escribe Ricardo Andrés De Dicco

El anillo energético para Bolivia y otros pueblos resulta una integración incompleta, fraccionadora y propiciada por las empresas multinacionales. Pero hay otra integración energética: la de los pueblos, que realmente integra, no discrimina ni fracciona. El presente artículo va dirigido a razonar sobre las dos integraciones.

La farsa del anillo gasífero que promueven las transnacionales

En la primera quincena de junio se publicaron diversas notas en los medios de prensa gráfica en base a declaraciones de los presidentes Néstor Kirchner y Ricardo Lagos sobre la posibilidad de construir un anillo energético que asegure el abastecimiento gasífero de Argentina, Chile, Brasil, Perú y Uruguay, sumándose más adelante Bolivia y Paraguay.

En principio se estudia la posibilidad de invertir alrededor de 2.500 millones de dólares en la construcción de 1.200 kilómetros de gasoductos para satisfacer con gas natural peruano las necesidades energéticas de Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. El gas peruano provendría del reservorio Camisea y luego de atravesar 1.200 km de terreno montañoso llegaría al norte de Chile, se conectaría con los gasoductos de exportación argentinos Atacama (propiedad de CMS Energy y de Repsol YPF a través de Astra y Pluspetrol) y Norandino (propiedad de Techint y Tractebel), éste último operado por Trasportadora de Gas del Norte (TGN: propiedad de Soldati, Techint, Total y CMS Energy); por medio del Subsistema Norte de nuestra red troncal se transportaría el fluido a los principales aglomerados urbanos del centro y este del país, y mediante los gasoductos Petrouruguay (propiedad de Soldati) y Uruguayana (propiedad de Soldati, Techint, Total y CMS Energy) a Uruguay y Brasil, respectivamente. También es posible que parte del volumen con destino Brasil sea transportado desde el gasoducto Norandino hasta el gasoducto troncal Norte (o un paralelo al mismo que se construya), operado por TGN, hacia Bolivia, donde a través de la red boliviana se transportaría a Brasil.

No obstante, las declaraciones de los flamantes presidentes, sus funcionarios técnicos Julio De Vido (ministro de Planificación Federal, Arg.), Daniel Cámeron (secretario de Energía, Arg.), Jorge Rodríguez Rossi (ministro de Economía y Energía, Chile) y Luis Sánchez Castellón (secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Chile), no advirtieron sobre la factibilidad negativa del anillo energético. Por otra parte, cabe esbozar el siguiente interrogante: ¿tal anuncio es una forma de presionar a Bolivia para asegurar las actuales exportaciones a Brasil y Argentina y para volver a renegociar una posible exportación a Chile?

Como fuera mencionado en la nota de Cledis Candelaresi publicada por Página/12 el martes 14 de junio, sobre la base de información del IDICSO-USAL, Perú cuenta con aproximadamente la mitad de las reservas comprobadas de gas natural de Argentina. Más precisamente, en base al Informe Anual de Reservas 2003 publicado en 2004 por el Ministerio de Energía y Minas del Perú. A fines de 2003 las reservas comprobadas de gas natural del país andino señalaban 246.358 millones de m3 (incluye el gas de Camisea, reservorio que concentra casi todo el gas peruano), registros similares a los publicados por BP (junio de 2004), Departamento de Energía de EUA (abril de 2005), Oil & Gas Journal (enero de 2005), CEDIGAZ (enero de 2004) y World Oil (diciembre de 2003). A modo comparativo, Argentina contaba para enero de 2005 con 560.178 millones de m3, en base a datos de Secretaría de Energía de la Nación, y Bolivia con 764.836 millones de m3, en base a datos de YPFB. Ambos países concentran actualmente el 0,3% y 0,4% de las reservas gasíferas mundiales, respectivamente.

