Tras la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador, aprobada por la Legislatura en 2013, se han registrado avances sobre todo relacionados a derechos de personas con discapacidad, de niñas, niños y adolescentes, y la posibilidad que actualmente tienen los ciudadanos de solicitar la réplica y la rectificación a los medios de comunicación.

Otro avance es que en la Ley queda explícitamente prohibido que funcionarios, ciudadanos o entes de cualquier naturaleza establezcan censura a los periodistas, según lo explicó el presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, Patricio Barriga.
“Desde la vigencia de la Ley de Comunicación, que ha trazado las líneas para democratizar de forma definitiva los espacios en los medios de comunicación, la propiedad en los medios, la participación ciudadana, creo que podemos decir que se ha avanzado de manera fundamental”, sostuvo.
Barriga, quien es el representante del Ejecutivo en el Consejo, integrado por cinco miembros, aclara que hablar de avances no es una declaración lírica y explica los ámbitos en los que destaca la vigencia de la normativa que antes de su aprobación tuvo una dura resistencia por parte de propietarios de los medios concentrados, ONG, gremios que dicen representar a la prensa, pero que son identificados por el gobierno como activistas políticos de oposición.
La implementación de noticieros con lenguaje de señas; el establecimiento de franjas horarias en la televisión que ha permitido eliminar contenidos violentos o sexualmente explícitos garantizando el derecho de los niños y adolescentes; que los medios definan la categoría de su programación evitando mezclar publicidad con información; son algunos de los avan-ces, según Barriga, experiodista que acredita una larga trayectoria en medios.
Otros hitos son el derecho de los comunicadores a que sus trabajos no sean censurados previamente y que se incentive el periodismo de investigación, guardando los principios básicos de la profesión: que la información sea debidamente contrastada y verificada.
Otro aspecto destacado es exigir la profesionalización para quienes realizan actividades periodísticas de manera permanente, aunque no como un “ejercicio de apoyo para que por fin se haga justicia con ellos”.
El Cordicom, en coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (Senescyt), trabaja en un programa para que trabajadores de medios, algunos con muchos años de labores, puedan acceder a capacitación en el SECAP (Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional).
Además, se va a incluir a los trabajadores de los medios de comunicación en las mesas sectoriales del Ministerio de Trabajo para definir el salario mínimo de la profesión, en un país con una tradición de explotación laboral en donde se llegó incluso a pagar con especies (sacos de arroz, víveres en general) en lugar de un sueldo.
Incluso un expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), cartel de los propietarios de y editores de medios, llegó a adeudar meses  a sus periodistas y trabajadores y el mal manejo administrativo derivó en el cierre del diario con sede en Quito y que servía como arma política de su dueño contra el gobierno.
Barriga destaca que en Ecuador no existe un solo periodista detenido por ejercer su actividad. Señala que en el país existen 1.149 medios de comunicación, la gran mayoría de ellos (91%) de carácter privado.
En alusión a la organización no gubernamental Fundamedios, dice que no es objetivo registrar como ataques a la libertad de prensa las solicitudes de rectificación y replica que, por el contrario, son derechos que están siendo reparados y que son, también, principios básicos del ejercicio periodístico.
El Consejo se reúne habitualmente con dueños de medios y periodistas y en ninguno de estos encuentros se ha manifestado temor por la aplicación de la Ley.
“La labor de Fundamedios no necesariamente está defendiendo los derechos de los periodistas, ni tampoco señalando las posibles infracciones que pudieran llegar a cometerse en contra del ejercicio periodístico. Más bien están atendiendo a una actividad política, porque está claramente definido cuál es su objetivo y cómo, coinci-dencialmente, los discursos que tiene Fundamedios son exactamente los mismos que tienen otras organizaciones de corte derechista”, aseguró.
El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación es un organismo surgido de la institucionalidad de la Ley de Comunicación. Está integrado por un representante del Ejecutivo, uno de los gobiernos Autónomos Descentralizados (municipios, prefecturas y juntas parroquiales), un delegado de la Defensoría del Pueblo, uno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y un delegado de los Consejos de Igualdad.
La Ley no afecta a los periodistas
En una encuesta difundida por el diario público El Telégrafo, en junio de 2014, se reveló que el 75% de los periodistas ecuatorianos considera que su trabajo no ha sido afectado por la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) desde su vigencia: 25 de junio de 2013. La normativa fue un mandato popular de 2011 y se aprobó tras los debates de la Asamblea Nacional, el 14 de junio.
La cifra corresponde a una encuesta realizada por egresados de comunicación y periodistas del diario público El Telégrafo a 65 reporteros, editores, autoridades y grupos sociales, de manera escrita y a través de entrevistas.
El 54% de los periodistas encuestados actualmente laboran en medios privados; 34% en medios públicos; 6% en incautados; 3% en agencias internacionales; y 3% en comunitarios. La mayoría de ellos maneja todas las fuentes, especialmente política y justicia.
De las encuestas que incluyen ocho preguntas puntuales, se desprende que los periodistas consideran que la LOC reguló lo que siempre debió ser responsabilidad ética de los periodistas: contrastar, verificar y contextualizar. Los encuestados –radicados en varias ciudades– admiten que tras la vigencia de la Ley, la calidad del trabajo, en ese sentido, mejoró y permitió concienciar a los profesionales sobre qué publican y cómo lo hacen.
Un 25% de los encuestados dijo que sí se han sentido afectados con la vigencia de la LOC. Argumentan que “se sienten perseguidos” o “tienen miedo de algún tipo de sanción’’. Sólo un 3% expresó que la normativa no ha afectado ni beneficiado. Respecto a las posibles amenazas y penalidades que, supuestamente, contempla la LOC, como lo ha sostenido la prensa privada, el 57% respondió que no ha sufrido o no conoce de amenazas venidas desde alguna autoridad del Estado u otra instancia que haya afectado su trabajo.