Dos hombres y dos mujeres fueron procesados por la Justicia por los hechos de violencia que tuvieron lugar el viernes en la Ciudad Vieja y el Centro, durante una marcha contra el ALCA y en protesta por la presencia del presidente de Estados Unidos, George Bush, en Mar del Plata.

El juez Juan Carlos Fernández Lecchini les tipificó el delito de sedición, que puede llevarlos a permanecer en prisión entre dos y seis años. Además, a tres de los cuatro procesados, les imputó también los delitos de atentado y lesiones personales, que agravarán aún más la pena.

Las restantes 12 personas que se encontraban detenidas por los mismos incidentes recuperaron el domingo su libertad.

Sobre una eventual relación con otros episodios violentos de la semana anterior, por ejemplo frente a la Alianza Uruguay- Estados Unidos, el juez dijo que no surgió prueba sobre la conexión y que eso no estaba planteado en la denuncia.

Por su parte, el abogado de la mayoría de los detenidos, Gustavo Salles, se manifestó "en las antípodas" de la posición del juez.

Opinó que la sentencia evade del campo jurídico por su propio contenido e ingresa en el plano de la libertad de pensamiento y de expresión.

Agregó: "Para el señor juez (...) ninguna persona puede manifestarse tumultuosamente contra el imperialismo americano. (...) Tampoco puede manifestarse contra la política de medio ambiente de esta potencia contaminadora".

El abogado destacó que "no hay procesamiento por daño" y destacó que en una manifestación de cientos de personas, apenas hubo unos siete u ocho violentistas. "No se comprende por qué, si la mera participación ya implicaba sedición, el juez procesa a cuatro y deja libre a todos los demás", se preguntó Salles.

También denunció que hubo un "exceso por parte de la represión posterior" y cuestionó el accionar de Inteligencia Policial.

Según Salles, Inteligencia filmó a cuatro o cinco enmascarados juntando escombros en sus mochilas unos 40 minutos antes de los episodios y no hizo nada. "Inteligencia policial sabe que eventualmente la manifestación podía tornarse violenta y no toma ninguna medida de prevención o de precaución", criticó.

También cuestionó que el juez tomara declaración a todos los policías juntos después de los disturbios. "Está prohibido por la lógica, por el sentido común", sostuvo.

Y anunció que lo primero que hará es pedir la aclaración. "Yo supongo que Marina Arismendi es anticapitalista y es ministra de Estado. Quiero que me aclare si el anticapitalismo es ilegal, porque entonces me voy a tener que empezar a cuidar", ironizó.

El abogado anunció que apelará el fallo judicial, por entender que no hay elementos de prueba para imputarle a sus defendidos el delito de sedición.