Con la aprobación, por parte de la Corte Constitucional de la Ley de Garantías, una semana después de haber declarado constitucional el proyecto de reelección presidencial, se abrió la campaña electoral para las elecciones de mayo de 2006. El presidente Alvaro Uribe tiene plazo hasta 28 de noviembre para anunciar su decisión de ser candidato para un nuevo período, y desde entonces tendrá determinadas limitaciones, como por ejemplo, no podrá transmitir sus consejos comunales por televisión, ni nombrar nuevos funcionarios, ni contratar más publicidad estatal, ni atender reuniones proselitistas en la sede de gobierno. Dos magistrados de la Corte Constitucional se opusieron a la ley al considerarla inconstitucional como la reelección misma.

Esta será la primera vez, en 60 años, que se puede reelegir a un Presidente en ejercicio. Eso quiere decir que se trata de una figura no experimentada para la mayoría de los votantes y para los funcionarios del Estado que tendrán que demostrar neutralidad.

Jaime Araújo y Alfredo Beltrán coincidieron en que la norma debió ser declarada inconstitucional y que el alto tribunal colegisló para no tener que devolver la ley al Congreso y salvar así la reelección. Araújo, sostuvo que "quienes ya habían permitido que el más fuerte avasallara a los más débiles, le dieron lo que le faltaba: una ley que hiciera realidad su candidatura, que se convirtiera en acto lo que antes solo le habían dado en potencia".

"La totalidad del presente proyecto de ley estatutaria es inconstitucional tanto por vicios de procedimiento como por razones de contenido material". También añadió que "en varios de los condicionamientos de la Corte se suple o usurpa al legislador".

Por su parte Alfredo Beltrán recordó que "3/4 partes de la ley llegaron con vicios de inconstitucionalidad y si se salva solo la cuarta parte de esta no puede conformar un estatuto, sino sólo los vestigios de lo que pretendía serlo". "Este proyecto debió haber sido declarado inexequible en su totalidad, tanto por vicios de procedimiento, como por su contenido material".

La Ley de Garantía, que pretende limitar el uso del Estado por parte del presidente que busca la reelección, al tiempo que impone un tope de financiación de las campañas, señala que los aportes a los candidatos deben ser solo por parte de personas naturales, y no por empresas y conglomerados económicos como era antes.
La ley había recibido el respaldo en el Congreso del Polo Democrático, liderado por Antonio Navarro Wolf pese a que algunos sectores querían modificar algunos aspectos considerados inconstitucionales.

Por otra parte, algunos sectores políticos y algunos medios de prensa, señalan que más que una ley de garantías, es imprescindible la voluntad política de concederlas en la práctica, lo que parece dificil más allá de las manifestaciones del presidente Uribe.

Por ejemplo, la inesperada presencia del asesor presidencial José Obdulio Gaviria en los comicios para elegir el nuevo alcalde de Venecia (Antioquia), días atrás, aumentó la desconfianza de la oposición sobre las garantías que tendrán para enfrentar al presidente Álvaro Uribe en la próxima contienda."Fue a decir que la orden de Palacio era votar por la candidata Isnelde Bermúdez", advirtió el congresista liberal Héctor Arango. "¡Ave María! Yo solo fui a pasear ese día. Me senté en la plaza y saludé a unos amigos", dijo Gaviria para defenderse.

La Corte también estableció que los grupos armados al margen de la ley no podrán participar en la campaña electoral, pues varios integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), principal grupo paramilitar del país, han mostrado su interés por participar de los próximos comicios.

"En las elecciones sólo pueden participar quienes hayan dejado definitivamente las armas", señaló el Magistrado Cepeda al informar la decisión de la Corte Constitucional, y explicó que "no podrán brindar apoyos quienes no hayan renunciado definitivamente a las armas y se hayan reincorporado a la legalidad".

Sobre la participación de los empleados públicos en las campañas, la Corte determinó que únicamente el presidente está facultado para hacer campaña, nadie más, ni los ministros, ni secretarias, ni gobernadores, ni alcaldes.

"Era lo que se esperaba, obviamente, esto ya oficializa todo el proceso de reelección y ya se pueden empezar a planear las cosas y el presidente al final de este mes pues ya puede decir que aspira a la reelección", dijo el senador oficialista Carlos Moreno de Caro.

Por su parte, el senador y pre candidato presidencial del Partido Liberal en la oposición, Rafael Pardo Rueda, también se declaró satisfecho por el fallo del alto tribunal. "Me parece que la Corte hizo un buen trabajo, la Corte precisó temas, llenó vacíos, estableció limitaciones y definió pues ya cuales son las condiciones en las cuales va a hacerse esta campaña", dijo Pardo. Para el pre candidato liberal, el ambiente político actual no es fácil, "es una campaña difícil, los grupos armados han decidido participar en estas elecciones de distinta forma".

Doce listas para senado
Los cálculos indican que de los 60 partidos políticos que existen en Colombia, se presentarán cerca de 12 listas a Senado, por la tendencia a la reagrupación que propició la reforma política y, en particular, la figura del umbral, es decir, el mínimo de votos que se exige para acceder a una curul.

Con este número de listas, cada partido podrá presentar hasta 102 aspirantes, lo que indica que solo para la campaña a Senado se podrían contabilizar cerca de 1.200 candidatos. Hay que recordar que en las últimas elecciones a Congreso, los aspirantes a Senado no eran más de 400.

