Satifacción de algunos reclamos inmediatos de la sociedad, investigación y avance en el respeto por los derechos humanos, compromiso de aumento del salario y jubilación real, garantizar el derecho de los trabajadores, proyectos para sentar las bases de un país productivo, como la transformación de la matriz energética del país y su abastecimiento seguro por largos años, reforma de la política impositiva, y estímulos a la producción, son algunos de los elementos que afirman el cambio que se ha producido en el país. Por otro lado, una política errática en temas internacionales, como la indefinición sobre un tratado de protección de inversiones con Estados Unidos, la resistencia a integrar bloques regionales para la votación de algunos temas en diversos organismos, una cuestionada interpretación del plebiscito constitucional sobre el agua, y la autorización a la construcción de dos plantas de celulosa sobre el río Uruguay, presenta un lado débil, y criticable para sectores de la propia izquierda, que caractiza al gobierno encabezado por Tabaré Vázquez desde el pasado primero de marzo.

La primera impresión al llegar a Uruguay, comparando con la visita el pasado año, fue el cambio de estado de ánimo de la gente. A más de 100 días de la asunción del gobierno del Frente Amplio-Encuentro Progresista- Nueva Mayoría, la población todavía sigue confiando en los cambios y en el gobierno que eligió, al tiempo de que es consciente de que esos cambios serán lentos y que no resolverán la situación de miseria y pobreza en mucho tiempo.

Si alguien espera que al llegar a Uruguay notará grandes transformaciones después de algunos meses de gobierno progresista, seguramente quedará decepcionado. Los esfuerzos de la coalición de izquierda gobernante para empezar a modificar la situación heredara avanza lentamente, y en muchos casos, están centrados en establecer bases para un desarrollo posterior, en crear las bases en lo que se ha denominado un país productivo.

Reclamar del gobierno cambios profundos o la aplicación del programa del Frente Amplio de 1971, es ignorar lo ocurrido en los últimos 34 años no sólo en el país sino en el mundo. De hecho, el Frente Amplio debió realizar dos alianzas en sucesivas elecciones, para llegar al gobierno. En 1999 fue Frente Amplio-Encuentro Progresista, y en 2004, Frente Amplio-Encuentro Progresista- Nueva Mayoría.

El programa de gobierno establecido en el último Congreso del Frente Amplio en 2004 ya había limado muchas aristas de los cambios propuestos, al priorizar la necesidad de que era imprescindible terminar con los gobiernos colorados-blancos y un modelo económico neoliberal que había terminado con el aparato productivo del país y sumido a un tercio de la población del país en la pobreza.

Ya en la campaña electoral de 1999, el Frente Amplio-Encuentro Progresista había establecido como algo urgente el terminar con los más de 160 años de gobierno colorado-blanco. Algunos resumían que la necesidad era lograr "un plato de guiso diario en cada casa".

En la pasada campaña electoral, Tabaré Vázquez había advertido que si pensaban que las cosas iban a cambiar de inmediato con la asunción de un gobierno progresista, era mejor que no lo votaran.

El proceso político uruguayo de los últimos años se ha caracterizado por su apego a las instituciones (incluyendo a los partidos) y las formas, por los reclamos dentro de las estructuras político-sindicales y sociales, y por la apuesta a una acumulación de fuerzas para quebrar el dominio de los partidos tradicionales.

Ni en los momentos de mayor crisis económico-social, Uruguay estuvo amenzado por estallidos sociales como sucedió en los países vecinos. Los únicos reclamos de corte de la institucionalidad surgieron de sectores de la derecha en plena crisis financiera en 2002, según revela el periodista Claudio Paolillo en el libro "Con los d¡ias contados" que relata ese período.

Respaldo ciudadano

Iniciado el gobierno de Tabaré Vázquez el pasado 1 de marzo, la mayoría de la población tenía asumido que los cambios iban a ser lentos y no muy profundos. Eso explica porque en las encuentas realizadas a más de 100 días de gobierno, el 70% de la población juzga positivamente al gobierno, y al mismo tiempo, un porcentaje similar de los jóvenes, considera que la emigración es una opción prioritaria. Por un lado reconoce los esfuerzos de cambio, y al mismo tiempo admite que la solución inmediata a sus problemas está lejos.

