escribe Andrés Capelán

En octubre de 1991, Eugenio Berríos (biquímico y agente de la policía secreta pinochetista) fue sacado clandestinamente de Chile para evitar su citación por la justicia en la investigación del asesinato de Orlando Letelier. En noviembre la justicia chilena dictó su auto de procesamiento por homicidio. El 12 de ese mes, ya se encontraba hospedado en el Hotel Ermitage de Montevideo. Exactamente un año mas tarde, Berríos llamó por teléfono a la embajada chilena en Uruguay, solicitando un salvoconducto para volver a Chile y declarar ante la justicia, ya que al parecer había entrado a Uruguay sin documentación alguna. Tres días después se presentó en la comisaría del balneario Parque del Plata (en el departamento de Canelones, al este de Montevideo), y denunció estar siendo secuestrado por militares chilenos y uruguayos y correr riesgo de vida.

Mientras los policías tomaban su denuncia, la comisaría se vio rodeada de vehículos militares, de uno de los cuales descendió el coronel Tomás Casella y reclamó a Berríos, alegando que era un amigo suyo y estaba mal de la cabeza. El oficial policial a cargo ordenó una pericia psiquiátrica somera e inmediata, durante la cual Berríos se desdijo de sus denuncias y dio como resultado que el chileno estaba en sus cabales. Puestas así las cosas, se solicitaron directivas al Jefe de Policía de Canelones, el coronel del ejército Ramón Rivas, quién ordenó anular la denuncia asentada por Berríos arrancando la página del libro de partes diarios (luego justificaría la mutilación aduciendo que un tintero se volcó sobre la página de marras... ¿en la comisaría de Parque del Plata escriben con pluma cucharita y tinta?). Finalmente, Casella se llevó a Berríos a la casa del coronel Eduardo Radaelli, lugar del que había escapado.

El 24 de marzo de 1993, el general Augusto Pinochet visitó Uruguay, y Tomás Casella fungió como su edecán, acompañándolo en su periplo por Montevideo, Piriápolis y Punta del Este. Hacia fines del mes de mayo, un policía de la comisaría de Parque del Plata envió cartas a varios parlamentarios relatando lo sucedido allí con Berríos. Juan Andrés Ramírez, el ministro del Interior del presidente Luis Lacalle (Partido Nacional) se manifestó sorprendido por los acontecimientos, y el 6 de junio destituyó al Jefe de Policía de Canelones, coronel Ramón Rivas por no haberle comunicado lo sucedido. Al día siguiente fue baleada la casa del Capitán de Fragata Hugo Cabrera, el vecino del coronel Radaelli que ayudó a Berríos a escapar de sus captores y lo llevó hasta la comisaría. Un día más tarde, se iniciaron las acciones judiciales.

El nueve de junio, 14 generales del ejército se reunieron con el ministro de Defensa Nacional, Mariano Brito. Dos días después, fue destituido el Comandante en Jefe del Ejército, el general Mario Aguerrondo. El tema comenzó a ser tratado en el Parlamento, y varios legisladores fueron amenazados de muerte. El senador Pablo Millor (Partido Colorado/Sanguinettismo) declaró a la prensa que Berríos -así como vino sin que nadie se enterara- tal vez se había ido del país sin decir nada, y que a lo mejor estaba veraneando en Europa y en cualquier momento enviaba una postal. Curiosamente, el día 18, el canciller de la República, Segio Abreu, dio a conocer el facsímil de una foto en la que se veía a Berríos sonriente, con la edición del 10 de junio de Il Messagero de Milán en la mano; y una carta autógrafa suya anunciando que se encontraba sano y salvo en Italia. Dos peritos grafólogos policiales autenticaron la carta y todo volvió a la calma.

