Escribe Miguel Lozano.
Camino a las elecciones parlamentarias de diciembre próximo, las autoridades venezolanas se disponen esta semana a ajustar dispositivos para garantizar la seguridad de los comicios, luego del asesinato de un funcionarios electoral.

Las acciones incluyen la activación anticipada del Plan República, un mecanismo de protección de las sedes y funcionarios electorales en el país, que generalmente se pone en funcionamiento pocos días antes de la fecha de los comicios. Sin embargo, el secuestro y asesinato el pasado viernes del presidente del comité electoral del estado de Amazonas, Oswaldo Rodríguez, prendió la alarma roja en los sectores que han advertido sobre planes violentos para enfrentar al Gobierno.

El presidente del Parlamento, Nicolás Maduro, advirtió en la despedida póstuma del funcionario que no se debe subestimar al enemigo y convocó a las fuerzas que apoyan al Presidente Hugo Chávez a estar alertas pues los opositores "siguen conspirando".

Coincidentemente el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE, Jorge Rodríguez, opinó que las agresiones continuarán y llamó a no permitir que esas acciones obstaculicen el proceso en el que se espera un triunfo arrasador de los "chavistas".

El Movimiento V República (MVR) del carismático Presidente de Venezuela y partidos aliados como Podemos, Patria para Todos y Comunista, entre otros, lograron una alianza que debe asegurarles más de dos tercios de los 167 asientos de la Asamblea Nacional.

Ante esta perspectiva, que pocos ponen en duda, pudiera tomar fuerza la corriente violenta de una oposición que se ha visto derrotada nueve veces consecutivamente desde 1998, cuando Chávez ganó la Presidencia. Es por tal motivo que el asesinato del funcionario de Amazonas fue recibido, además del natural rechazo de este tipo de acciones, con gran aprehensión ante la posibilidad de que pudiera constituir el inicio de una ofensiva violenta.

Aunque las primeras indagaciones apuntaron hacia un hecho cometido por el hampa, Rodríguez consideró que la amplia campaña de difamación emprendida por la oposición contra el CNE, estimula el ataque contra sus funcionarios.

Desde este lunes una comisión de Política Interior del Parlamento comenzará una investigación sobre las amenazas recibidas en semanas recientes por miembros del Poder Electoral.

El propio funcionario asesinado en Amazonas había revelado poco antes de morir que recibió amenazas de personas sin identificar, lo que indica que el hecho pudo haber tenido un móvil político.

Aunque resultaría paradójico que las fuerzas que acusan a Chávez de aspiraciones dictatoriales, asumieran actitudes antidemocráticas ante la perspectiva de una derrota en las urnas, no es la primera vez que sucede en la Venezuela actual.

Ya en abril de 2002 Chávez fue depuesto por un golpe de estado y las actividades económicas estuvieron a punto de colapsar a principios de 2003 por un paro petrolero, además de una campaña de desobediencia civil conocida como "la guarimba".

Para enfrentar las acciones contra el latifundio algunos sectores utilizaron sicarios para matar cerca de 150 campesinos en dos años, entre otros crímenes que incluyeron a un fiscal que investigaba a los responsables del golpe de estado.

El enfrentamiento podría arreciar en las próximas semanas ante la desesperación de los sectores alejados del poder político desde 1999 que observan impotentes el avance de la proyección socialista del Gobierno.
El propio Chávez convocó a sus seguidores a votar el próximo 4 de diciembre para garantizar una mayoría calificada en el Parlamento que garantice la profundización de los cambios con "rumbo al socialismo".
En este contexto la activación anticipada del Plan República -criticada por la oposición- debe constituir un elemento disuasivo para los sectores violentos, que con sus acciones reconocen de hecho la imposibilidad de vencer por medios democráticos.