El ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, a nombre del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, pidió perdón a los familiares de las víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado (1980-1992).

En un acto público, en la Plaza Cívica, en la capital salvadoreña, el canciller reconoció la responsabilidad del Estado en las desapariciones de los niños y niñas del caso Rochac Hernández y otros, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 14 de octubre de 2014.
«En mi calidad de ministro de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador, y con instrucciones del señor Presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Cerén, en nombre del Estado salvadoreño pido perdón», expresó.
Luego de escuchar testimonios de los familiares quienes también reconocieron la postura tanto de esta administración como de la anterior (2009-2014) frente a este tipo de hechos, reafirmó el compromiso del gobierno de priorizar políticas en las que prevalece el respeto a los derechos humanos.
Manifestó la voluntad del actual gobierno salvadoreño por continuar el trabajo para el esclarecimiento de la verdad en los casos de desapariciones forzadas de niños y niñas y el impulso de acciones para la búsqueda de los mismos.
El ministro pidió perdón por cada caso relacionado con la sentencia de la Corte Interamericana.
Asimismo, el procurador de los Derechos Humanos, David Morales, expresó que frente a desapariciones forzadas no deben permitirse figuras como la amnistía que sólo traen impunidad.
Morales señaló que se han resuelto 55 casos, pero hay activos casi 200 sobre desapariciones.
El director de la Asociación Probúsqueda de Niñas y Niños Desa-parecidos, Eduardo García, exigió que los verdaderos responsables reconozcan sus actos.
Los hechos de este caso en particular se refieren a la desaparición forzada de los niños José Adrián Rochac Hernández, Santos Ernesto Salinas, Manuel Antonio Bonilla Osorio y Ricardo Ayala Abarca, y la niña Emelinda Lorena Hernández.
Todas tuvieron lugar de 1980 a 1982 en el contexto del conflicto armado, tras operaciones militares de la llamada «contrainsurgencia».
Estos niños fueron vistos por última vez con miembros de las fuerzas armadas y fueron apropiados por militares, quienes dispusieron de su destino.
Luego de más de 30 años de su desa-parición, no ha sido establecido el destino o paradero de ninguna de las cinco víctimas.