Diversos voceros del gobierno han denunciado que la situación heredada era peor de lo imaginado. El senador del MPP, Alberto Couriel, crítico al ministro de Economía Danilo Astori, ha dicho que: "algunas herencias eran conocidas, como la deuda externa equivalente al 100% del PBI y la existencia de más de un millón de pobres" y otras como la de un aparato del Estado destrozado las comenzamos a conocer después, admitió.

La organización del Estado uruguayo fue hecha para el gobierno eterno de blancos y colorados. El nuevo gobierno no ha podido modificar casi ninguna de las estructuras gerenciales del aparato del Estado -en su mayoría funcionarios que están presupuestados y que llegaron allí puestos por los partidos tradicionales-.

En Uruguay, despedir a un funcionario público o trasladarlo, es muy dificil. Para despedir a un funcionario, por ejemplo, no sólo se debe armar un voluminoso expediente que establezca con pruebas diversas irregularidades, sino que además debe someterse a la votación del Senado.

El ministro de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano, debió solicitar del presidente de la república, un decreto para que lo habilitaran a designar 20 funcionarios de carrera -tenía un límite de 10-, para poder designar funcionarios de confianza política en diversas embajadas. El ministro argumentó que para conducir una política exterior diferente debería cambiar algunos destinos diplomáticos.

Como muestra alcanza con recordar que el jefe de protocolo de Cancillería ocultó al nuevo gobierno una invitación de España para participar en una cumbre antiterrorista en marzo pasado, y envió la nota a las anteriores autoridades que enviaron sus representantes.

Esa decisión provocó un escándalo por parte de la oposición. Así y todo, quedan en el aparato diplomático, funcionarios que adhirieron a la dictadura y que no puden ser desplazados por el gobierno.

También ha encontrado la resistencia coorporativa de los funcionarios, que sin distinción de colores partidarios, se resisten a las exigencias. Un funcionarios de un ministerio, entusiasmado con la asunción del gobierno progresista, denunció a un diputado la cantidad de "ñoquis" (los que se presentan a fin de mes sólo a cobrar) que existían en esa cartera, y hasta llegó a filmar a uno que sólo concurría en las mañanas a marcar la tarjeta. Su entusiasmo fue quebrado por el sindicato que lo acusó de "buchón". Y ejemplos como estos se conocen por decenas.

Al comentar esta resistencia, el ministro de Industria, Energía y Minería, Jorge Lepra comentó "las estructuras no tienen color, se retroalimentan".

Herencia maldita

Muchas de las auditorias iniciadas en la administración pública continúan aún abiertas. En un balance preliminar, se han detectado muchas irregularidades -por muchos millones de dólares- en varias instituciones.

Algunos organismos han iniciado denuncias penales o están por iniciarlas. Por ejemplo, recientemente se reveló que el último directorio de OSE del gobierno de Jorge Batlle, cobró partidas mensuales extras sin tener que dar cuenta de sus gastos, por 350 mil pesos cada uno. Los tres directores engordaron sus bolsillos en 500 mil dólares durante el año 2004.

En UTE se encontró, por ejemplo, el pago de 70 mil dólares a un médico por la realización de un estudio sobre el estado sanitario de los funcionarios, tarea que jamás se realizó. Ya son conocidos los abusos en el uso de automóviles del Estado y de la telefonía celular por los jerarcas y hasta funcionarios comunes.

El ministro del Interior, José Díaz, al asumir, se encontró que el anterior jerarca tenía 6 secretarias. El ex ministro de Defensa, Yamandú Fau contaba con 4 autos a su disposición. Y la lista de derroche se extiende a todas las instituciones, y se verán agravadas cuando se realicen las auditorías en las intendencias -que acaban de cambiar de gobierno el pasado 7 de julio-. Por ejemplo, en Canelones es común encontrar cargos duplicados. Un informe de televisión mostró que un camión recolector de basura contaba con 14 choferes, sólo uno trabajaba, los demás cobraban el sueldo en sus domicilios.

El primer mensaje de la nueva administración fue de austeridad y ejemplo. Y ello ha producido no sólo ahorro -por ejemplo, ANCAP ahorró 17 millones de pesos sólo en los últimos 3 meses- sino un ejemplo que comienza a contagiar.

Este despilfarro y saqueo de los recursos del Estado y del país, dejaron un tercio de la población por debajo del límite de pobreza, más de un millón de uruguayos, según organismos internacionales. Una niñez desprotegida, 45% de los menores de 14 viviendo en la pobreza, y ahora con el flagelo de la droga, la "pasta base" que está causando destrozos en los jóvenes pobres. Un reciente estudio de organizaciones no gubernamentales que trabajan con niños en situación de calle, han presentado la trágica estadística de que el 90% de esos niños consumen esa droga barata (40 pesos) y letal.

