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15-Abril-2005

 

Con Lorena Pizarro, presidenta de la
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile

No se puede construir una democracia
donde exista todavía la impunidad

 

Cuando Pinochet dio el golpe militar de septiembre de 1973 e instauró la dictadura y desaparecieron a su padre, Lorena Pizarro Sierra tenía sólo 7 años. Ahora prosigue la lucha que comenzó su madre Sola Sierra hoy fallecida, que presidió hasta su muerte la lucha de esta agrupación por verdad y justicia. Hasta el día de hoy al igual que otros familiares, Lorena no sabe que pasó con su padre, ahora tiene 39 años y toda su vida desde pequeña, está marcada por esa lucha por lograr conocer la verdad y de que los criminales violadores de los derechos humanos durante la dictadura militar en Chile pierdan la impunidad que aun les protege, y sean juzgados y castigados.

En oportunidad de una corta visita a Suecia que acaba de realizar Lorena a Suecia, Liberación pudo dialogar con ella en relación a la actual situación de la lucha que tienen planteados los familiares y abogados para que se avance y poder así enjuiciar y castigar finalmente a los criminales de lesa humanidad.

- Para nosotros es claro que los tres gobiernos de la Concertación en definitiva han buscado mediante decretos, o proyectos de leyes, acabar con la causa de los derechos humanos, para definitivamente consolidar una impunidad disfrazada que impusieron los militares. Quizá en otros países del continente las cosas fueron más claras, porque en algunos casos hasta con referendos en principio se legalizó la impunidad para los represores. En Chile en cambio, se le ha tratado de disfrazar, porque la resistencia de los familiares y de los abogados ha hecho parar todos estos proyectos lanzados desde todos los gobiernos de la Concertación en acuerdo tácito con la derecha.

Desde hace dos años con la asunción del general Cheyre como comandante de las Fuerzas Armadas, en opinión de los familiares de los detenidos desaparecidos, se ha hecho un nuevo intento de hacer un cambio de imagen de la impunidad, a partir de una aparente toma de distancia del pinochetismo y tratar de dejar el tema como resuelto con el castigo a medias de algunos criminales de la dictadura. Entre otras cosas tomando el Ejército y el gobierno, iniciativas como la de presentar algunas listas de crímenes cometidos y de víctimas desaparecidos y asesinados. O como la propuesta del presidente Lagos de ofrecer con algunos beneficios procesales a aquellos involucrados en violaciones a los derechos humanos que entreguen información.

Los jueces se pusieron a hacer lo que en Chile no se acostumbraba

- Lo que sucedió, es que los jueces se pusieron a hacer lo que debían, a investigar las denuncias que durante mucho tiempo los familiares y abogados veníamos haciendo y a sancionar a los autores de los delitos. Y eso no era costumbre en Chile.

Para Lorena ahora se vive un nueva maniobra política como un intento de frenar ese trabajo y seguir manteniendo la impunidad.

-Y todo ello está unido y calza perfecto. Un comandante en jefe del Ejército que aparece como un gran reconciliador, que incluso hace un reconocimiento institucional de las violaciones de los derechos humanos, pero que en el fondo lo único que pide es que se termine con las causas, que se aplique la ley vigente. Y que casualmente, el gobierno por su lado envía proyectos que buscan terminar con las causas, porque no le ha resultado la propuesta de rebajas de penas a los involucrados y propone una reforma procesal penal que termina con la figura jurídica del secuestro; mientras la Corte Suprema fija plazos a las causas de derechos humanos.

Y estas acciones cuentan naturalmente con la simpatía y el respaldo del militarismo, de la derecha. Y cuando ellos aplauden es porque algo anda mal.

A esto hay que sumarle el informe que entrega la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que es una burla. Porque al igual que otro anterior que registró a las víctimas de desapariciones y ejecuciones en Chile donde hay sólo víctimas, pero no victimarios. En el último informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, se califican a 30 mil personas. Pero en Chile la tortura fue mucho mayor, y como el gobierno armó esta comisión como una maniobra política y no hubo información necesaria impidiendo que se establezca claramente cuales fueron sus formas y la masividad que ella alcanzó. Porque políticamente es diferente hablar de sólo 30 mil, que establecer que tuvimos más de 200 mil torturados que han sido registrados por los organismos de derechos humanos. Se fijó un plazo para presentar denuncias ante esta comisión. Luego en este informe que se entrega, aparece sólo el nombre de las víctimas y no el de los torturadores. El mismo se le presentó al presidente de la República, y luego éste no se pronuncia ni se muestra dispuesto a ratificar en nombre de Chile los convenios internacionales sobre la tortura. Y el Parlamento saca en 24 horas una ley que señala que el nombre de los culpables de dichos delitos se conocerá recién dentro de 50 años. Otra maniobra más de impunidad. A través de un reconocimiento sólo simbólico de que esas violaciones existieron, para decir que en Chile existe un gobierno que está asumiendo nuestra historia y dando vuelta la página. Ningún compromiso en torno a un nunca más, lo que es muy peligroso.

Para Lorena Pizarro, es además grave de que el presidente Lagos al hacer su mensaje sobre este informe, haya ubicado el costo de la pequeña reparación económica que recibirán las víctimas con un dato corte economicista, al compararlo con el valor que tendrá la construcción de la carretera Santiago-Puerto Montt. Cuando en términos internacionales se habla de reparación a las víctimas de violación de los derechos humanos, no sólo se establece la misma en términos materiales; se habla de una reparación integral: de justicia, de la reinvidicación de las víctimas, de educación etc.

En el contexto de la impunidad que aun existe en muchos países de América Latina como remanente del Terrorismo de Estado de la época anterior, según los familiares de los detenidos desaparecidos, el gobierno chileno viene buscando políticas paliativas para enterrar el tema, sin que se llegue a la solución definitiva no sólo para Chile sino también para el resto del continente.



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