escribe Eduardo Andrade Bone

Tal vez una de las cosas que más me ha llamado la atención de la gestión presidencial de Ricardo Lagos, es el gran enojo o molestia que siente cada vez que la prensa le pregunta lo relacionado con el denominado Caso MOP-Gate, que lo involucraría directamente en el tráfico de influencias o la corrupción. El refrán popular dice «que cuando el ruido suena es por que piedras trae».

Ahora, en toda gestión de gobierno siempre en mayor o menor medida, van a surgir conductas de corrupción. En este plano desde la derecha hacia la izquierda, nadie se escapa. Sin embargo cabe destacar que en el caso chileno, el tráfico de influencias y la corrupción, desde la época de la dictadura los índices se han disparado de una forma alarmante.

La corrupción y el tráfico de influencias se define en el vocablo internacional como «el mal uso de los bienes públicos para fines privados», abusando del status que se tiene en ellos, y suele ocurrir comúnmente en las relaciones del sector público y el privado. De esta forma, el grupo que está mayormente expuesto al conocimiento de casos de corrupción y tráficos de influencias, son los que esencialmente ocupan responsabilidades en las altas esferas del poder político, en el empresariado y los profesionales que tienen una interacción entre los privado y lo público. En Chile es muy común hoy día, hablar de los políticos empresarios (hermanos Zaldívar-Piñera,etc) y viceversa.

El tráfico de influencias forma parte de la cultura chilena, donde los títulos o cartones poca importancia tienen a la hora de conseguir una actividad laboral, más importante es tener «santos en la corte», que una buena competencia laboral o profesional. Todo se resuelve «a lo compadre», por medio de las relaciones personales o sociales.

Sin embargo en el caso específico de la corrupción, una vez que los militares chilenos a través de la dictadura militar entran de lleno en el mundo de la política y la economía, para luego implantar a sangre y fuego el modelo económico de los Chicagos Boys, es cuando comienza a acentuarse aún más el tráfico de influencias y la corrupción, que se refleja en el proceso de descomposición de la teología neoliberal y de la «democracia protegida», heredada de la dictadura.

De allí que no es raro que el actual mandatario aparezca involucrado directa o indirectamente en estos hechos a través de las licitaciones públicas que se han realizado, donde aparece beneficiado directamente su cuñado y amigo íntimo Hernán Durán y el actual embajador de Chile en Francia, Hernán Sandoval, es una situación muy grave desde el punto de vista ético y moral, y para el normal desarrollo de la vida política nacional.

Precisamente al momento de escribir esta nota se denunciaba con antecedentes en la mano que Codelco habría pagado 266 millones de pesos por un proyecto de salud iniciado en 1997, el que habría sido obtenido sin licitación previa el médico Hernán Sandoval, amigo del presidente Ricardo Lagos. De acuerdo a lo señalado por la prensa chilena se denuncia que la empresa Gescam, que se encuentra relacionada con Hernán Sandoval y Hernán Durán, recibió pagos por 532 millones de pesos por 16 asesorías efectuadas a Codelco en los últimos 7 años, de las cuales 11 fueron entregadas sin licitación. De allí, que se cuestiona la validez política y ética de los pagos, puesto que no se puede revertir el carácter ilegal en algunos de ellos, además de que es impresentable que existan contratos entregados sin previo aviso y que son adjudicados por amigos y parientes del presidente Lagos.

Dañada la imagen seria como gobernante de Ricardo Lagos, el diputado Sergio Aguiló (PS), condenó la adjudicación de un contrato del Ministerio de Obras Públicas (MOP) por más de 2 mil millones de pesos chilenos a una empresa vinculada a su cuñado Hernán Duran. «No es bueno que parientes tan directos se presenten a licitación» afirmó Aguiló. Mientras que Ricardo Nuñez, presidente del Partido Socialista y actual senador, expresó que la situación era delicada y pidió que se investigue de manera clara y transparente y se puedan conocer las responsabilidades de quienes puedan estar involucrados en este nuevo tráfico de influencias.

Gobernar y hacer política al alero del modelo económico de la dictadura se ha constituido, en «un gran negocio», ya no aparece en escena el «servidor público», ahora es el empresariopolítico. Son las componendas desesperadas para obtener un cargo de representación popular o un buen puesto en los servicios públicos, en especial el Ministerio de Obras Públicas y los que cuentan con dineros para «gastos reservados». Desde la época de la dictadura los famosos fondos reservados han sido una fuente importante para la corrupción dentro de la administración pública y el empresariado nacional e internacional.

Ahora desde las altas esferas del poder y la coalición de partidos que forman la alianza de gobierno, en 11 oportunidades se han negado tajantemente a que se forme una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, en torno del denominado caso Mop-Gate. Los parlamentarios de gobierno, al oponerse en forma reiterada a una comisión investigadora, no están permitiendo la transparencia necesaria de quienes ejercen actividades en la administración pública, ni el libre ejercicio de la «democracia» que dicen defender.

Y como de tráfico de influencias y corrupción estamos hablando, aún desconozco los méritos profesionales para que un Ricardo Lagos Weber, el hijo del mandatario se haya desempeñado como director de Asuntos Económicos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, para sumarse al grupo de aduladores, trepadores, arribistas y oportunistas, que rodean a la candidata única de la Concertación, Michelle Bachelet.