Asistentes sociales, sicólogos y siquiatras, no han encontrado aún la forma de atender a jóvenes adiptos a la pasta base. Señalan que es un droga de rápido y corto efecto que obliga al adipto a consumir más de inmediato y que genera un gran nivel de violencia. Hasta ahora la única solución es atarlos a la cama hasta que el cuerpo se limpie solo. Esto conlleva un aumento de la delincuencia y de la violencia con que se realizan los robos.

Fortalecimiento de los sindicatos

Una de las iniciativas que ha permitido una renovación y fortalecimiento de la actividad sindical ha sido la convocatoria a los Consejos de Salarios y la aprobación -todavía con media sanción- de la ley de fueros sindicales.

Uruguay se sigue caracterizando por una fuerte independencia de los sindicatos de la fuerza política. Esto quedó de manifiesto en las últimas negociaciones de los diferentes sindicatos de la administración pública con el gobierno.

En los Consejos de Salarios han ingresado a negociar, por primera vez en la historia del país, los trabajadores rurales. Si bien las negociaciones no alcanzan a toda la actividad, supera el 70 por ciento, y a impulsos de las negociaciones de los funcionarios públicos, se pueden prever aumentos del salario real. En los últimos años, sin negociaciones por rama o sectores, las únicas que se realizaban, eran por empresas y tenían como único eje el mantenimiento de las fuentes laborales, con aceptación de pérdida salarial.

Las expectativas por las negociaciones en los Consejos de Salarios ha incentivado a su vez la actividad sindical y arrimado nuevas fuerzas a los gremios. El número de afiliados ha crecido ya, y eso se verá fortalecido en el futuro al agregarse la aprobación de la ley de fueros sindicales.

Por otra parte, el pasado mes de julio, los funcionarios públicos acordaron con el gobierno un acuerdo de aumentos salariales y recuperación del salario real para los próximos 5 años. En estos dos años se prevé un aumento de 2 y 3 puntos por encima de la inflación, y algo más en los años siguientes, más políticas destinadas a atender a los sectores más sumergidos. Esta mejora de los salarios públicos repercutirá en las negociaciones en el sector privado.

Además, cientos de funcionarios públicos que estaban en una categoría indecisa de contratadaos o becarios, recibieron también un importante aumento salarial. Desde hace más de 10 años, blancos y colorados habían aprobado una ley que impedía el ingreso de nuevos funcionarios a la administración pública, con el argumento de reducir el aparato del Estado. Así, cuando se necesitaban nuevos funcionarios, se recurría al mecanismo de contrato de mano de obra que sirvió para designar a amigos y parientes, o utilizar el sistema de becarios donde se les pagaba el salario mínimo.

A fines de junio, ANCAP elevó los salarios de los becarios de 1.500 a 5.000 pesos y regularizó la situación de cientos de jóvenes.

El ministro de Economía, Danilo Astori, afirmó que en los próximos 6 meses, "el salario real en general crecerá un 2,5%, es poco pero es un cambio a lo que venía sucediendo".

Deudas en el campo

Arrastrado por una situación internacional favorable, el sector agrícola ganadero del país ha comenzado a tener en estos últimos dos años, una etapa positiva. Uno de los problemas que afectaba al sector, el endeudamiento, está en camino de encontrar una solución para la mayoría de los productores, aunque siguen existiendo problemas para un grupo de chacareros y entre algunos gerentes del Banco República que ignoran o demoran en aplicar los criterios acordados por el directorio. El equipo económico de gobierno se ha resistido hasta ahora a resolver el tema del endeudamiento a través de una ley, y ha insistido con el criterio de negociar individualmente, al tiempo que instala una comisión de seguimiento, integrada por productores, el poder legislativo y el ejecutivo. La Federación Rural aceptó esta propuesta y sostuvo que de esta manera se atiende a la mayoría de los productores endeudados al tiempo que se mantiene un diálogo y una comisión de seguimiento.

De todas maneras queda aún sin contemplar una sector de chacareros que han contraído en el pasado deudas muy por encima de sus posibilidades de pagos. Por ejemplo, un productor de 5 hectáreas, recibió a principios de los 90, préstamos de más de 70 mil dólares para reconvertir su producción a viñedos. Era obvio que con ese tamaño jamás podría hacer frente al pago. Hoy ese productor encabeza las protestas por soluciones al endeudamiento del agro.

