El fantasma de un cuartelazo asoma en medio de una aguda crisis política en Bolivia, al cierre de una semana de empantanamiento desestabilizador que pone en peligro la realización de las elecciones de diciembre próximo.

Al menos dos parlamentarios consideraron que las condiciones para un golpe de Estado pueden ser creadas por la indefinición del congreso respecto a un fallo judicial que ordenó redistribuir las diputaciones bajo criterios poblacionales actualizados.

El fallo, indispensable para la legalidad de las elecciones del próximo 4 de diciembre , pieza clave de un proceso de transición concertado en junio pasado, desató duros conflictos regionales entre las regiones beneficiadas por la reasignación y las afectadas.

También dio margen, según criterio generalizado, a maniobras dilatorias de sectores tradicionales empeñados en frustrar los comicios ante la certera posibilidad de ser derrotados.

El presidente de la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, Millán Ribera, dijo que la indefinición del impasse acarrea el peligro de un golpe de Estado, el que según otros análisis podría invocar una situación de caos institucional.

"Esperemos que a nadie se le pase por la mente un golpe de Estado, porque eso sería lo más trágico para la democracia boliviana", dijo Ribera.

La posibilidad de un cuartelazo o una intervención externa ante el avance de las fuerzas sociales fue previamente considerada por el ex jefe del Ejército general César López, quien proclama posiciones progresistas.

El analista Juan Ramón Quintana, experto en temas militares, consideró que un golpe no sería viable por el rechazo social y la falta de condiciones externas, así como por la falta de cohesión de las fuerzas armadas y las posiciones democráticas que alberga.

Para Quintana, en los cuarteles hay descontento con el alto mando, el que se ha agudizado con la denuncia hecha esta semana por el Movimiento al Socialismo (MAS), de que una fuerza combinada conjunta con militares nortamericanos arrebató los únicos 28 misiles antiaéreos con que contaba Bolivia, operación normal, según el jefe del ejército, Marcelo Antezana.

Por su parte, el diputado René Jaldín aseveró que la falta de eficacia del parlamento -sometido a presiones regionales- para resolver el impasse propicia una salida antidemocrática y que el tema de las diputaciones es usado como pretexto para aplazar las elecciones.

Un aplazamiento será inevitable si los legisladores no resuelven la crisis la semana próxima, pese a que la Corte Nacional Electoral (CNE) se abstiene de fijar plazos.

Ante una posible postergación, el presidente transitorio, Eduardo Rodríguez, ratificó esta semana que dejará el cargo, porque en tal caso habrá expirado el plazo legal para que celebre los comicios adelantados.

El mandatario advirtió a un grupo de directores de medios de prensa, que el proceso democrático correrá peligro si el asunto de las curules no es resuelto y provoca la suspensión de los comicios de diciembre.
El aplazamiento es buscado por determinados grupos interesados en frustrar la posterior asamblea constituyente, según el gobierno.

La amenaza parece complicar más la crisis, pese al cauto apoyo dado al presidente por los principales candidatos a la Presidencia, Evo Morales, del MAS; Jorge Quiroga, de Poder Democrático y Social, y Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional.

El gobernante se reunió el viernes último por separado con ellos y según la prensa les expuso la posibilidad de decretar la redistribución de curules si los diputados no logran un acuerdo, el que buscan en vano desde hace cuatro semanas.

Rodríguez debió decretar la solución en lugar de anunciar una propuesta, dejar margen a las discusiones y maniobras parlamentarias y prolongar la indefinición, según diversas críticas formuladas por analistas políticos.