Sin embargo, el 21 de junio de ese 1993, el entonces diputado Yamandú Fau (hoy ministro de Defensa Nacional), recibió una llamada telefónica comunicándole que Berríos estaba muerto y enterrado desde febrero de ese año. El día 29 fue baleada la casa del juez a cargo de la investigación, Rolando Vomero. El magistrado continuó con sus actuaciones, pero no citó a los mencionados Casella, Radaelli y Rivas como acusados, sino como testigos. Como los citados no recordaron nada de lo sucedido, el caso fue archivado, estalló una bomba en la casa de un Fiscal del crimen, el ministro de Defensa Nacional renunció, y Tomás Casella fue promovido a coronel.

Dos años más tarde, el 14 de abril de 1995, finalmente se descubrió un cadáver semi enterrado en las dunas del balneario El Pinar, a pocos kilómetros de Parque del Plata. Seis días después, un estudio antropométrico estableció que el cuerpo encontrado con dos balazos en la nuca pertenecía a Eugenio Berríos. Ese dictamen fue luego confirmado por el Instituto Técnico Forense, y varios años después un análisis comparativo de ADN lo ratificaría definitivamente. En los días siguientes se realizaron intensos contactos entre militares y policías uruguayos y chilenos. A principios del mes de mayo, desaparecieron las actas de la comisión conjunta del senado que en 1993 había investigado el caso. Nadie volvió a hablar de la foto de Berríos en Milán, ni de la autenticación de su letra. El caso fue pasando de un juez a otro, todavía no salió de la etapa presumarial, y la justicia uruguaya no tiene ningún sospechoso en la mira.

Mientras todo esto sucedía en Uruguay, en Chile la justicia avanzaba rápidamente en la resolución del crimen, a pesar de que nunca pudo contar con la colaboración de su par uruguaya, que negó reiterados pedidos de compartir información basándose en el secreto del presumario. Hoy día, los asesinos de Berríos están presos en Chile, y la justicia de ese país ha solicitado la extradición de sus cómplices uruguayos, los coroneles del ejército Tomás Cassela, Weellington Sarli y Eduardo Radaelli. Según se pudo determinar en la investigación efectuada en Santiago de Chile, estos tres oficiales de Ejército, tuvieron activa participación en mantener a Berríos secuestrado, y además -por lo menos- facilitaron las condiciones para el crimen. Para la justicia uruguaya siguen siendo testigos de los hechos.

Los cinco ministros de la Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema chilena consideraron que se cumplen todos los requisitos exigidos por el Tratado Bilateral de Extradición de 1897 entre Chile y Uruguay para pedir la extradición de estos tres individuos, lo mismo opina la fiscal de la Corte Suprema trasandina, Mónica Maldonado. El procedimiento que sigue ahora es que el pedido de extradición pase a manos de la Cancillería chilena, la que a su vez la derivará a la de nuestro país. Al conocerse que la solicitud de extradición de estos tres oficiales viene en camino, el gobierno uruguayo aseguró que no intervendrá en el pedido de la Justicia chilena. Fuentes oficiales recordaron al diario La República que la investigación no está incluida en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley de Impunidad), la que impide juzgar a los militares y los policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura civil - militar de 1973/85.

Resulta por lo menos curioso (sino indignante) constatar que mientras durante más de diez años de actuaciones, la justicia uruguaya sólo pudo determinar la identidad del asesinado, al otro lado de la cordillera se esclareció todo y los responsables del asesinato ya están presos. También resulta curioso observar cómo en todas las reseñas del caso efectuadas por los medios de comunicación de masas uruguayos, se omiten especialmente los datos reseñados más arriba, que indican que en junio de 1993, en nuestro país hubo un golpe de estado técnico, ya que el poder civil debió subordinarse a los mandamientos de la cúpula militar. Esa subordinación es la que ha impedido el avance de las investigaciones durante una década. Ahora, la Suprema Corte de Justicia deberá demostrar si es realmente independiente, o si también está sometida al poder militar.

Fuentes:
El Caso Berríos - Roque Faraone y Robin Chessman (Universidad de la República / Universidad de Roskilde - 2002). La Nación - Santiago de Chile. El Mostrador - Santiago de Chile. La República - Montevideo