En relación al reservorio Camisea, Proyecto Camisea reporta reservas comprobadas por 246.358 millones de m3; y reservas probables por 192.556 millones de m3, con factor de recuperación del 78%. Dichas reservas probables se comprobarán cuando las perforaciones que se lleven a cabo en los yacimientos San Martín y Cashiriari para certificar la cubicación de los mismos, permita determinar con cierta exactitud la superficie de la extensión de las acumulaciones y sus espesores productivos, con lo cual la información geológica y de ingeniería disponible demuestre si podrán ser extraídas en el futuro de los yacimientos identificados, con el equipo existente y los métodos operativos actuales. En este sentido, Proyecto Camisea estima que el potencial del reservorio sería de 311.487 millones de m3, y señala que el estimado de recuperación final de los volúmenes comprobados más los probables es, por consiguiente, de 233.332 millones de m3.

En este momento la producción gasífera anual de Perú no alcanza los 1.000 millones de m3 (864 millones fueron extraídos en 2004). Para marzo de 2005, el 98% de la producción gasífera se concentró en 3 conglomerados petroleros-financieros extranjeros: 51% Pluspetrol (filial de Repsol YPF), 40% Aguaytia Energy (propiedad de las estadounidenses Duke Energy, El Paso Energy, Illinova Generating, Scudder Latin American Power, Pennsylvania Power & Light Global y The Maple Gas) y 7% de la estatal Petrobras, correspondiendo el porcentaje restante a Tecpetrol (filial del grupo argentino Techint), a la estadounidense Hunt Oil Company of Perú y a la surcoreana SK Corp. La construcción de gasoductos en Perú está a cargo de Techint y la distribución en manos de la belga Tractebel.

La información precedente sugiere que el potencial gasífero peruano es únicamente atractivo para el mercado doméstico de este país andino, el cual necesita urgentemente de este energético para reemplazar al gas licuado de petróleo (GLP) envasado y para participar en la generación de energía eléctrica reemplazando a derivados del petróleo crudo que alimentan a las centrales térmicas, así como también es requerido por el sector industrial, además de la relevancia que cobraría a la hora de reconfigurar la matriz energética del país andino. Cabe destacar que más del 70% del suministro eléctrico es cubierto por centrales hidroeléctricas, lo que pone en riesgo la satisfacción de la estructura económica peruana durante los años hidrológicamente poco favorables. Cabe destacar, por otra parte, que los usuarios residenciales de los dos principales aglomerados urbanos del Proyecto Camisea (Lima y Callao) tendrán provisión de gas natural por redes, al igual que la mayoría de las centrales térmicas. Un porcentaje algo significativo se destinará al mercado automotor (GNV), mientras el grueso de los hogares peruanos continuarán pagando un alto precio por el GLP envasado en garrafas de 10 kg. Por consiguiente, se refleja en forma clara que el Negocio Camisea beneficia solamente a los productores gasíferos mencionados y al conglomerado belga a cargo de la distribución troncal: Tractebel.

Cabe señalar que los intereses particulares de los conglomerados extranjeros a cargo de su extracción (Pluspetrol, Aguaytia Energy, Tecpetrol, Hunt Oil Company of Perú y SK Corp.), trascienden los del pueblo peruano, pues están orientados a transportar este fluido vía gasoductos a Lima y Callao, satisfacer parte de la demanda doméstica de ambos aglomerados urbanos y de otros más pequeños (Ayacucho, Huancavelica e Ica), desarrollar en cierta medida el mercado del gas natural vehicular (GNV) y, por sobre todo, exportar a partir de 2007 o 2008 el mayor volumen posible de gas natural licuado (GNL) a la Costa del Pacífico de México en desmedro del mercado peruano, para que en ese país de América del Norte sea regasificado y se transporte una porción significativa del mismo al Estado de California (EEUU). Tan importante resulta el gas natural de Camisea para estas empresas, que el Proyecto representó en 2003 el 40% de las inversiones extranjeras directas en el Perú (hasta ese año se habían invertido más de 1.200 millones de dólares de los 2.150 millones demandados para su cumplimentación).

Ahora bien, ¿qué significa esto para cualquier país de la región que desee importar gas natural de Perú? Que las reservas gasíferas peruanas son bastante inferiores a las de Argentina, y los principales destinos proyectados para su explotación serán México y EEUU., siendo en menor medida el desarrollo del mercado peruano. Es decir, considerando las líneas precedentes el gas peruano es menos atractivo que el gas argentino, incluso para el mediano plazo. Pero también cabe señalar que la posible importación de gas natural peruano por parte de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, suponiendo que algún día sea concretada, perjudicaría al pueblo peruano, y esto no debe ser considerado como un dato menor.

