Existe el riesgo de un acuerdo entre el APRA, el fujimorismo y las fuerzas armadas para imponer la impunidad a los violadores de derechos humanos denunció la abogada Gloria Cano, integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, de visita en Suecia. Reclamó la colaboración de la comunidad internacional para monitorerar los pasos del gobierno en el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad que, a su juicio, están siendo ignoradas por la admnistración del presidente Alejandro Toledo

Gloria Cano integra la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú que lleva adelante unos 250 casos ante la Justicia nivel nacional, y que involucran a unas 2000 familiares de víctimas de la represión.

Cano lleva adelante uno de los casos más emblemáticos, el que se realiza contra el Grupo Colina, que un momento se presentó como un escuadrón de la muerte y que después se comprobó no era un grupo clandestino o paramilitar, sino parte orgánica de la estructura del Servicio de Inteligencia del Ejército del Perú (SIE), así como casos de masacres de 69 campesinos en el pueblo de Accomarca, Ayacucho. La masacre ocurrió en agosto de 1985, menos de tres semanas después que Alan García asumiera como presidente de la república. En esa masacre fueron ejecutados niños de 6 meses a 8 años de edad y ancianos. Cano recuerda que los autores materiales del crimen decían que con la muerte de los niños impedian que se transformaran en suberversivos en el futuro.

Sobre su visita a Suecia, destacó la posibilidad de denunciar la situación de impasse de muchos de los juicios que se iniciaron en Perú contra militares y altos funcionarios de gobierno, así como la posibilidad de conversar con autoridades humanitarias y políticas a los efectos de convencerlas de que participen en un proceso de monitoreo y verificación de las recomendaciones realizadas por la Comisión de la Verdad que en 2003 concluyó sus labores.

Cabe recordar que en el prefacio del informe de esa Comisión se señala: Se nos pidió investigar y hacer pública la verdad sobre los veinte años de violencia de origen político iniciados en el Perú en 1980. Al cabo de nuestra labor, podemos exponer esa verdad con un dato abrumador y al mismo tiempo insuficiente: la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha concluido que la cifra más probable de víctimas fatales en esas dos décadas supera los 69 mil peruanos y peruanas muertos o desaparecidos a manos de las organizaciones subversivas o por obra de agentes del Estado

También se destaca que La clase política que gobernó o tuvo alguna cuota de poder oficial en aquellos años tiene grandes explicaciones que dar al Perú. Hemos reconstruido esta historia y hemos llegado al convencimiento de que ella no hubiera sido tan grave si no fuera por la indeferencia, la pasividad o la simple ineptitud de quienes entonces ocuparon los más altos cargos públicos. Este informe señala, pues, las responsabilidades de esa clase política que, debemos recordarlo, no ha realizado todavía una debida asunción de sus culpas en la desgracia de los compatriotas a los que quisieron, y tal vez quieran todavía, gobernar.

Es penoso, pero cierto: quienes pidieron el voto de los ciudadanos del Perú para tener el honor de dirigir nuestro Estado y nuestra democracia; quienes juraron hacer cumplir la Constitución que los peruanos se habían dado a sí mismos en ejercicio de su libertad, optaron con demasiada facilidad por ceder a las fuerzas armadas esas facultades que la Nación les había dado.

El documento concluía con una serie de recomendaciones desde reformas constitucionales, reparación a las víctimas, jucio a los responsables directos y funcionarios gubernamentales que ordenaron y/o no impidieron la violencia de los organismos del Estado.

Monitoreo internacional
Gloria Cano sostiene que la intervención de la comunidad internacional ha tenido presencia decisiva para que el Estado comience a llevar adelante las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconcialiación, sin embargo advierte que en los últimos tiempos el gobierno ha dado señales de abandonar ese camino.

Por ejemplo denunció que si bien se ha aprobado un plan de reparación a los familiares de las víctimas, aún no ha sido implementado ya que las autoridades económicas no proporcionan los fondos necesarios.
Asismismo denunció un retroceso en los procesos judiciales contra los violadores de los derechos humanos, ya que el Ministerio de Defensa no facilita la labor de los jueces y fiscales al negar o retacear información.
También reveló que los juicios iniciados se concentran sólo en el período en que gobernó Alberto Fujimori, sin abordar los casos más antiguos, marcando una discriminación entre las víctimas.

Existe temor ante los síntomas que revelan una alianza en ciernes entre el APRA (que gobernó Perú entre 1985 y 1990 cuando el presidente era Alán García), responsable de miles de desapariciones, con las Fuerzas Armadas y el fujimorismo, para sellar la impunidad a estos crímenes.

Cano explica que los familiares de las víctimas buscan no sólo sancionar a los ejecutores materiales de los crímenes, sino también a quienes los sostuvieron y alentaron desde el gobierno. Recuerda que no se trató de exceso de militares o policías exacerbados, sino que se trató de una política del Estado, que alentaba la sistemática violación de los derechos humanos.

Finalmente Cano agregó que la mayoría de los altos mandos militares responsables de las masacres, torturas y desapariciones, recibieron entrenamiento en la Escuela de las Américas, y aplicaron las técnicas de represión alli aprendidas. Entre ellos destaca a Alejandro Montecinos, el jefe del aparato de inteligencia de Fujimori.