Venezuela comienzó una semana marcada por las investigaciones en torno al asesinato hace un año del fiscal Danilo Anderson, en la cual aparecen involucrados varios opositores. Una jueza ratificó la privación de libertad solicitada contra el general retirado Eugenio Añez y el abogado Salvador Romaní como parte de las pesquisas.
La misma medida fue pedida contra la periodista Patricia Poleo y el empresario Nelson José Mezerhanne, quienes todavía no se han presentado ante la justicia.

Los cuatro, considerados autores intelectuales del crimen, están señalados por los delitos de homicidio calificado mediante incendio y alevosía y su detención fue reclamada hace dos días por la fiscalía.
Yoraco Bauzá, uno de los fiscales del caso, precisó que Romaní y Añez serán recluidos en las instalaciones de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP).
El Ministerio Público basó su acusación en la participación de los acusados en tres reuniones, realizadas en 2003 y 2004, en las cuales se planificaron acciones para desestabilizar al gobierno, entre ellas el asesinato del fiscal, y en declaraciones de testigos.

El Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, reveló el sábado último que el general Jaime Escalante, jefe del Comando Regional número uno, está bajo investigación por su presunta participación en el crimen.
Ante esa situación, el ministro de la Defensa, Orlando Maniglia, anunció la separación temporal del cargo del oficial "mientras dura el proceso de investigación".

Rodríguez manifestó que están detenidos tres de los considerados autores materiales como parte de las investigaciones, las cales duraron cinco meses.

Yohan Peña y Pedro Lander, también sindicados, viven en Miami, pero se gestiona la extradición con las autoridades norteamericanas, agregó.

Al respecto, destacó que varios testigos y sus familias han sido amenazados de muerte, y uno de ellos fue víctima de un ataque, por lo cual debe ser cambiando de lugar constantemente.

Precisó que funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) y miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia trabajaron como asesores de los autores del homicidio.

El fiscal Anderson falleció al explotar el vehículo en que viajaba. En esos momentos avanzaba en una investigación sobre los participantes en el golpe de Estado de abril de 2002 contra el presidente Chávez.
Lourdes Anderson, hermana de la víctima, afirmó que las declaraciones de Rodríguez son creíbles y destacó la actuación de las autoridades.