El cono energético sudamericano que promueve Chávez

En la XXVIII Cumbre del MERCOSUR realizada el 18 de Junio en Asunción, que reunió a los Jefes de Estado de las naciones miembros y asociados del bloque, orientada a la integración comercial, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, propuso la creación de un cono energético sudamericano (red de gasoductos y electroductos), a fin de cubrir las necesidades de los países de la región. Es en este sentido que cobra relevancia la concreción de PetroSur, propuesta de integración petrolera sudamericana (acuerdos suscriptos con Argentina, Brasil y Uruguay), Gas del Sur, propuesta de integración gasífera sudamericana, y en un sentido más amplio PetroCaribe, propuesta para suministrar derivados del petróleo crudo a precios preferenciales a los países caribeños.

En relación a los anuncios de Kirchner y Lagos sobre la creación de un anillo energético (más bien gasífero), que llevaría gas natural del reservorio peruano de Camisea a Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, el Presidente Chávez respaldó la creación de un anillo energético sudamericano desde la siguiente perspectiva:
La idea es unir el anillo del Cono Sur con la parte norte de Suramérica para dar forma al Cono Sur energético. El anillo energético es algo muy importante porque se trata de ir tomando acciones para cubrir las necesidades energéticas de los países del Cono Sur en el futuro inmediato o mediano plazo (Boletín electrónico de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, Resumen de Prensa, lunes 20 de junio de 2005).

En efecto, el único anillo gasífero rentable de construir y que pueda satisfacer las necesidades energéticas de las naciones sudamericanas sin perjudicar el abastecimiento de terceros pueblos (por un período superior a los 50 años) es aquel que tenga origen en Venezuela, dado que este país concentra casi el 68% de las reservas gasíferas sudamericanas y el 57% de las ubicadas en América Latina y el Caribe. A modo ilustrativo, veamos a continuación la distribución geográfica de las reservas gasíferas de los países de América Latina y el Caribe al 31 de Diciembre de 2003:

Reflexiones finales

La Unión Sudamericana puede y debe formular e implementar un plan de integración energética de largo plazo que tenga como fin satisfacer los requerimientos de sus estructuras económicas, de modo que los aparatos productivos nacionales de la región tengan acceso a fuentes de energía abundantes y baratas, a los efectos de llevar a cabo un proceso de reindustrialización y avance científicotécnico autónomo en un contexto de integración regional sudamericana (energéticaindustrial-tecno-lógica) que eleve las condiciones de vida de nuestros pueblos. Como dice Gustavo Calleja, el sector energético es a la infraestructura material básica, el equivalente de la educación para la configuración cultural esencial. Ningún país será realmente soberano mientras no tenga asegurado el control y planificación irrestricta de estas áreas, pues la soberanía, en la práctica, se manifiesta en la elevación de las condiciones de vida del pueblo.

Para tales efectos, es necesario concretar los proyectos PetroSur y Gas del Sur, construir redes de gasoductos y electroductos, compartir las riquezas gasíferas y petrolíferas de Venezuela y los recursos hídricos que abundan en gran parte de la región, socializar el conocimiento en materia de tecnología nuclear por parte de Argentina y Brasil, garantizar y declarar el acceso a la energía como un derecho humano y fijar los precios de combustibles y tarifas de gas y electricidad de acuerdo a los precios relativos de las economías locales, así como también controlar la diversificación estratégica y castigar las prácticas mafiosas de los agentes económicos privados que operan en los mercados ampliados de la energía, prohibir la exportación de hidrocarburos y derivados en países con escaso desarrollo de sus mercados domésticos, limitar la dependencia económica, tecnológica y cultural de los países centrales, interrumpir los tratados de libre comercio promovidos por EEUU o por cualquier miembro del G7, hasta tanto sean beneficiosos para las partes involucradas y rechazar los lineamientos propositivos de los organismos internacionales de crédito.