escribe Leo

Los medios han dedicado amplios espacios estos días a comentar el juicio que se ventila en Fort Hood, Texas, Estados Unidos, contra la soldado Lynndie England y su colega y compañero sentimental Charles Graner en la cárcel de Abu Ghurayb, Irak contra prisioneros de este país. En especial la cobertura realizada por el programa Agenda, de la televisión oficial sueca, insospechable de «antiamericanismo», resultó impactante, por la amplitud, solidez y objetividad de los testimonios aportados, pese a que el horror de los hechos en cuestión hacen difícil mantener un juicio sereno y ecuánime

Sólo una personalidad psicópata como la que parece poseer la soldado England, que tras solazarse con las humillaciones más perversas infligidas a prisioneros indefensos es capaz de acariciar a su pequeño hijo como una madre cualquiera, pueden explicar su conducta. Pero además, como ella misma admitió al aceptar 7 de los 9 cargos que se le imputan ante el consejo militar que la juzga, su conducta estaba admitida desde arriba y es práctica habitual en el comportamiento de sus superiores jerárquicos. No sin sorpresa la soldado reconoce que «lo que hice creyendo que estaba bien resulta que está mal». Sin duda que la Administración Bush, especialmente el ministro Rumsfeld, el ex ministro de Justicia, John Ascroft, el actual Alberto González, y muchos medios al servicio de la política imperial, pretenderán, como lo han hecho en casos anteriores, demonizar a la «culpable», presentándola como un «caso aislado» que no empaña «el prestigio de las fuerzas armadas» del país. Las expresiones de horror y rechazo manifestadas por el presidente Bush y su ministro de Defensa Donald Rumsfeld ante la visión de las fotos que documentaron las torturas, resultan más indignantes, por su hipocresía, que los propios actos de la soldado England.

Para todas las organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos y del mundo, para los estudiosos de la historia, especialmente de la historia de los Estados Unidos, y en definitiva para cualquier persona con un mínimo de valores éticos, estos hechos no son más que la «punta del iceberg» a la que alude el informe de Human Right Wacht presentado recientemente. En el está documentado como Bush, aconsejado por el ahora ministro de Justicia Alberto González, decidió, posteriormente al 11-S que las disposiciones de la Convención de Ginebra debían dejarse de lado en la «lucha contra el terrorismo».

También está documentado que ya en el otoño del 2002 el ministro de Defensa Rumsfeld, ordenó aplicar «mano dura» en los interrogatorios contra los prisioneros sospechosos. Como señalara Reed Brody, responsable del informe de Human Right Wacht, entrevistado por el mencionado programa Agenda, el pasado domingo, «el hecho de que hechos similares (torturas) se produjeran en Afganistán Irak, Guantánamo, y otros países como Egipto», (a donde fueron llevados encapuchados y encadenados dos sospechosos entregados por el gobierno de Suecia), Jordania, Usbekistán, entre otros, desautoriza la versión del «hecho aislado».Ningún alto cargo civil o militar de las Administración Bush, ha sido sancionado pese a las acusaciones en su contra. Y hasta en los propios Estados Unidos, crece la indignación, pese a que la propaganda sistemática ha logrado convencer a sectores totalmente ignorantes de lo que ocurre fuera de su entorno inmediato, de la necesidad de estos métodos para «combatir el terrorismo» y reforzar su seguridad. Estos métodos, que Estados Unidos aplicó siempre, son la esencia del sistema imperial y muestran el grado de su perversidad. Más que defenderlo contra el terrorismo externo, acelerará su descomposición.