escribe Eduardo Andrade Bone

Dentro de las diversas medidas tomadas por la cúpula del Ejército, para presionar a los Tribunales de Justicia, ante las diversas condenas que deberán cumplir los ex represores, se encuentra el hacer el mayor escándalo mediático, con el objeto de transformar a los criminales en víctimas. El 17 de noviembre pasado, la Corte Suprema resolvió fallar en contra de la plana mayor de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), uno de los mayores órganos represivos de la dictadura de Pinochet.

Frente a ello es que Manuel Contreras Sepúlveda, ex director de la Gestapo chilena (DINA) se declaró en rebeldía y no asistió a los tribunales de Justicia para ser notificado de una condena de 12 años de cárcel por el crimen del militante del MIR, Miguel Angel Sandoval, en una causa que fuera investigada por el juez Alejandro Solís. Contreras además desoyó las instrucciones de la Comandancia en Jefe del Ejército, para que su detención fuera con la «mayor dignidad» posible.

La conducta del criminal Contreras fue exactamente igual a la acontecida en 1995, cuando el ex jefe de los aparatos represivos de la dictadura fuera condenado a siete años de cárcel por la muerte del diplomático Orlando Letelier. En esa oportunidad Contreras Sepúlveda se ocultó en su fundo y en el Hospital Militar, antes de ir a parar a la cárcel de cinco estrellas de Punta Peuco y ahora al penal Cordillera, recintos de reclusión construidos especialmente para los violadores de los derechos humanos. De allí, que el objetivo central de Contreras y los otros ex represores, es ir generando los mayores incidentes posibles, ante los fallos de sus respectivas condenas.

Pero en el plano de los escándalos mediáticos, eso no es todo, pues los esfuerzos están destinados a fortalecer el Movimiento 10 de septiembre, compuesto por más de un centenar de oficiales en retiro, ligados a la represión bajo el régimen militar. También los acompañan periodistas encubridores de los crímenes de la dictadura y diversos tipos de profesionales que prestaron servicios bajo el régimen militar.

La articulación de los ex represores obedece a la necesidad de parar los juicios a los militares, recabar solidaridad desde el interior de los cuarteles, presentar a los criminales como víctimas de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, presionar a los medios de comunicación y los tribunales para que las acusaciones a militares sean cerradas definitivamente.

Mientras tanto, el juez Alejandro Solís notificó de sus respectivas penas, al brigadier en retiro y uno de los más siniestros personajes de los aparatos represivos de la dictadura, Miguel Krassnoff (10 años), al coronel en retiro Marcelo Moren Brito (11 años), y a los suboficiales (r) Gerardo Godoy y Fernando Laureani (ambos a 5 años).

Toda esta situación se produce en los precisos momentos en que las críticas a la Corte Suprema no se dejan esperar, debido a su decisión de fijar plazos para terminar con los procesos de DD.HH., y en uno de estos casos se ha vivido una jornada histórica al concretarse la reclusión de la cúpula de la DINA. Pero antes los fallos de los tribunales de justicia, el presidente Ricardo Lagos, ante la prensa, ha pretendido hacer alarde del funcionamiento del Estado de derecho, un cuerpo legal que durante 17 años de dictadura y una buena parte de los gobiernos de la Concertación, no ha servido para hacer justicia en la mayor parte de los casos de violaciones de los derechos humanos.

Con respecto a la decisión del máximo tribunal de reducir las investigaciones a seis meses y buscar diversas formas de impunidad, se han aliado uno de los promotores de la iniciativa, el presidente Ricardo Lagos, la derecha pinochetista representada por la Alianza por Chile, los candidatos presidenciales Joaquín Lavín (UDI), la casta militar, además de los apoyos velados de las pre candidatas presidenciales de la coalición gubernamental, Soledad Alvear y Michelle Bachelet.

Ahora la unión de intereses entre la Corte Suprema, el gobierno de Lagos y los militares, es buscar a cualquier precio la impunidad, abogando por algún tipo de amnistía para los criminales, o en su efecto sobreseer definitivamente los casos, para que en un lapso de tres años cerrarlos definitivamente, si es que las investigaciones no arrojan ningún resultado. De allí que las posibilidades de que las FF.AA., o los ex represores entreguen la información que obra en su poder, son prácticamente nulas. Al presidente Lagos lo que menos le preocupa, es la opinión de los familiares de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, por ello, el panorama en los juicios a los militares procesados, se presenta cada vez más oscuro, en donde los únicos perjudicados serán las los familiares de las víctimas, de la barbarie represiva del régimen militar. Por lo pronto el gobierno de Lagos, solo contribuye a crear un clima de tensión en lo que respecta a la situación de los DDHH.

La comezón de los militares es aún mayor, en los momentos en que en otra causa histórica de violación de los derechos humanos, se conocieron las sentencias en primera instancia para los criminales de la Central Nacional de Informaciones (CNI), involucrados en los crímenes de 12 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en la denominada Operación Albania.

De acuerdo a los veredictos de los tribunales, los condenados son Hugo Salas Wencel, a cadena perpetua, ex director de la CNI. Además se dieron a conocer las penas de los ex agentes de la muerte Hernán Quiroz, Luis Sanhueza y los siniestros Alvaro Corvalan y Otto Brauer.

La resolución de la Corte Suprema, de reducir los plazos de investigación en los procesos a los criminales, ha sido calificada como una medida apresurada por parlamentarios, personalidades e instituciones diversas. Las acusaciones de abandono de deberes de los ministros de la Corte Suprema, puede significar que éstos tengan que enfrentar acusaciones constitucionales, puesto que la medida es precisamente eso, inconstitucional. Además la Corte Suprema, como el gobierno de Lagos, han ignorado completamente el papel de las Comisiones de Derechos Humanos del Senado y la Cámara de Diputados.

Mientras tanto, las más diversas organizaciones ligadas a la defensa de los derechos humanos tanto nacionales como internacionales, han condenado ampliamente los intentos de la Corte Suprema y del gobierno de Ricardo Lagos, por crear resquicios legales que permitan la aplicación de leyes de punto final, para así satisfacer los deseos del alto mando militar, que solo busca la impunidad ante las violaciones de los derechos humanos, cometidas bajo el régimen militar encabezado por el ex dictador Augusto Pinochet.