aparecen vinculadas a las operaciones de esta cuenta las filiales HSBC Inter-national Trust Ltd. (Cayman Branch), y HSBC Republic Trust Co. Ltd (Guernsey, pequeña isla al sur de Inglaterra). Todo lo cual evidenciaría la interacción de las cuentas en Suiza de argentinos con otras entidades del grupo financiero localizadas en jurisdicciones ‘off shore’.
2. “La plataforma facilitadora para la evasión, conformada por apoderados, abogados, economistas y contadores que articularon una red ‘off shore’ de sociedades extranjeras para ocultar la identidad de los titulares de los fondos depositados en Suiza.” La denuncia señala como responsable en este nivel a Alfonso de Prat Gay. Ex presidente del Banco Central y ex diputado nacional, aparece vinculado como apoderado de la cuenta perteneciente a Amalia Lacroze de Fortabat (ya fallecida) y su nieta Amalia Amoedo, con un saldo de 68,3 millones de dólares a diciembre de 2006 (es la fecha hasta la que llega la información remitida por la Justicia fiscal francesa). Dichos fondos no se encontraban exteriorizados por ninguna de las dos titulares en sus declaraciones juradas en el país, lo cual también compromete “a quien posee la autorización delegada por las titulares para administrar los fondos”.
El artículo 15 de la ley 24.769 (Penal Tributaria), que tipifica el delito por el cual la AFIP hizo la imputación, establece penas de prisión mínima de tres años y medio, y máxima de diez años, para quienes sean declarados como integrantes de una organización o asociación compuesta con el fin de cometer cualquiera de los delitos penal tributarios señalados en la ley, como evasión impositiva. Para los profesionales intervinientes, además, inhabilitación del título por el doble de tiempo que se fije como condena.
La opinión de varios profesionales que siguen el caso es que la evidencia acumulada es de tal peso que, “si en esta causa no hay condena, será porque no se quiere que estos delitos se castiguen jamás”. Sin embargo, la evolución de la investigación judicial indica que “la fiscalía se está moviendo”; es decir, se muestra activa, de una manera que no se comprobó en otras.
Muchos recuerdan la causa de JP Morgan, tras la denuncia de su ex directivo Hernán Arbizu que involucra a casi 500 grandes capitales particulares y empresarios en una megaevasión, que lleva casi seis años dormida.
En el caso HSBC, en cambio, se espera que una vez que se concluya la tarea sobre el material secuestrado en el reciente allanamiento, se acelere la investigación y se avance en las imputaciones.
Será el momento de testimonios y declaraciones, y ahí no se descartan más sorpresas.