El aumento de las exportaciones de carnes, ya iniciado el pasado año, ha provocado un aumento del precio de la carne para el consumo, y al mismo tiempo el reclamo, especialmente de la Asociación Rural, de un dólar más caro.

Abastecimiento energético

Toda la región enfrenta el grave problema de la necesidad insatisfecha de energía. Cualquier propuesta de desarrollo debe tener asegurado el abastecimiento de energía. Un tema recurrente en las cumbres presidenciales o de ministros sudamericanos, ha sido la construcción del llamado "anillo energético".

Uruguay por su parte, que creía tener asegurado el abastecimiento de energía por muchos años con la Represa de Salto Grande, comenzó a encontrar serias dificultades a mediados de los 90 y sufre restricciones cuando amenazan las sequías.

Durante la administración de Jorge Batlle, el gobierno decidió modificar la matriz energética e impulsar el consumo de gas natural. En una muestra de improvisación, el Ejecutivo ordenó a las empresas públicas, ANCAP y UTE a invertir cerca de 100 millones de dólares en los gasoductos del sur y litoral, para traer gas desde Argentina. Las dos obras se concretaron y hoy prácticamente sólo trasladan aire, ya que Argentina consume casi todo el gas que dispone, y apenas puede suministrar una pequeña parte a Uruguay.

La nueva administración, consciente de la necesidad de asegurar el abastecimiento de energía para un desarrollo sostenido, ha acordado una política energética que involucra a las dos empresas públicas del área, coordinadas por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. El titular de la cartera, Jorge Lepra anunció que como soluciones de emergencia se construirán dos plantas térmicas antes del próximo invierno y se licitará la construcción de una central de ciclo combinado (combustible y gas) en el departamento de San José. Al mismo tiempo, y en una iniciativa de ANCAP que involucra al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se fomentará la plantación de caña de azúcar en el litoral norte del país -que reactivará la economía de la zona y fomentará empleos- para destinarla a la producción de etanol.

El ministro Lepra ha sostenido que el país se debe preparar para un futuro en que el petróleo será caro y comenzará a escasear en uos 50 años.

ANCAP está previendo la construcción de una planta procesadora de etanol en Paysandú, y al mismo tiempo invierte en la prospección de petróleo en la Cuenca del Río de la Plata, y posiblemente lo haga en la llamada Cuenca de Punta del Este en el futuro.

Reforma tributaria

Otro de los temas planteados como importantes para sentar las bases de un desarrollo productivo, es la reforma tributaria. El gobierno y el equipo económico han priorizado por ahora el ajuste de las cuentas del Estado y busca reducir el porcentaje de la deuda pública con relación al Producto Bruto Interno del actual 100% al 60% al final del mandato. Para ello se apuesta a una política de austeridad de las cuentas públicas y un aumento de la recaudación. Ya se puso en marcha una reforma -muy discutida- de la Dirección General Impositiva, se prevé una reforma de la Dirección de Aduanas en breve, y se anuncia para antes de fin de año, la presentación de una reforma tributaria con base en el impuesto a la renta.

Estas prioridades del gobierno han sido criticadas por sectores de la propia izquierda que cuestionan que esos ahorros se continúen destinando al pago de la deuda externa y no a la inversión productiva.

El equipo económico sostiene que no es conveniente incumplir con los pagos de la deuda, y asegura que la inversión pública comenzará a crecer lentamente ahora, y con mayor ritmo desde 2007 en adelante.

Avance en Derechos Humanos

La política de Derechos Humanos del gobierno es quizás la que ha provocado más titulares de prensa en los últimos meses, y no se refiere sólo a la investigación de las desapariciones ocurridas durante la dictadura.

La decisión de aplicar el artículo 4 de la Ley de Impunidad -ignorado por los gobiernos blanco y colorados- ha provocado las excavaciones en dos cuarteles en búsqueda de restos de desaparecidos, la protesta de algunos oficiales retirados involucrados en los hechos, y el reclamo de blancos y colorados que advierten que las investigaciones pueden hacer peligrar las instituciones.

