La sociedad uruguaya muestra hoy una respiración agitada, en medio de protestas en zonas marginales, cortes de rutas, incendios de neumáticos y marchas de productores, así como el anuncio de un paro médico. En las últimas horas, representantes de los agricultores se reunieron con el presidente, Tabaré Vázquez, a quien le recordaron sus dichos durante la campaña electoral, de que "no se expulsaría del campo a quienes se endeudaron por trabajo". A pesar de ello -dice el dirigente agropecuario, Aramís Silva- los remates de campos y herramientas no se han detenido y han dejado en la calle a centenares de familias.

En la actualidad, "el gobierno compromete el pago de la deuda externa y los compromisos con organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero no puede refinanciar las deudas de los trabajadores del campo", enfatizó Silva.

Por otra parte, el Ministerio del Interior, dirigido por el socialista José Díaz, informó que la policía responderá con la misma fuerza con que sean atacados los uniformados en las manifestaciones populares.

El anuncio es considerado una respuesta a las heridas que el pasado fin de semana sufrieron policías, cuando trataron de impedir que manifestantes pintaran frases de denuncia en los muros de la casa del ex canciller de la dictadura (1973-1985), Juan Carlos Blanco.

En barrios pobres, que forman parte del cordón marginal de esta capital, los vecinos han organizado cortes de rutas y quemas de neumáticos, en demanda de los apoyos que el gobierno progresista anunció les entregaría.

En declaraciones que reproducen emisoras, canales de televisión y la prensa escrita, los protestantes acusan de lentitud en los trámites a la administración del gobierno progresista de Tabaré Vázquez.

Según prometió el gobierno, cerca de 140 mil pobres recibirían un apoyo económico de mil 360 pesos uruguayos mensuales (unos 50 dólares), durante dos años, en espera de que para esa época se hayan generado fuentes de trabajo.

A cambio, sólo tendrían que controlar la participación de sus hijos en el estudio, así como compartir trabajos con la comunidad.

El plan, bajo la dirección y aplicación del Ministerio de Desarrollo Social, conducido por Marina Arismendi, parece no dar aún con el camino para avanzar tan ágilmente como lo reclaman los pobres.

Algunos protestantes aseguran que, aunque hace tres meses se anotaron, todavía no han recibido la visita de asistentes sociales u otros funcionarios que comprueben su grave de estado de pobreza, lo que es determinante para poder acceder a la ayuda.

Sobre el tema, la misma ministra confesó no contar con todos los funcionarios que necesita para realizar las verificaciones en las casas de las familias que pidieron la ayuda económica.

Hasta el momento, solo unas 12 mil personas están recibiendo el apoyo económico ofrecido por el gobierno progresista, mientras los protestantes dicen que "sus familias no tienen tanto tiempo para esperar, porque nada tienen para comer".

Ahora, la administración progresista también se ve enfrentada al anuncio de un paro médico, que demandan mejores salarios, en tanto se preparan jornadas de protesta por parte de trabajadores del Estado nucleados en la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE).

Dirigentes de la central obrera PIT-CNT consultados coincidieron en señalar que el gobierno debería atender más los reclamos de pobres y trabajadores, antes que a los que les realiza el FMI y el Banco Mundial (BM).

Las políticas económicas neoliberales, aplicadas anteriormente por los gobiernos de los partidos Colorado (PC) y Nacional (PN), provocaron el cierre de empresas y el desempleo, que afecta a cerca de un millón de uruguayos.

Por ello, en las pasadas elecciones nacionales, el 50,47 por ciento de los aproximadamente dos millones 200 mil votantes, se decidieron "por un cambio profundo" que ahora dicen esperar impacientes.