Entre las principales listas que encontrarán los electores estarán las del Partido Liberal, Partido Conservador, Cambio Radical, Polo Democrático, Partido de la U, Partido Alas, Colombia Democrática, Alternativa Democrática y Equipo Colombia.

No hay tarjetón para tanta gente
El Senado definirá si "entierra" el tarjetón para darle paso a una revista electoral en la que quepan las fotos de los candidatos que aspiran a una curul en el Senado o a la Cámara de Representantes.
La reforma al instrumento que en los últimos años han utilizado los colombianos se incluirá en el nuevo Código Electoral, que deberá ser aprobado por el Congreso antes del 16 de diciembre, cuando terminan las sesiones.
La idea, comenta su ponente José Armenta, es que el elector llegue al puesto de votación, pida la revista electoral y busque la lista del partido o su candidato. Después, podrá desprender la hoja para marcar su voto y, finalmente, depositarlo en las urnas. Así se garantiza que la foto de todos los candidatos aparecerá.
Otra de las normas que se definirá será la nueva reglamentación para el voto en blanco y para la anulación de las mesas. Se busca que las tarjetas que no estén marcadas sobre alguno de los candidatos o el logo del partido podrán considerarse votos en blanco. Antes eran nulos.

Sobre la anulación de mesas, en la actualidad esta acción procede cuando hay más de 4 votos nulos. La reforma plantea que se anule la mesa cuando los votos nulos excedan el 10 por ciento de las tarjetas depositadas.

Poca escolta para tanto candidato
Las elecciones que avecinan provocarán una avalancha de aspirantes pero hay déficit de personal especializado para protegerlos.

Ante tal situación, delegados del Ministerio del Interior y de Justicia, del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de la Policía Nacional se han venido reuniendo con el fin de optimizar recursos que garanticen la tarea proselitista de los aspirantes en todo el país.

Solo para la Cámara de Representantes y el Senado, donde hay 268 curules en disputa, el Gobierno prevé que se lanzarán, al menos, 1.300 candidatos. Una cantidad muy grande para los guardaespaldas al servicio del Estado.

Héctor Manosalva, Jefe del área de Protección del DAS, afirma que, actualmente, este organismo cuenta con 1.300 hombres y mujeres (el 26 por ciento de sus detectives operativos) en tareas de escoltas a 279 personalidades del país, que incluyen el presidente.

A esto se suman los 900 contratistas administrados por el DAS pero financiados con recursos del Ministerio del Interior, y que protegen a personas consideradas en alto riesgo, como sindicalistas, minorías étnicas, líderes populares, alcaldes y periodistas, entre otros.

"En total, solo el DAS administra 744 esquemas de seguridad, que pueden llegar a 767. Esto tiene un costo anual de 60 mil millones de pesos (unos 30 millones de dólares); otra cantidad similar se maneja en el programa de contratistas del Ministerio del Interior", explica Manosalva .

"Como están las cosas, en unos casos solo se podría asignar a una persona, y así no funciona la seguridad", apunta una fuente policial. "Esto implicaría que hay que sacar personas de inteligencia u operaciones, para cumplir con estos servicios, y el DAS no puede dejar de cumplir con su misión esencial, que es la inteligencia del Estado", explica una alto funcionario del organismo.

Acusan a Uribe de manipular estadísticas
En una nota de opinión de la revista Semana, el periodista Daniel Coronell, acusó al presidente Alvaro Uribe de manipular las estadísticas.

En su nota, Coronell recuerda que "Hace unos días los asistentes al foro Globalización con responsabilidad social contemplaron un regaño público del presidente Álvaro Uribe al Dane. El mandatario criticó las cifras del Departamento de Estadística que mostraban estancamiento de la producción industrial. "Tenemos arcaica la muestra para hacer la medición", aseguró disgustado el jefe de Estado. De inmediato ordenó actualizarla. Pronto esas cifras coincidirán con la bonanza que ha generado su administración".

Destacó que en esa misma reunión, "el mandatario se quejó de las cifras de pobreza. No de la pobreza en sí misma, sino de las cifras que la miden".

Según los datos del Danes, los colombianos pobres son el 60 por ciento de la población. La solución fue rápida y efectiva: dieron la orden de cambiar la metodología. "Tres millones y medio de colombianos salieron de pobres, de un día para otro. Una hazaña mundial que reivindicarán en la campaña reelectoral, pero que no es más que un artificio estadístico. La cifra de pobreza descendió del 60 al 52 por ciento gracias a un nuevo método de medición, sobre el cual el gobierno explicó: "No se basa solamente en los ingresos".
Coronell advierte que también se modificarán los parámetros para medir inflación, desocupación, pobreza y calidad de vida.

Este cambio para apoyar al presidente Uribe comienza a mostrar sus absurdos. Según el Dane, las actividades de agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura han creado 603.000 nuevos empleos. Lo curioso es que el total nacional, según la misma entidad, es inferior: 563.000 plazas, recuerda Coronell.

El analista Javier Fernández Riva, que por años ha estudiado estas cifras, encontró una realidad menos halagüeña que la promovida por el gobierno. El porcentaje de colombianos sin un empleo formal ha llegado al 51,6 por ciento, el más alto de la historia. "Eso es más de lo que tenía Estados Unidos durante la Gran Depresión, o Alemania en el peor momento económico de los años 30".