Las investigaciones y las reacciones militares -algunas francamente fuera de la ley- han dejado mal parada a la llamada "justicia independiente". Ningún juez ha actuado de oficio para investigar o reprimir algunas manifestaciones militares anticonstitucionales, y mucho menos para avanzar en las investigaciones. Al contrario, algunos fiscales y jueces quieren aceptar como válida la interpretación del ex presidente Batlle de que el asesinato de la nuera del poeta argentino Gelman, está comprendida en la ley de caducidad.

Las excavaciones en el Batallón 14 (en Toledo) serán conducidas por el grupo de antropólogos argentinos y se presume que allí están enterrados los restos de varios desaparecidos. El presidente Tabaré Vázquez ha tenido reuniones con los familiares de los detenidos desaparecidos para informarles del avance de las investigaciones, y ha buscado mantener la reserva en todo lo actuado hasta que concluyan los trabajos.

Más allá del enorme paso en la investigación del destino de los detenidos desaparecidos, la política de respeto a los derechos humanos no se agota en el pasado, y en ella se incluye el buscar una solución para la situación en las cárceles.

Uruguay tiene uno de los índices más altos del continente de relación presos por habitantes. Las condiciones carcelarias han sido cuestionadas por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Cárceles superpobladas, prisioneros que pasan años sin condenas y sin ninguna actividad, carencia absoluta de políticas reeducativas, falta de atención médica, etc., son algunas de sus características.

Recientemente, el ministro del Interior, José Díaz, presentó al parlamento una ley reforma carcelaria que incluye un capítulo para descongestionar las cárceles a través de un mecanismo de liberar determinados presos con dos tercios de la pena cumplida, reducción de años de cárcel por años de trabajo o estudio, mecanismos para atender su inserción en la sociedad, etc.

La oposición ha rechazado la iniciativa antes de conocer el proyecto de ley. Los diarios El País y El Observador se han plegado a la campaña opositora alertando sobre un aumento de la inseguridad que provocará la liberación de presos.

El ministro ha recordado que una vez cumplida la condena, los presos deben ser liberados igualmente -no tienen cadena perpetua- y que el proyecto de ley busca una reforma de todo el sistema para cumplir con el mandato constitucional que las cárceles no son para martirizar a los detenidos, sino para rehabilitarlos.

El debate recién comienza y en esta ocasión, el gobierno progresista tiene las mayorías necesarias en el parlamento para comenzar a cambiar una humillante realidad.

Plan de Emergencia

Poco antes de asumir la presidencia, Tabaré Vázquez sostuvo que el Plan de Emergencia sería el buque insignia de su gobierno. El objetivo era respaldar a unas 100 mil personas del sector más sumergido de la sociedad, a través del pago de un "salario ciudadano" con contrapartidas y un plan para intentar integrar a esas familias al mercado laboral.

El Plan de Emergencia comenzó a ser desarrollado por el nuevo Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Marina Arismendi, y hasta ahora no ha cumplido con las expectativas. Si bien el ministerio se inició casi sin funcionarios, el número de familias que reciben el llamado "salario ciudadano" está muy por debajo de las expectativas, algo menos de 20 mil beneficiados.

La ministra ha destacado que a la falta de funcionarios para visitar a las familias inscriptas, se suman las dificultades para acceder a los asentamientos. Muchos funcionarios no se atreven a ingresar a esos lugares por miedo a ser robados.

Desde varios sectores se ha cuestionado la lentitud y falta de iniciativa del nuevo ministerio para acelerar la aplicación del plan, y la falta de perspectivas para cuando se cumplan los dos años previstos de funcionamiento. Ese período debería coincidir con un aumento de la inversión pública y el fomento de empleos.

En las últimas semanas se han buscado acuerdos con otras instituciones para obtener voluntarios que realicen esa actividad. A fines de julio el sindicato de bancarios acordó colaborar con cientos de empleados bancarios que están en el seguro de paro para cumplir esas tareas.

Otro de los puntos débiles del plan es la exigencia de las contrapartidas que deben brindar los beneficiados. Una de ellas es la obligación de que presten atención sanitaria y escolar a sus hijos. El ministerio no ha resuelto como controlar el cumplimiento de estas obligaciones. También faltan proyectos para iniciarlos en una cultura de trabajo, no se ha resuelto que tareas pueden realizar a cambio de ese módico salario. Recién ahora, con la asunción de los nuevos gobiernos municipales, comienzan a surgir algunas iniciativas. Por ejemplo, la Intendencia de Montevideo "contratará" por 6 meses a integrantes del plan de emergencia para realizar tareas concretas y les pagará por encima del salario ciudadano que apenas alcanza a los 1.300 pesos. De todas maneras cabe recordar que si bien el salario mínimo está fijado en 2.500 pesos, existen muchos sectores de servicios en donde se pagan salarios entre 1.000 y 1.500 pesos.

