El gobierno progresista que asumirá el próximo primero de marzo tiene varios desafíos, pero uno de los más urgentes, es hacer frente al pago de servicios de la deuda externa que este año asciende a 3.400 millones de dólares entre amortizaciones e intereses.

Para tener una idea de la magnitud de la deuda de un país de apenas 3.2 millones de habitantes, alcanza con destacar que toda la ayuda brindada a las naciones víctimas del tsunami, apenas superó los 700 millones de dólares, casi cinco veces menos de lo que debe pagar Uruguay en el presente año.

A principios de este año y con considerable atraso, las autoridades del Banco Central dieron a conocer la deuda pública al tercer trimestre del 2004. Entonces, la deuda pública total llegó a las 13.000 millones de dólares, lo que representaba un aumento de 1.200 millones con relación al 2003.

Esta deuda pública representa que cada uruguayo que nace debe, desde la cuna, poco más de 4.300 dólares, equivalentes al salario mínimo de 3 años y siete meses. Jugando con la cifra eso significa que cada recién nacido está atrasado en más de 3 años y medio de trabajo para comenzar a pagar una deuda que no contrajo y de la cual no aprovecha nada.

Gracias a la caída del precio del dólar y una recuperación económica después de niveles históricamente bajos, la deuda pública cayó del equivalente al 110% por ciento del Producto Bruto Interno, al 100%. Igualmente impagable para cualquier economía del mundo. Antes del gobierno del presidente Jotge Batlle, la deuda externa que ya era agobiante, correspondía al 40 por ciento del PBI.

Para disminuir estos pagos, el gobierno electo deberá negociar con el FMI y otros organismos internacionales un nuevo calendario de pago. El actual ministro de Economía Isacc Alfie reveló hace poco que el FMI ya acordó posponer algunos vencimientos correspondientes al 2005.

Sólo con el FMI, el futuro elenco económico que asumirá el primero de marzo, deberá negociar los vencimientos de la deuda que ascienden a 3.854 millones de dólares en los próximos dos años.

El actual convenio con el FMI vence a fines de marzo y para el primer año de gestión en 2005, Uruguay tiene compromisos por 1.884 millones de dólares de los cuales 302 millones de dólares son de pago obligatorio y para el año siguiente, 1.970 millones de dólares con 720 millones de pago obligatorio. De todas maneras, aunque el nuevo gobierno logre posponer todos los pagos de capital por préstamos, sólo los servicios -pago de intereses- llegarán a los 1.600 millones de dólares en el presente año. En los últimos años, los gobiernos de Luis Alberto Lacalle, Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle, contrajeron innumerables préstamos para programas de infraestructura y asistencia social. Por ejemplo, en la última administración de Sanguinetti se recibieron 80 millones de dólares del BID para invertir en vías férreas (atendiendo que la forestación iba a requerir de sus servicios), pero no se cambió un riel o un durmiente en todo el país; otros 200 millones se obtuvieron para el denominado "Plan Fenix" de reconversión inmobiliaria en el barrio de la Aguada, al costado de la vieja estación Central. Con la crisis bancaria del 2002, esos fondos fueron desviados a tapar agujeros en los bancos, y hoy sólo quedan esqueletos de edificios como testigos. Otra suma similar se consiguió para un plan del gobierno destinado a la erradicación de asentamientos irregulares.

La inversión total no superó el 20% de los obtenido. Todos estos préstamos pasaron a engrosar la deuda externa y haber contribuido en nada a la infraestructura o desarrollo del país.

Sólo con la crisis bancaria del 2002, el Estado perdió 3.000 millones de dólares intentando mantener a flote a los banqueros que cobraban en la ventanilla del gobierno y depositaban el dinero en el extranjero.