Pero no sólo eso, el hijo del actual mandatario fue el articulador de la bienvenida realizada en Chile, al terrorista y genocida G.W.Bush, en la última cumbre de la APEC realizada en la capital chilena. Pareciera que el presidente Lagos, prepara para el futuro una especie de sucesión presidencial en favor de su hijo, tipo G.Bush padre. Ricardo Lagos Weber, comienza a hacer carrera política como candidato a diputado para diciembre próximo, además de formar parte del Comando de apoyo a la candidatura de Bachelet.

En otro plano, el presidente Ricardo Lagos aún no le ha explicado al país las ingerencias personales que tuvo que realizar, o que tipo de concesiones le hizo al gobierno de G.W.Bush, para que su ex ministro del Interior, fuera designado a dedo como Secretario General del Departamento de Estado Americano más conocido como OEA, lo que incluso deterioró las relaciones diplomáticas con México.

El Instituto Libertad y Desarrollo por tercer año consecutivo, ha emitido un informe sobre la corrupción y el tráfico de influencias, donde destaca que las instituciones con percepción más negativa son el Poder Judicial, altamente desprestigiado ante la opinión pública por su papel jugado en lo que respecta a la búsqueda de la verdad y la justicia ante los casos de violaciones de los derechos en dictadura y por el gran circo montado ante los diversos procesos que inculpan al ex dictador por los crímenes y robos cometidos a las arcas del Estado.

Los otros organismos mencionados por el Instituto, son la policía civil, las empresas públicas, los ministerios, las municipalidades, y las entidades fiscales regionales. En tanto, los hechos de corrupción más comunes son pagos ilícitos en los servicio públicos, tráfico de influencias y licitaciones fraudulentas que benefician a particulares o empresas privadas.

El presidente Lagos se encuentra de viaje por Europa, visitando Suecia, Holanda y España, donde abordará temas de asuntos bilaterales, de cooperación, tratará de hacer malabarismo con la situación de los Derechos Humanos, en un país en que se encuentran en huelga de hambre cuatro presos políticos. Tendrá que explicar la persecución desatada a los pueblos originarios chilenos y sus actuales presos políticos. En esta materia también deberá darle algún tipo de respuesta a Amnistía Internacional, qur en su último informe elaboró un capítulo especial sobre la situación chilena y las consecuencias sociales y económicas de su modelo económico.

En lo que respecta al sistema democrático de la dictadura y su Constitución del 80, el primer mandatario deberá explicar a suecos, holandeses y españoles, por qué a los chilenos no se les ha devuelto su plena soberanía, no se ha llamado a la creación de una Asamblea Constituyente, no se ha derogado el sistema electoral antidemocrático y por qué los chilenos que residen fuera del país, después de 15 años de funcionamiento de la «democracia protegida», no pueden votar en las elecciones que se realizan en el país.
Ricardo Lagos deberá explicar por qué el modelo económico de libre comercio y mercado ha producido una brecha tan grande entre pobres y ricos, además de grandes desigualdades sociales.

El presidente chileno, en los últimos meses de su administración y a cargo de los «fondos reservados», se ha dedicado a viajar por diversos países del mundo para tratar de explicar las bondades que han generado las políticas heredadas de la dictadura y qué tan bien han manejado los gobiernos de la Concertación. Los gastos reservados de que disponen la Presidencia y algunos ministros de Estado han sido fuente de disputas desde la implantación de la democracia pinochetista. En más de alguna oportunidad se ha planteado la reducción o término de los gastos reservados, como forma de regularizar las remuneraciones de los altos cargos políticos favorecidos ilegalmente con la entrega de dineros en efectivo para beneficio personal de sus titulares, incluidos intendentes, subsecretarios, ministros y, presuntamente, el actual Presidente, en sus anteriores cargos ministeriales.

Los fondos reservados, más allá del ámbito propiamente jurídico, tiene un efecto ético y un impacto público muy desalentador para los chilenos, ésta no era la obra que esperaban conocer o escuchar los ciudadanos de este país. Los gastos reservados fueron de creación del ex dictador para su propio beneficio, sin embargo los gobiernos de la Concertación, incluida su actual candidata a la presidencia Michelle Bachelet, siendo ministra, recibió sobresueldos sin declararlos antes Impuestos Internos.

Frente a esta situación, hace algunos meses atrás la coalición ciudadana pro Acceso a la Información Pública estableció una demanda donde solicita que se derogue la norma legal que permite que cada servicio público determine qué materias serán mantenidas como secretas o reservadas, impidiendo que la ciudadanía tenga pleno acceso a la transparencia y conocimiento del funcionamiento de las entidades públicas.

La Corporación Participa, informa que de acuerdo a un estudio realizado en América, Africa y Europa, Chile ocupa el último lugar en cuanto acceso a la información pública, de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales que están relacionados con estas materias. De allí, que desde la época de la dictadura se siguen manteniendo una serie de irregularidades que están relacionados con el funcionamiento de las instituciones públicas, en donde además no existe voluntad política para modificarlas. Por ello, el tráfico de influencias y la corrupción son inherentes al modelo económico existente, que es el que incide de mayor forma en estas prácticas ilegales.

A estas alturas, los chilenos lo único que esperan es una mayor transparencia en el manejo de los asuntos públicos, en donde hay que terminar con los escándalos en donde se encuentran involucrados altas autoridades de gobierno o que prestaron servicios al Estado. Escándalos que han provenido de gente ligada a la Alianza por Chile (UDI-RN) y la coalición de gobierno del presidente Ricardo Lagos, más conocida como Concertación de Partidos por la Democracia, que más parece una concertación para el mejor manejo del tráfico de influencias y la corrupción, para el saqueo de Chile, al amparo de un modelo económico que desde su esencia, es corrupto.