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25-Junio-2004

 

La ONU indaga sobre la situación
de los presos políticos

 

escribe Eduardo Andrade

De acuerdo a versiones de prensa aparecida en la capital chilena, el relator especial contra la tortura de las Naciones Unidas, Theo Van Bove, ha tomado contacto con organismos de derechos humanos en Chile, con el objeto de requerir información sobre la huelga de hambre que realizan cuatro presos políticos chilenos, sus motivos y el trato que han recibido de las autoridades cárcelarias.

Los cuatro presos políticos que se encuentran en huelga de hambre desde hace 69 días, han estado discutiendo la posibilidad de comenzar un «ayuno en seco», debido a que el Parlamento aún no resuelve la situación general de indulto para la totalidad de los presos. El proyecto de indulto se encuentra paralizado debido a que los partidos de gobierno aún no llegan a un acuerdo con los parlamentarios que representan al pinochetismo (UDI-RN).

Los presos además han sido trasladados al hospital de la ex Penitenciaría de Santiago, debido a su grave estado de salud y ya han perdido alrededor de 21 kilos, además se han negado a que se les practique otro tipo de controles médicos. La permanencia en dicho lugar tiene un carácter indefinido y busca impedir que su estado siga deteriorándose.

Ahora de acuerdo a declaraciones emitidas para la prensa, el médico cirujano Jaime García expresó que actualmente los presos manifiestan síntomas de náuseas, mareos e insomnio. «Con dos meses sin alimentarse se transforman en personas de alto riesgo y deben tener un esfuerzo físico mínimo» dio a conocer. El profesional médico experto en nutrición dijo «que las personas que se encuentran en huelga de hambre y que sólo ingieren líquido pueden sobrevivir por un periodo prolongado. No obstante, podrían sufrir daños al sistema inmune y tener un elevado riesgo cardiovascular. Si los presos deciden comenzar una huelga seca, tendrían que ser hidratados por la fuerza para evitar que se empeoren», afirmó García.

Mientras tanto la Federación Internacional de Derechos Humanos, con sede en París, solicitó al presidente Ricardo Lagos, que se ponga definitivamente término con la prisión política en Chile, además de atender como corresponde la situación de los huelguistas de hambre.

El organismo internacional no gubernamental, en carta al mandatario llama la atención sobre el traslado de que fueron objeto los presos y calificaron la situación de extremadamente preocupante. La abogada Alejandra Arriaza del CODEPU, «constató que los ayunantes se encuentran esposados a las camas y fuertemente custodiados.

En la misiva, la FIDH recordó a Lagos que «los presos políticos en Chile han sido discriminados judicialmente y que a pesar de ser civiles, algunos fueron juzgados por tribunales militares, sin acceso de un abogado de su elección. Además han sido objeto de torturas, así como de largas y draconianas condenas y, continúan sufriendo hostigamientos y abusos de poder por parte del personal de Gendarmería», agregan.

El organismo internacional recordó además al presidente de Chile su facultad para indultar a los presos que han pasado más de diez años en la cárcel y le requirió que se «beneficie a los presos políticos con soluciones dentro de las prisiones que mejoren la calidad de vida de los 33 presos políticos acorde con la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos».

Hace algunos días atrás la organización Encuentro por la paz que organizara una marcha en solidaridad con los presos políticos, informó que al menos 20 personas fueron detenidas después de haber sido reprimidas por fuerzas policiales del Estado chileno. Sandra Ortega, vocera de la organización, afirmó que la movilización tenía por objeto «exigir del Parlamento de este país la aprobación del indulto para los presos y se haga justicia definitvamente».

El proyecto sobre indulto y beneficios carcelarios, que se encuentra trabado en el Parlamento, se retomará en la sala del Senado en los próximos días (23 junio), la propuesta de ley fue consensuada entre representantes de todos los sectores y establece una pena única de 10 años de prisión, que la mayoría de los presos políticos tiene ampliamente cumplido.



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