escribe Ricardo Daher

El Consejo de Seguridad de la ONU comenzó esta semana a debatir la situación en Haití, después del fracaso de las tropas internacionales en desarmar a los grupos rebeldes que provocaron el derrocamiento del presidente Bertrand Aristide en febrero de 2004, la constatación de la violencia e inseguridad, y el asesinato de partidarios del ex presidente por parte de la nueva policía estrenada y armada por Estados Unidos que, unilateralmente, levantó el boicot de venta de armas a ese país caribeño. Mientras, algunos países amenazan con retirar sus contingentes armados ante la falta de la ayuda económica prometida.

A 14 meses del secuestro del presidente Bertrand Airstide y la ocupación de Haití por tropas multinacionales encabezadas por Estados Unidos, el país vive un clima de extrema violencia, y algunos países comienzan a revisar su participación en las fuerzas de la ONU, y analizan la la posibilidad de retirar sus tropas ante la falta de la ayuda económica prometida para aliviar las penurias de la población. Hasta ahora, sólo ha llegado al país el 20 por ciento de los 1.300 millones de dólares prometidos hace meses, y en su mayor parte han sido destinados al mantenimiento del gobierno provisional y a preparar las elecciones de noviembre.
España, Marruecos y Chile, podrían ser los primeros países en abandonar la fuerza multinacional. El ministro de Defensa español, José Bono explicó que "Haití necesita fuerzas militares, pero sobre todo necesita comida y ayuda humanitaria. De modo que nuestra presencia en Haití será replanteada, conjuntamente con Marruecos, si los países que se han comprometido a hacer ayuda humanitaria no la hacen antes de que finalice 2005", según declaró después de entrevistarse con Jean Marie Geheno, jefe de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU, en la sede central de Naciones Unidas en Nueva York, la semana pasada.

La fecha establecida por el ministro español tiene encuenta que el gobierno provisional ha convocado a elecciones para noviembre, aunque muchos dirigentes opositores dudan sobre la legitimidad de las mismas en un clima de violencia y represión, con grupos armados que operan sin que las tropas de la ONU puedan impedirlo.

El más pobre del hemisferio

Haití, el primer país convertirse en la primera república negra del mundo, es también el país más pobre del hemisferio y unos de los 10 países más pobres del mundo, posee un promedio de vida de 50 años. Un 3 por ciento de la población acumula el 90 por ciento de la riqueza. El 80 por ciento de la población no tiene empleo.

Según el director del El Programa Mundial de Alimentos (PMA), Guy Gauvreau, tras el derrocamiento de Aristide, el país caribeño ha sufrido un deterioro económico y social que tomará tiempo superar. "La inseguridad y los desastres naturales han debilitado aún más la de por sí frágil salud y nutrición de la gente", dijo.

Recordó que el 76% de los haitianos vive con menos de dos dólares al día, y de ellos 55% dispone de menos de un dólar diario.

A la frágil situación económica interna se le suma la decisión del gobierno de República Dominicana de "repatriar" a los haitianos indocumentados que encuentre en su país. Según datos de la Dirección General de Migración, en los tres primeros meses del año ya fueron enviados de vuelta a su país 15 mil personas, por lo que se estima que en este año la cifra podría superar los 65 mil.

Los gobiernos de América Latina parecen empeñados en castigar al país que dió refugio a Simón Bolívar cuando fracasó en su primera rebelión contra el dominio español y lo contagió de las ideas republicanas.

El país gobernado por la familia Duvalier (Papá Doc y Bay Doc que gobernaron hasta 1986) desde principios del siglo pasado y después de una intervención militar norteamericana, tuvo en Bertrand Aristide, al primer presidente civil electo por el pueblo en elecciones abiertas en 1988. Tres años más tarde fue derrocado por los militares y vivió exiliado en Venezuela y Estados Unidos, hasta que en 1994 fue reinstalado en el gobierno por los marines enviados por el presidente Bill Clinton.

De esa manera Estados Unidos quería evitar el éxodo de hatianos a Estados Unidos y limpiar su imagen de sostener a regímenes violadores de los derechos humanos.

Aristide volvió para cumplir el año de mandato que le restaba, y en ese tiempo disolvió al ejército que consideraba una fuerza desestabilizadora al servicio de los poderosos. Muchos oficiales fueron acusados por la matanza de civiles durante los años de dictadura, y algunos huyeron a República Dominicana, el país con quien comparte la isla.

Precisamente estos militares exiliados serían la base de las tropas de rebeldes estrenadas por agentes norteamericanos, que a fine de 2003 invadirían Haití para desestabilizar al gobierno.