El ministro de Economía ha adelantado que el presupuesto en discusión ya ha asegurado el dinero para mantener el plan de emergencia, por lo que su éxito, dependerá de la dirección del ministerio de Desarrollo Social y de que adopte una posición más abierta a ideas e iniciativas.

Contradicciones en política exterior

El gobierno no ha demostrado aún tener unidad en su política exterior al juzgar por algunas decisiones que parecen haberse adoptado más en el equipo económico que en la sede de la Cancillería.

Por un lado se puede destacar como positivo la reanudación de las relaciones diplomáticas con Cuba el primer día de gobierno, el estudio y puesta a disposición de investigadores del archivo confidencial encontrado y que abarca todo el período dictatorial, el inicio de reclamos ante la OMC por los subsidios norteamericanos a su producción de arroz y que conspiran con la produción nacional, el mayor relacionamiento con Venezuela y los países vecinos, apartándose del tradicional alineamiento con Estados Unidos, entre otras cosas. Pero por otra parte, esa posición independiente, tiene algunas expresiones algo contradictorias, como por ejemplo la votación a favor del colombiano como presidente del BID en lugar del candidato de Brasil, o los reclamos de parte del gobierno para que el parlamento apruebe el tratado de protección de inversiones con Estados Unidos, ya sancionado por el gobierno anterior.

En ese tratado existe un artículo que impide que empresas uruguayas asociadas a países que Estados Unidos considere enemigos -como Cuba- puedan realizar inversiones en ese país.

El ministro de Economía ha sostenido que ese tratado de protección de inversiones será beneficioso para el país y minimiza los cuestionamientos, sosteniendo que el artículo cuestionado no tendrá efecto real alguno ya que sería muy dificil que una empresa uruguaya realice inversiones en Estados Unidos.

Por su parte, el senador del MPP, Alberto Couriel, ha criticado el tratado, porque cede soberanía en las posibles disputas comerciales que surjan, por el ya mencionado artículo, y porque, asegura, no promueve las inversiones. Según Couriel, los países que atraen inversiones no lo hacen por tratados de protección, y ha destacado que en América Latina, quienes más inversiones reciben, como Brasil, no tienen esas protecciones.

Por ahora, el tratado sigue sin sanción parlamentaria -aunque la oposición reclama su aprobación- y varios sectores del Frente Amplio y del propio gobierno, han manifestado su rechazo al mismo, entre ellos, el partido del presidente de la república (PS), el MPP, el Partido Comunista, y es cuestionado por la Vertiente Artiguista, y otros sectores de la izquierda sin representación parlamentaria.

Falta fortalecer al FA

Desde la asunción del gobierno progresista, miles de militantes de izquierda, muchos apartados durante años de las estructuras partidarias, están buscando formas de participar en el proceso de cambio, para apoyar y para exigir soluciones del gobierno.

Sin embargo, aunque existe un renovado interés en participar en las estructuras del Frente Amplio, como los comités de base, no existe una decisión política ni una planificación para utilizar este capital en respaldo del gobierno y en asegurar una fuerza que sirva de garantía a los cambios, tanto en defensa de las medidas populares, como en el reclamo cuando las cosas no coincidan con el programa de gobierno.

El Frente Amplio ha quedado acéfalo, no tiene presidente desde el pasado primero de marzo, cuando su titular, Jorge Brovetto, ocupó la cartera de Educación y Cultura.

Desde algunos sectores del Frente Amplio se está reclamando acciones para fortalecer la coalición de izquierda y en ese sentido han propuesto al actual ministro de Ganadería, José Mujica, como presidente.

Estos sectores sostienen que para fortalecer al Frente Amplio se necesita un presidente con carisma popular y que se dedique a tiempo completo a la organización. De esta forma, se garantizaría una coalición fuerte, con militancia, y con independencia del gobierno, que puede tanto apoyar como exigir.
Mujica, que ya ha anunciado que en breve dejará la cartera por razones de salud, no ha opinado al respecto, y hasta ahora nadie ha presentado otros candidatos.

