MONTEVIDEO. Acusados de practicar terribles torturas a prisioneros políticos, secuestrar y hacer desaparecer adultos y niños, ex represores militares y policiales uruguayos serán convocados a declarar esta semana ante la justicia penal.

Sólo el anuncio de que ello iba a suceder, motivó reacciones contrarias de parte de algunos uniformados, los que adelantaron su disposición a enfrentar con sus armas a quienes le fueran a conminar a presentarse en el juzgado penal.

El teniente coronel José "Nino" Gavazzo, tristemente célebre por sus actuaciones en torturas, secuestros y desapariciones en Uruguay y Argentina, dijo en forma pública que rechazaría con sus armas a quien fuera a buscarlo a su domicilio.

También el general Juan Córdoba, al frente de la poderosa División de Ejército 1, con jurisdicción en los departamentos Montevideo y el vecino Canelones, expresó su disposición a resguardar en unidades militares a quienes se negaran a declarar.

Esta abierta disconformidad con las acciones que lleva a cabo el Poder Ejecutivo en materia de derechos humanos le valió su relevo inmediato.

En esa misma línea, el general Dardo Grossi, jefe del Estado Mayor del Ejército, reivindicó la aplicación de la Ley de Caducidad para los casos de la nuera del poeta argentino Juan Gelman (secuestrada en 1976) y de dos ex legisladores.

Grossi se opone a la decisión del gobierno de considerar válida esa normativa sólo para los delitos cometidos entre el 27 de junio de 1973 y el primero de marzo de 1985, período del último régimen dictatorial.

Vigente desde 1986 y ratificada en un referéndum celebrado en 1989, la Ley de Caducidad (o de amnistía) impide juzgar a militares y policías acusados de violar derechos humanos en el país.

El principal referente de la conocida aquí como Legión Tenientes Artigas, el coronel (r) Carlos Silva, se sumó a los militares opuestos al mandatario y dijo a Prensa Latina que "no dejaría solos a sus camaradas" que decidan no presentarse a declarar.

Una fuente que pidió el anonimato confesó a esta agencia que "los que rechazan la política sobre derechos humanos del Ejecutivo, le pidieron a su gente que se mantenga en silencio, por ahora".

Esa actitud es de hecho "testimonial", dijo la fuente al valorar la posición de uniformados que de alguna manera han estado vinculados a la dictadura militar (1973-1985).

Sin embargo, otros militares que, por su juventud, nada tuvieron que ver con los terribles hechos del pasado, hoy no estarían dispuestos a defender a quienes son considerados "peligrosos", comentó.

Legisladores y organizaciones humanitarias coinciden en reclamar que los que cometieron violaciones a los derechos humanos en el pasado acaten las leyes vigentes y las órdenes de los jueces civiles.

Tras la asunción de Tabaré Vázquez, los tribunales civiles indagan los crímenes y el destino de unos 200 desaparecidos uruguayos ocurridos en la segunda mitad del siglo pasado.

La Comisión para la Paz estableció que al menos 26 opositores desaparecidos en Uruguay habían muerto en sesiones de tortura.

Los próximos días, cuando se produzcan las convocatorias judiciales para que los ex represores militares declaren, nos mostrarán en la práctica cual es la posición que asume cada uno en esta nación, comentan analistas.