Cumplido su mandato, Aristide debió esperar 5 años para postularse y ganar las elecciones en el 2002.
Sin embargo, tanto la situación interna como la situación internacional habían cambiado. El Partido Lavalas que dirigía Aristide no era el mismo tras la pérdida de muchos cuadros, y la oposición se había nucleado, recibiendo financiación del gobierno norteamericano. De todas maneras, Aristide continuaba recibiendo el respaldo de los sectores más pobres del país.

El presidente repúblicano George Bush, más dispuesto a una política intervencionista, respaldó los intentos de la oposición para desestabilizar al gobierno de Aristide, con el objetivo de crear en el país una base para una posible internvención en el Caribe, apuntando fundamental a Cuba y Venezuela, dos países cercanos.

Apenas iniciado su mandato, la oposición inició una serie de movilizaciones para aprovechar el descontento social y capitalizarlo políticamente con el gobierno. Al mismo tiempo, contaba con el respaldo financiero de Estados Unidos, los sectores más ricos del país y el control de los medios de comunicación social que se empeñaron en una campaña de despretigio del gobierno tanto dentro del país como a nivel internacional. A esto se sumó el boicot económico iniciado por Estados Unidos y Francia contra el gobierno, lo que provocó desabastecimiento y descontento social. Paralelamente, los ex militares iniciaron una invasión desde República Dominica en el 2003, mientras las fuerzas políticas dialogaban con el gobierno sin alcanzar resultados. A cada sesión del gobierno se le respondía con nuevas exigencias. Estaba claro que para la oposición, la única salida era la destitución de Aristide.

A comienzos del 2004, las fuerzas rebeldes habían tomado varias ciudades importantes del país y se encaminaban a la capital Puerto Príncipe. Allí ya se habían formado milicias de respaldo al gobierno y se habían atrincherado en los barrios.

Pero en los planes de los rebeldes no estaba atacar la capital, las tropas norteamericanas se encargarían de esa parte.

Con el pretexto de proteger la embajada norteamericana y las oficinas del gobierno, Estados Unidos envió decenas de marines a la capital hatiana en febrero del 2004. Poco después detenían al presidente Aristide y era enviado, custodiado por marines, en un avión a Africa. Estados Unidos anunció que el presidente había renunciado y solicitado protección para abandonar el país.

Pese a que Aristide desmintió la versión la ONU aceptó la versión de Estados Unidos. Francia envió tropas a Haití, y el Consejo de Seguridad creó una fuerza multinacional para "establecer la paz" en ese país. Muy pocos países cuestionaron el secuestro y golpe de Estado, entre ellos Jamaica, Venezuela y Sudáfrica, que reclamaron una investigación.

La ONU volvió a ignorar estos pedidos y obtuvo la colaboración de varios países latinoamericanos para el envio de tropas, entre ellos Chile, Brasil, Uruguay y Argentina.

Bajo la atenta mirada de las tropas latinoamericanas y estadounidenses, el gobierno provisional detiene y encarcela a los partidarios de Aristide y funcionarios del anterior gobierno, sin iniciar juicios y sin acusación alguna.

Represión con aval internacional

Uno de los principales objetivos de estas tropas de la ONU (unos 7.500 soldados) era desarmar a todos los grupos, incluyendo a los rebeldes que habían colaborado con el derrocamiento de Aristide (en su mayoría integrantes del ex ejército haitiano y comandados por reconocidos violadores de los derechos humanos). Sin embargo, aún hoy esos grupos continúan armados, y se constituyen en un poder de presión real, a la vez que siguen hostilizando a los partidarios del depuesto presidente.

La nueva policía haitiana, estrenada por Estados Unidos, ha recibido mas de 2.600 nuevas armas el pasado mes, por lo que el gobierno de George Bush dió por terminado con el bloqueo de ventas de armas a la isla impuesto al país en 1991 cuando se derrocó por primera vez a Aristide.

La policía ha actuado con extrema violencia en los barrios marginales de la capital, principales reductos del Partido Lavalas, y ha realizado detenciones indiscriminadas sin que medie acusación o delito. La semana pasada 5 personas fueron muertas por la policía que disparó contra manifestantes pacificos que pedían el retorno del presidente exiliado en Sudáfrica.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los últimos seis meses, la violencia en Haití ha dejado un saldo de más de 600 muertos.

El presidente de la delegación que investigó durante una semana en Haití, por invitación del gobierno, Clare Roberts, se dijo "preocupado por la situación de la seguridad en el país que se degradó considerablemente".
"Miles de armas terminan en posesión de grupos ilegales, de bandas y de otras personas no autorizadas", señala el informe.

No hay "iniciativa sistemática para desarmar a los grupos". La Comisión "alienta la puesta en marcha inmediata de programas de desarme, desmovilización y de reintegración", indica el documento.