Tanto para la defensa del gobierno como para exigirle profundizaciones, es importante fortalecer el Frente Amplio, sus organizaciones de bases, e incorporar a sus estructuras a miles de frenteamplistas que hoy quieren volver a militar.

Agua y celulosas

El gobierno progresista ha tenido también que enfrentar fuertes cuestionamientos por su interpretación del plebiscito sobre los recursos hídricos. El gobierno asumió la interpretación que el plebiscito aprobado en octubre del pasado año no era retroactivo y que por lo tanto no debía revocar las concesiones a privados para la explotación de servicios de saneamiento y agua potable ya existentes.

El gobierno resolvió retomar el servicio que brindaba la empresa española Urugua en Maldonado por incumplimiento de contrato, y mantener la otra concesión en el mismo departamento hasta que caduque el plazo del contrato inicial, para no tener que pagar indemnizaciones.

Según los defensores de la iniciativa popular sobre el agua, el gobierno debería haber cancelado todas las concesiones -aunque tuviera que pagar indemnizaciones- en lo que habría sido una interpretación fiel del mandato popular, y no optar por el camino largo de esperar que caducan los plazos de las concesiones.

La misma resistencia ha enfrentado el gobierno por la decisión de mantener la autorización acordada por el gobierno anterior de permitir la instalación de dos plantas procesadoras de celulosa sobre el Río Uruguay en el departamento de Río Negro, en la zona más forestada del país.

Movimientos ecologístas de Uruguay y Argentina sostienen que esas plantas son contaminantes y que afectará el Río Uruguay en toda su parte sur, y desconfían de los controles que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, realicen.

La instalación de las plantas ha sido cuestionada también por parte del gobierno argentino y por el gobierno de la provincia de Entre Ríos, vecina de Uruguay y con quien comparte el río.

El gobierno sostiene que las plantas tendrán altas exigencias para evitar la contaminación y que serán controladas, amenazando con su cierre si no cumplen con las normas propuestas, similares a las pautas europeas.

El gobierno sospecha que algunas críticas a la instalación de las plantas, fundamentalmente del lado argentino, provienen de sectores que aspiraban a que esa inversión se realizara en su país. Argentina tiene 4 plantas procesadoras de celulosa con más de 30 años de antigüedad, altamente contaminantes, y no existe un movimiento tan fuerte para su cierre o su reconvención.

La planta finlandesa Botnia, ya comenzó a solicitar personal para la construcción, y para 2.000 puestos iniciales de trabajo, se anotaron mas de 5.000 personas. Se estima que cuando la planta esté en funcionamiento, ocupará a unas 200 personas.

El plan forestal iniciado a mediados de los 90, comenzará a producir en pocos años y se estima que para sacar la madera a los puertos, a través de la estructura vial, se necesitara un camión de más de 10 toneladas por minuto. El gobierno piensa que es mejor que esa madera salga con algún grado de procesamiento del país para generar fuentes de empleo, aunque se arriesgue con la contaminación.

Un país en discusión

La asunción de un gobierno progresista ha desatado discusiones de como resolver los problemas en muchas áreas de la actividad. Desde el desarrollo del baiby fútbol, donde se ha comenzado una experiencia nueva con la designación del ex futbolista Gustavo Poyet al frente de esa institución, hasta los cambios necesarios en la enseñanza pública.

Según participantes de la Unidad de Educación del Frente Amplio -donde participan educadores y delegados de todos los partidos políticos de la coalición y que viene funcionando hace varios años- este es el momento más rico de la discusión y con la ventaja de que están influyendo en el debate que realizan las actuales autoridades de la enseñanza para reformar el sistema.

Los aciertos y errores del gobierno también son material para la discusión -aún no tan extendida como necesaria- en los comités de base del Frente Amplio, y por supuesto en una oposición de derecha que no se resigna a perder las regalías del gobierno.

Dentro del gobierno también se procesa una discusión sobre los mejores caminos para alcanzar la meta, y todos los integrantes del gabinete y entes autónomos saben que el próximo año enfrentarán una evaluación del presidente de la república. Tabaré Vázquez ya adelantó, al designar al gabinete, que todos estaban a prueba y que a más tardar en 18 meses iba a efectuar una evaluación y modificación del mismo. Algunos ministros asumieron con la condición de que sólo estarían un tiempo. Carteras como Defensa, Interior y Ganadería, cambiarán sus titulares antes de tiempo por decisión propia de sus titulares.