Tras conocerse que el fiscal Enrique Moller pidió nuevamente el archivo judicial de los casos Simón Riquelo y Gerardo Gatti, distintas organizaciones nucleadas en la "Plataforma Uruguaya de DD.HH." emitieron un comunicado donde denuncian que el Poder Judicial da "privilegios para los asesinos y torturadores".

La declaración se produjo en medio de la campaña impulsada desde el PIT-CNT, también integrante de la organización Plataforma, para derogación de la ley de Caducidad y en el marco de la conmemoración del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En el comunicado, las organizaciones sostienen que "la impunidad sobre estos horrendos crímenes no es admisible. No hay razones políticas, jurídicas ni éticas válidas para exceptuar a los asesinos e instigadores por las barbaries cometidas. El Estado tiene el deber de investigar y sancionar a los responsables de estos hechos que costaron la vida de cientos de compatriotas".

Al respecto, reclaman al sistema judicial "que esté a la altura de las circunstancias y rompa el compromiso con el mantenimiento de la impunidad que ha sostenido en los últimos años, para adquirir como debe, en tanto uno de los poderes del Estado, un compromiso con toda la población. Porque para una verdadera democracia es fundamental un Poder Judicial independiente, con dignidad, que termine con los privilegios para los asesinos y torturadores y sea capaz de cumplir cabalmente con su función".

Afirman que, "a la luz de los últimos fallos judiciales, parece claro que entre el derecho y la Justicia se ha abierto un abismo, que los procedimientos jurídicos se utilizan como simples reglas operatorias al servicio del pasado, apartadas cada vez más de verdaderos actos en los que prime la justicia". Y se preguntan: "¿De qué otra forma pueden verse las decisiones de un fiscal que ignorando el hecho de que un caso -como el de Ma.

Claudia García Irureta de Gelman - expresamente exceptuado por el Poder Ejecutivo de la ley de Caducidad- pida el archivo del mismo? ¿O las de jueces y tribunales que pretendan que los crímenes ordenados por Bordaberry y J.C. Blanco están 'prescriptos'?".

Además se añade que "el sistema judicial en su conjunto debe entender que los delitos de lesa humanidad deben ser investigados, juzgados y castigados, para garantizar el cumplimiento de las normativas internacionales que el país suscribió y para obtener la credibilidad que hoy no tiene".

Se reclama al Poder Judicial que exiga y emplace "a los integrantes de las FF.AA. a dar estricto cumplimiento a lo ordenado por el Poder Ejecutivo con relación a las investigaciones".

Al respecto, dicen que "los uruguayos no admitimos que los informes se conviertan en una verdad a medias, en un ocultamiento de lo que realmente aconteció.

No podemos seguir permitiendo que se perpetúe el dolor, la mentira, la impunidad y la tortura de no saber".