Para la Comisión, "es urgente que se refuerce la acción internacional en Haití. Pide a la comunidad internacional y a la Organización de Estados Americanos "hacer todo para destinar a Haití los fondos prometidos" para la reconstrucción del país.

Asimismo, le pide "al gobierno que mejore su colaboración con la comunidad internacional en materia de derechos socio-económicos esenciales".

Esta situación de violencia e impunidad, ha provocado la reacción de grupos partidarios del ex presidente, y ya han surgido movimientos armados que levantan la única consigna del retorno de Aristide.

Huelga de hambre

Ni el Consejo de Seguridad de la ONU, ni la Organización de Estados Americanos (OEA) saben como resolver la situación del ex primer ministro Yvon Neptune, preso desde hace más de 10 meses, sin acusación ni juicio, y que ha iniciado una huelga de hambre que lo tiene al borde de la muerte.

El secretario general interino de la OEA, Luigi Einaudi, dijo que el ex primer ministro Yvon Neptune está en estado crítico, y propuso crear una comisión para romper el impasse con el gobierno de Haití y evitar su muerte. Desde que reanudó su huelga de hambre, la salud de Neptune "se ha deteriorado al punto de que su vida está seriamente amenazada", dijo Einaudi a los embajadores de las Américas, reunidos en Consejo permanente.

"Este caso ha llegado a un punto crítico" y tiene "implicaciones morales y políticas serias para el gobierno de transición de Haití, para las Naciones Unidas y creo que para todos nosotros", afirmó el funcionario.

Según Einaudi, "si la salud de Neptune se deteriora al punto del no regreso, el gobierno será considerado responsable por su inhabilidad para juzgarlo y su fracaso o negativa de liberarlo". Einaudi dijo que planteará al chileno Juan Gabriel Valdés, representante de la ONU en Haití, la creación de una comisión integrada por un jurista haitiano, un jurista internacional y un antropólogo forense para buscar una solución que evite la muerte de Neptune y las consecuencias que tendría para el gobierno de Haití. Pero en un comunicado, el ministro haitiano de Justicia, Bernard Gousse, desmintió que el estado de salud de Neptune fuese crítico.

Chile podría fijar fecha a su retiro

En medio de la disputa por la elección del Secretario General de la ONU, el gobierno provisorio de Haití anunció su respaldo al candidato chileno Insulza, pero al mismo tiempo solicitó la extensión de la permanencia del contingente militar de ese país en Haití. Sin embargo, el Congreso chileno está dudando de ampliar indefinidamente la permanencia de sus tropas en Haití ante el deterioro de la situación y la falta de ayuda financiara para la reconstrucción del país.

El Senado chileno exigirá al gobierno que fije una fecha definitiva para el regreso de las tropas de Haití como condición para aprobar a fines de este mes una nueva extensión del mandato, indicaron fuentes parlamentarias.

La Cámara alta, que se reunió con una misión observadora del Parlamento que visitó el país caribeño, expresó disposición a renovar el permiso, pero siempre que éste quede sometido a ciertas condiciones.
La primera y más importante será que se determine desde ya la fecha del retiro definitivo de los militares chilenos y se cambie el sentido hacia una cooperación para el desarrollo.

En segundo lugar que se definan las cuestiones económicas relacionadas con la presencia de las tropas en ese país, tales como los reembolsos que hará la ONU y los aportes que le corresponderá asumir a Chile.

Por último demandará que Estados Unidos, Francia y otras potencias se comprometan firmemente con Haití, de tal modo que éste no sea sólo el esfuerzo de algunos países de América Latina.

Para el demócrata cristiano (DC) Gabriel Valdés, quien presidió la misión, sería un error que las tropas chilenas se retiren antes de las elecciones de octubre y diciembre en el convulsionado país caribeño.

Señaló que una vez que se cumpla con ese proceso, Chile debiera cambiar su apoyo de naturaleza militar por uno de carácter civil.

"Cuando esa nación tiene el 80 por ciento de cesantes, con expectativas de vida que no pasan de los 50 años y está considerado como uno de los países más pobres del mundo, lo que tenemos que enviarles son ingenieros, operadores, y especialistas", apuntó.

Destacó que Haití no tiene personal calificado para echar a andar servicios básicos tan imprescindibles como el agua, la electricidad, el transporte, la salud y la educación, entre otros.

Chile fue de los primeros países que acudieron con tropas a un llamado de Estados Unidos luego del caos desatado por el derrocamiento del gobierno constitucional de Jean Bertrand Aristides en los primeros días de marzo del pasado año.

En la actualidad forma parte, con poco más de 600 efectivos, de un contingente de las Naciones Unidas que comanda Brasil, y donde participan también fuerzas de Argentina, Uruguay y otros países de la región.