escribe Néstor O. Fernandez

La recuperación de la Argentina demandará varios años y un caudal de esfuerzos que no deberá declinar en todo su transcurso. En el segundo mes del año el gobierno continúa las febriles negociaciones tendientes a solucionar, en lo posible, la caótica situación que arrastra desde hace tiempo, y que se agudizó en la última década del siglo.

El prestigioso periodista económico Daniel Muchnik sintetizó su opinión diciendo; "Por ejemplo, si una gran parte de los acreedores aceptan la propuesta del gobierno, la Argentina iniciará la era post default con una deuda pública de l25.000 millones de dólares, equivalente al 85% del PBI, según los cálculos del Ministerio de Economía". Obviamente, la cuesta será muy difícil de remontar, porque la crisis llegó a fondo y todavía no se advierte la voluntad política que es menester para reparar las mayores injusticias.

Ahora los ingresos fiscales se han incrementado considerablemente, a través del impuesto al cheque y a la retención a las exportaciones, "medidas tomadas por el presidente Néstor Kirchner en los años 200l y 2002". También en base a un mayor celo para perseguir a los grandes evasores, un tema recurrente en un país agobiado por la corrupción. Se ha conseguido un alto superávit fiscal primario, que permite una leve mejoría en algunos sectores de la población. Pero el índice de pobreza ronda el 45%, con un desempleo y subempleo que se ubica en el l8%, y con salarios y jubilaciones entre un 20 y 25% inferiores al año 2002.

Recientes estudios conocidos en Buenos Aires corroboran que hay una estrecha correlación entre desigualdad y corrupción.

"Cuantos más altos son los niveles de inequidad mayor es la corrupción esperable. En las sociedades altamente polarizadas los grupos de mayor poder tienen más oportunidades e incentivos para prácticas corruptas, y mayores posibilidades de impunidad", escribió Bernardo Kliksberg. catedrático de la Universidad de Buenos Aires.

En una nota que firma este economista agrega; "Se concluye que para actuar contra la corrupción estructuralmente se impone abordar a fondo el tema de la desigualdad, en vez de verlos como dos cuestiones no conectadas, y marginarlo, como sucede en el pensamiento convencional predominante en América latina y Argentina". Más adelante afirma; "En las últimas décadas se agudizó aún más la desigualdad latinoamericana, convirtiendo a la región en la más inequitativa de todo el planeta. El l0% más rico es propietario del 48% del ingreso, el l0% más pobre sólo tiene el l,6%. Peor aún que en Africa, donde las proporciones son 42,2 y 2,l%, respectivamente"

Aunque el gobierno peronista de Kirchner se diferencia en grado sumo del realizado por su correligionario Carlos Menem en la década de los 90, está lejos de solucionar los graves problemas nacionales. Todavía no se atreve a ejecutar, entre otras cosas, una reforma tributaria, y está en vigencia la ley de entidades financieras que impuso la siniestra dictadura militar que asoló el país entre l976 y l983, con más de 30.000 desaparecidos y un aumento de fuste en la deuda externa.

Menem, ya se dijo, implantó un modelo neoliberal en lo económico siguiendo fielmente los dictados de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (cuyas diferencias son mínimas...), y acentuó la corrupción y la impunidad, aún imperantes en nuestros días. Se ufanó de mantener "relaciones carnales" con el gobierno de George Bush padre, y fue tan tenebroso como hábil y sagaz para lograr el sustento necesario en el movimiento justicialista, la cúpula eclesiástica y conservadores de variado pelaje, hasta las postrimerías de su dilatada y nefasta gestión, porque entregó a vil precio gran parte del patrimonio nacional e indultó a los torturadores y genocidas

Hay que tener presente, para comprender la compleja realidad argentina, que Kirchner, idelógicamente más progresista, más honesto y patriota que aquel, está respaldado por la misma dirigencia política y gremial que apoyó a Menem.

Quizá, a medida que se afiance en el poder, se atreva a adoptar decisiones que contribuyan a mejorar la situación de los más postergados.

Pero, hasta la fecha, las grandes corporaciones, incluídos los principales medios de comunicación, son los más gravitantes en la determinación del rumbo económico. Al punto que, también el Congreso Nacional, al cabo de dos décadas de gobiernos constitucionales, demora en sancionar una ley de prensa para democratizar auténticamente la información.