El presidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez, convocó la noche del martes, por decreto elecciones generales para el próximo 18 de diciembre, dos semanas después de la fecha prevista inicialmente.

LA PAZ. Tras fracasar la cumbre cívico-parlamentaria de Santa Cruz, el Gobierno lanzó el decreto que redistribuye los escaños congresales. La fórmula presidencial asigna 3 congresales nuevos a Santa Cruz y uno a Cochabamba. Mientras La Paz pierde 2; Oruro, 1 y Potosí 1. Dicha postura es aceptada por los representantes de siete departamentos, resistida por los dirigentes paceños y rechazada decididamente por los cívicos cruceños.

El presidente Rodríguez justificó el decreto en lo que calificó como una "indefinición" y para "resguardar el cumplimiento del artículo 1 de la Constitución Política del Estado". El Primer Mandatario invocó a todos los sectores y a recordó los mensajes de la Iglesia Católica y la comunidad internacional antes de lanzar el decreto que define el pleito de cinco semanas y deja al Congreso en la simple opción de ratificar dicha posición ante la imposibilidad de formular una propia. Rodríguez calificó su fórmula como "una apuesta y un aporte del Presidente y su gabinete". Además de advertir que emite dicha disposición "por única y última vez ante una situación extraordinaria".

La propuesta presidencial, apoyada en una vasta documentación, coincidió con una que en la cumbre de la capital cruceña recibió similar apoyo y que había sido propuesta por la delegación de Pando. Sin embargo parlamentarios y cívicos de Santa Cruz se mostraron inflexibles en su consigna de "cuatro escaños o muerte".
La Paz, por su parte, se resistió a ceder un segundo asiento congresal. Tras agotarse el infructuoso debate y anunciarse que en La Paz el presidente Rodríguez iba a emitir el decreto dirimidor, los representantes cruceños leyeron un comunicado en una conferencia de prensa.

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Germán Antelo, explicó los cinco puntos del comunicado.
El dirigente cívico señaló que "Santa Cruz respeta la democracia y pide el respeto a la Ley y la Constitución y por ello demanda un mínimo de 4 escaños nuevos, apoya además la voluntad del pueblo boliviano de realizar elecciones en diciembre. Asimismo ratifica la realización de las elección de prefecto y del referéndum autonómico. En ese sentido alerta al país y a la comunidad internacional para que permanezcan alertas ante los sucesos que se vayan a producir".

La negativa cruceña derivó en sucesivas acusaciones de los congresales y cívicos de otras regiones. El senador pandino Leopoldo Fernández señaló que a los congresales les faltó una visión de país, debido a una visión regional". Destacó además que las otras posturas "revelan que hay otro tipo de intereses y derrepente el juego de los escaños es sólo un pretexto".

Similar acusación fue advertida por dirigente cívico cochabambino, Héctor Vargas. "Si no quieren elecciones que lo digan francamente", advirtió a tiempo de ser el primero en abandonar la cumbre.
Así la salida presidencial, apoyada, según informes de Palacio por siete regiones, abre dos nuevos retos: la posibilidad de una reacción congresal de apoyo y la respuesta cruceña a la demanda de los 4 escaños.

Con respaldo político
El portavoz presidencial, Julio Pemintel, reveló que líder del Mas, Evo Morales, el ex presidente Jorge Quiroga, y el empresario Samuel Doria Medina -los tres candidatos principales según encuestas- habían garantizado su respaldo a la intervención presidencial.

La "guerra de los escaños" que paralizaba al proceso electoral boliviano se desató a fines de septiembre, cuando el Tribunal Constitucional ordenó reajustar la distribución de las 130 diputaciones en base a un censo del 2001.

Ante la falta de una nueva ley de reparto de diputaciones, la Corte Nacional Electoral (CNE) había declarado el viernes que ya no podía completar la organización de los comicios para el 4 de diciembre.
El proceso electoral es producto de una reforma de la constitución aprobada a mediados de año en cumplimiento del pacto político que llevó a la presidencia interina a Rodríguez -entonces titular de la Corte Suprema- en reemplazo de Carlos Mesa, quien renunció a causa de una ola de protestas sociales.
De esta forma puso fin a la incertidumbre creada por la falta de consenso en el Congreso.