En Uruguay, el gobierno anterior de Jorge Batlle entre muchas cosas nefastas de herencia que le legó al actual gobierno del Encuentro Progresista-Frente Amplio, dejó entre las tareas a cumplir la aprobación de un acuerdo inversiones con Estados Unidos.

La posibilidad de que ello se concrete ha motivado una fuerte polémica entre diferentes sectores políticos de la izquierda uruguaya hoy en el gobierno, que va desde el propio ministro de Economía Danilo Astori que lo defiende hasta sectores frentistas que lo critican y lo ven como una forma indirecta de darle entrada al Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) de Bush en la región para debilitar el MERCOSUR.

Ante las dificultades que Estados Unidos constató de poder arrancar fácilmente de la mayoría de los gobiernos de América Latina una puesta en práctica del ALCA, optó por acelerar la aprobación de tratados bilaterales con el mayor número de países posibles.

Así de esta manera lo ha hecho con una buena parte de los gobiernos centroamericanos y en América del Sur con Chile, que sumisamente a cambio de promesas de acceso de sus productos al mercado estadounidense han ido firmando Tratados de Libre Comercio (TCL). Al tiempo que presiona a Perú y Ecuador para que también entren por el aro.

En Uruguay el ex-presidente Jorge Batlle de hecho lo dejó firmado en noviembre de 2004, pasándole al gobierno del EP-FA la tarea de refrendarlo mediante aprobación parlamentaria.

Semanas atrás el embajador norteamericano Silverstein en una insolente intervención presionó para que lo más rápido posible este tratado sea definitivamente aprobado por Uruguay.

Para muchos este TCL, (que en el caso uruguayo se ha denominado Tratado de Inversiones) contiene cláusulas inadmisibles. Entre ellas establece: un «Tribunal de Arbitraje con sede en Nueva York», otras experiencias indican que siempre se han resuelto los diferendos surgidos en favor de los intereses de las empresas de Estados Unidos; las pre-inversiones no son consideradas en el acuerdo y podrían dar lugar previsiblemente a ulteriores demandas contra el Estado uruguayo; también Estados Unidos se aprovecharía a través de Uruguay de los beneficios de Nación más favorecida establecidos para los integrantes del MERCOSUR; y por último -lo más indecente- sumarse Uruguay al bloqueo norteamericano a Cuba y Venezuela mediante el artículo 17, que excluye de los beneficios de estos tratados «a los países que estén en conflicto o no mantengan relaciones diplomáticas con Estados Unidos».

El superministro Astori declaró en una reciente entrevista realizada por el semanario Brecha, que el Uruguay necesita de la inversiones norteamericanas para mejorar las condiciones de vida de los uruguayos y no ve problemas en relación al artículo 17 porque el país no prevee tener emprendimientos económicos conjuntos con países como Irán, Cuba o Venezuela. Tampoco le preocupa al jefe de la conducción económica del gobierno de Tabaré Vázquez, el impacto negativo hacia el MERCOSUR que tendría la concertación de este TCL entre Uruguay y Estados Unidos, y menos en la relación con sus vecinos Brasil y Argentina, porque ellos nunca nos consultan cuando han tomado decisiones.

Para el legislador socialista y constitucionalista José Korzeniak, se podría renegociar esta parte del Tratado, aceptando en cambio el resto según una práctica parlamentaria que permite devolverle al Ejecutivo acuerdos internacionales que hayan sido aprobados por administraciones anteriores. Nos parece difícil que así sea, porque el embajador yanqui amenazó que si no se firmaba el Tratado tal como está, Estados Unidos no compraría los productos de Uruguay. Algo extraño, porque si en algo se ha caracterizado Estados Unidos en las últimas décadas, es por haberle ido achicando a Uruguay los renglones exportables.

Para algunos políticos que se reclaman pragmáticos y realistas y de una izquierda renovada como el también ministro Eduardo Bonomi, (ver entrevista en la página 14 de esta edición), las cosas cambian porque según él, desde el gobierno se ve diferente que cuando se era oposición

José Artigas, el máximo conductor de la revolución contra España, enfrentado a los poderes colonialistas de su época expresó en circunstancias difíciles una frase que cualquier escolar uruguayo conoce desde temprano y que cada vez que los anteriores gobiernos blanqui-colorados entregaban la soberanía nacional la izquierda opositora solía recordar: No venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad.