escribe Ernesto Tamara

Ni los argumentos legales, no las más de 200 mil personas concentradas en el Zócalo capitalino, impidieron que la Cámara de Diputados de México votara el desafuero del alcalde de la capital. "Una aberración política" calificó al hecho el senador del PRI, Manuel Bartlett Díaz, pese a que los diputados de su partido, casi en bloque, votaron por el desafuero. César Raúl Ojeda Zubieta, del PRD, sostuvo que con esa medida, "la democracia en este país se instaura de manera selectiva y judicializa la política" y subrayó que el hecho constituye "atraso brutal originado por la derecha, que pretende instaurar un modelo autoritario en complicidad con el PRI; no importa que seas tú o yo, pero nadie más".

Dos días después que la Cámara de Diputados aprobara el desafuero del gobernador del Distrito Federal de México, y pre candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático, Manuel López Obrador, la justicia dejaba en libertad a Nahún Acosta, el funcionario de la presidencia de la República, acusado de pasar información sobre las actividades presidenciales a los jefes del narcotráfico. Aunque los hechos no están vinculados entre si, revelan la fragilidad de las instituciones mexicanas y el control que los caudillos políticos tradicionales mantienen sobre las organizaciones del Estado. El desafuero del candidato a ganar las elecciones presidenciales del 2006 fue concretado antes de que un juez establezca la responsabilidad de López Obrador en su presunto abuso de poder al ignorar una orden judicial, y prácticamente sin pruebas en su contra. La libertad de Nahún Acosta, procedió según la justicia, por falta de pruebas.

López Obrador es acusado de desobedecer una orden judicial que lo obligaba a detener las obras de construcción de una autopista en un terreno en disputa. Según el presunto dueño del terreno, conocido como "El Encino", el gobierno del distrito federal estaba construyendo en propiedad privada. Sin embargo, el gobierno del DF argumentó que las obras no estaban dentro del terreno en disputa, y demostró que en el registro de propiedad, el tamaño del predio era menor al que reclamaba su dueño.

Sin embargo, la Cámara de Diputados ignoró este "pequeño detalle" y sobre el que aún no se ha expedido la justicia, y resolvió votar el desafuero del gobernador de la capital mexicana y poner un palo en su carrera presidencial. Si el juez resuelve continuar con el juicio, López Obrador deberá renunciar a su cargo, y podría ser impedido de presentarse como candidato, incluso para las internas de su partido, previstas para fines de este mes.

El desafuero del probable candidato del PRD para las elecciones del 2006 y el posterior intento por inhabilitarlo como candidato, fue organizado desde las altas esferas del gobierno y contó con la colaboración del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que intenta volver al gobierno y es especialista en mantenerse en el poder mediante el fraude.

Si esta maniobra tiene éxito, sería la segunda vez que un candidato de la izquierda, favorito en las encuestas previas, es impedido de acceder a la presidencia. En 1988, el entonces candidato de una coalición de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, iba encabezando el conteo de votos una vez finalizada las elecciones. Sorpresivamente, el gobierno del entonces presidente Miguel de la Madrid del PRI, anunció que se "había caído el sistema" de cómputos de los votos, y poco después, sin resultados oficiales o extraoficiales, proclamaba la victoria del candidato de su partido, Carlos Salinas de Gortari.

Las denuncias de fraude en las elecciones mexicanas es algo cotidiano, y se suceden en cada elección reñida, ya sea a nivel local o en las elecciones para gobernador.

Desde que hace más de un año, las encuestas comenzaron a mostrar a López Obrador como favorito para ganar las elecciones presidenciales del 2006 -en todas las encuestas y durante todo el tiempo- las baterías del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) del presidente Vicente Fox, y del ahora opositor PRI, coincidieron en apuntar al alcalde izquierdista para sacarlo de la carrera.

Líderes de ambos partidos se reunieron para acordar una estrategia que terminara en principio con la ventaja en las encuestas de López Obrador, y después para sacarlo de carrera. El incidente legal con los terrenos de "El Encino" les facilitó una excusa para atacar al candidato y después como una oportunidad para sacarlo de la contienda electoral. Los líderes partidarios alinearon a sus diputados para que coincidieran en el voto a favor del desafuero, más allá de cualquier razón presentada.

Pocos días antes de que la Cámara tratara el tema del desafuero, el presidente Vicente Fox convocó a los propietarios de Televisa, Emilio Azcárraga y de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, las más importantes del país, y en otra reunión aparte, a los propietarios de las radioemisoras, para planterles la necesidad de borrar a López Obrador de los medios de difunsión. Según relató un períodico mexicano, uno de los propietarios comentó después "Nos indicó el Presidente: ¡Desaparezcan a Andrés Manuel!".

El desafuero

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, después de un debate ríspido de más de nueve horas, por 360 votos a favor, 127 en contra y dos abstenciones el dictamen de la Sección Instructora que propone proceder penalmente contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.

Después de que escuchó los argumentos del subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR, Carlos Vega Memije, y de López Obrador, el pleno decidió quitar el fuero al jefe de gobierno, para que enfrente un proceso por el presunto desacato a un amparo en relación con el predio El Encino.

El debate concluyó con una indefinición sobre si al ser desaforado López Obrador mantiene o no el cargo, pues el dictamen elaborado por la Sección Instructora generó entre los legisladores puntos de vista distintos sobre las conclusiones y los resolutivos.

En las conclusiones se asienta que el "imputado quede separado inmediatamente de su cargo como Jefe de Gobierno del Distrito Federal", mientras la declaratoria apunta que será retirado "en tanto esté sujeto a proceso penal y en consecuencia a disposición de las autoridades competentes".

Sin embargo, no existe acuerdo sobre cuando deberá dejar su cargo. El gobierno nacional y los legisladores que votaron el desafuero quieren que sea de inmediato y han asegurado que en caso de no hacerlo incurriría en otro delito. Sin embargo el PRD, sostiene que la Constitución es clara y que no debe dejar el cargo hasta tanto el juez no se expida y emita una orden de detención.

López Obrador acusa

Andrés Manuel López Obrador, descalificó a los poderes Legislativo y Judicial, al tiempo que acusó a la mayoría de los diputados de actuar por consigna para votar por su desafuero.

A los legisladores les dijo: "no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuero. Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares".

Ante el pleno de la Cámara de Diputados erigido en Jurado de Procedencia, López Obrador también cuestionó: "qué Estado de derecho existe si la mayoría de los jueces, magistrados y ministros no tienen el arrojo de sentirse libres y todavía se comportan como empleados del Poder Ejecutivo Federal".

"Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia", advirtió a los legisladores.

En un discurso de casi 25 minutos, después del cual abandonó el Salón de Plenos y las instalaciones de la Camara de Diputados, López Obrador sostuvo que no ha violado la ley ni actuado contra la justicia, por lo cual no se amparará ni negociará su libertad con nadie.

Expuso que quienes votarían en su contra, "y los que se abstendrán pensando que hay justo medio entre ser consecuente y ser cortesano, no deben ufanarse por haber logrado una especie de desafuero patriótico, porque su conducta tendrá que pasar por el escrutinio de la gente".

Acusó al presidente Vicente Fox Quesada de lo que calificó como un procedimiento deshonroso para la incipiente democracia en México y de actuar de manera facciosa para degradar a las instituciones.

Además acusó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela, de complicidad al "supeditar los altos principios de la justicia y de la Constitución a las meras consignas políticas ordenadas por los intereses creados del momento".

El mandatario capitalino dijo tener la certeza absoluta de que se le juzga no por violar la ley, sino por su manera de pensar, de actuar y por lo que puede representar, junto con otros mexicanos, para el futuro del país.

Más adelante indicó que en esta sesión poco iba a argumentar en términos jurídicos sobre el juicio, pero señaló que nunca firmó ningún documento ni ordenó que no se respetara la suspensión del amparo al presunto dueño del predio El Encino.

No obstante, explicó que el propietario de El Encino primero reclamó una propiedad de 100 mil metros cuadrados, luego presentó una escritura ante el Ministerio Público de 86 mil, y en el Registro Público de la Propiedad aparece que posee 83 mil metros cuadrados, y que el tramo en cuestión ni siquiera es de su propiedad.

Según él, quienes manejan el truco de llamar "populismo" o "paternalismo" a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías temen que el pueblo opte por un cambio verdadero.

Sin decir nombres, manifestó que son ellos quienes utilizan al Presidente de la República para lanzarlo en su contra e impedir que avance el movimiento de transformación nacional capaz de crear una nueva legalidad, economía y política, así como una nueva convivencia social con menos desigualdad.

"De cuál Estado de derecho hablamos si sólo se castiga a los que no tienen con qué comprar su inocencia. Qué Estado de derecho existe si la mayoría de los jueces, magistrados y ministros no tienen el arrojo de sentirse libres y se comportan como empleados del Ejecutivo Federal", dijo.

A su juicio, en México el derecho ha significado por lo común lo opuesto a su razón de ser. El derecho que ha imperado ha sido el del dinero y el del poder por encima de todo.

López Obrador aseguró estar acostumbrado ha luchar y reiteró que no es de los que aceptan dócilmente condenas injustas, por lo que anticipó que se defenderá.

Anunció nuevamente que no se amparará ni solicitará libertad bajo fianza porque "no soy culpable y por que así protestaré de manera pacífica ante la arbitrariedad que se comete en mi contra".,

Añadió que tampoco recurrirá a artimañas o a negociaciones vergonzosas, ya que ni siquiera la aspiración al cargo más elevado de la República podría justificar que haga a un lado sus principios y su dignidad.

Reacciones

El presidente de la Comisión del Distrito Federal del Senado , David Jiménez (PAN), afirmó que el desafuero de Andrés Manuel López Obrador no es un golpe a la democracia, sino una victoria de la legalidad pues se trató de un acto jurisdiccional de la Cámara de Diputados.

Agregó que la decisión de la Cámara de Diputados se ajustó al marco de legalidad que rige su vida interna y es un mensaje de que todos, incluidos los gobernantes, deben acatar el Estado de derecho.

Sin embargo, el senador Manuel Bartlett Díaz, del PRI, advirtió que el desafuero, al que calificó como una aberración política, traerá consecuencias graves para el país y dañará el sistema mexicano, "y lo digo como legislador priista".

Aseguró que los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sufrieron presiones de todo tipo y afirmó que "fue ilegítimo que presionaran a la diputación priista".

Incluso, Bartlett Díaz afirmó que "los diputados priistas no demostraron su posición democrática y se sometieron al dictado clarísimo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI y de sus personeros en la Cámara baja".

El viceoordinador de la bancada del PRD en el Senado, César Raúl Ojeda, sostuvo que con el desafuero de López Obrador la democracia está de luto y lo calificó como "un hecho lamentable" que afectará la vida nacional.

El senador perredista advirtió que con esta decisión queda claro que "la democracia en este país se instaura de manera selectiva y judicializa la política".

Ojeda Zubieta calificó el desafuero de López Obrador como "vergonzoso, un atraso brutal originado por la derecha, que pretende instaurar un modelo autoritario en complicidad con el PRI; no importa que seas tú o yo, pero nadie más".

Por su parte, en una editorial del influyente diario, The Washington Post se advierte que el desafuero del jefe de gobierno del Distrito Federal sería un desastre para el sistema político de México y tal vez para su estabilidad de largo plazo".

El rotativo subraya que la decisión de los diputados podría socavar los progresos alcanzados en materia de democracia electoral y provocar disturbios políticos.

The Washington Post, además de ser uno de los principales periódicos de Estados Unidos es también uno de los más influyentes del mundo, apunta que López Obrador es el político mexicano con más posibilidades de ganar la presidencia del país en las elecciones de julio de 2006. En este sentido, el editorial destaca que si se bloquean sus aspiraciones presidenciales a través de maniobras políticas y judiciales bajo la acusación de desacato a una orden de un juez, "en el corto plazo los ganadores de esta maniobra" serán el candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"Es trivial el caso en contra del alcalde (del Distrito Federal): los fiscales (los diputados federales) podrían declararlo culpable porque funcionarios de su gobierno supuestamente no cumplieron con la orden de una corte para detener la construcción de una porción de un camino que lleva a un hospital. Expertos en materia legal dicen que en muchas ocasiones funcionarios gubernamentales han incumplido este tipo de órdenes sin ser castigados", sustenta el editorial del Post, para luego agregar a este inciso otra advertencia:

"Si López Obrador no puede competir por la Presidencia, entonces se corromperá el hito logrado en 2000 cuando (Vicente) Fox se convirtió en el primer candidato de oposición en ganar una elección presidencial, México regresaría a la era de cuando fue gobernado por el fraude y la fuerza y, el próximo presidente estaría desacreditado nacional e internacionalmente".

Esperando la justicia

Andrés Manuel López Obrador exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) que inicie rápidamente las acciones en su contra para poder demostrar su inocencia y aspirar a la candidatura presidencial en 2006.

López Obrador hizo el reclamo luego de que la PGR anunciara que para presentar su caso a un juez demorará hasta por lo menos el 19 o 20 de abril, pese a que la Cámara de Diputados le quitó sus fueros en pasado 7 de abril. El aún alcalde, según los principales juristas del país -aunque sus opositores políticos afirman lo contrario-, consideró "extraño" que la PGR tenga que demorar tanto tiempo para estructurar el expediente con la acusación en su contra.

En tanto, senadores del PRD harán un ayuno en protesta. Será durante 12 días frente a la residencia del presidente de México, el ex empresario Vicente Fox. "Los senadores del PRD estamos en una etapa de emergencia y vamos a participar activamente en todas las acciones de resistencia civil y pacífica que conduzca el partido", dijo Jesús Ortega, líder de la bancada en el Senado.

Una mayoría de la población, más del 60% según diversas encuestas, estima que el desafuero fue una medida política del gobierno del presidente Fox.

Todas los sondeos señalan que el alcalde cuenta hasta el momento -y desde hace por lo menos un año- con más del 45% del apoyo de los votantes para ser presidente.