Las relaciones entre Colombia y Venezuela atraviesan uno de los momentos más críticos en los últimos años y representa un golpe grave al proceso de integración iniciado en Perú a principios de diciembre del pasado año con la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones, y revive la posibilidad de un conflicto militar en la región.

Con la oposición venezolana prácticamente en retirada tras el fracaso en el plebiscito revocatorio del mandato del presidente Hugo Chávez y en las elecciones de gobernadores, el mayor reto al gobierno bolivariano vuelve a ser las presiones externas y la tensión que las decisiones del gobierno colombiano y el llamado "Plan Colombia" de Estados Unidos, provoca en la frontera. El secuestro de Rodrigo Granda (vocero internacional de las FARC) en Caracas y entregado a las autoridades militares en Cúcuta, ciudad fronteriza colombiana, representa una violación a la soberanía de Venezuela y a las leyes internacionales, y recuerda el tenebroso "Plan Cóndor" de coordinación represiva de las dictaduras del cono Sur en las décadas del 70 y 80.

Tras la derrota electoral del anterior presidente del gobierno de España, José María Aznar, Colombia recibió con impaciencia y desagrado la decisión del nuevo presidente español, José Rodríguez Zapatero, de suspender la entrega de 50 tanques ya anunciada. La compra de ese equipamiento militar había llamado la atención ya que no parecía destinada a combatir la insurgencia ni el narcotráfico. Algunos observadores militares habían destacado que ese equipo militar tenía como objetivo presionar la frontera con Venezuela y respaldar una eventual intervención militar contra el gobierno de Chávez.

Desde la asunción de Alvaro Uribe a la presidencia, las relaciones entre ambos países se deterioraron notablemente. Uribe ha acusado en reiteradas ocasiones al gobierno venezolano de proteger la guerrilla, autorizar la creación de campamentos y proporcionarle protección, y en alguna ocasión denunció que militares venezolanos habían ingresado a territorio colombiano.

A su vez, el gobierno venezolano -sin acusar directamente a Uribe- reveló el ingreso al país de cerca de 200 mercenarios colombianos que tenían como objetivo asesinar al presidente Chávez y desatar una insurreción armada. Caracas tampoco vio con buenos ojos el refugio proporcionado por Bogotá a varios de los golpistas de abril del 2002, entre ellos el autoproclamado presidente por 48 horas, Pedro Carmona.

Mientras Uribe negocia y prioriza un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos, su vecino Chávez apuesta a la integración regional. Estas visiones se enfrentaron en la pasada cumbre de mandatarios sudamericanos en Perú, el pasado 8 y 9 de diciembre, cuando se acordó la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Entonces Uribe fue uno de los más críticos a este proceso de integración impulsado fundamentalmente por los presidentes de Venezuela y Brasil.

Si bien el presidente Chávez ha eludido acusar al mandatario colombiano, ha insistido en reclamar disculpas por la violación de soberanía y ha recordado que en Colombia hay refugiados varios implicados con el golpe de estado de abril del 2002 y que Venezuela nunca intentó medidas similares.

En el último programa "Aló presidente" Chávez sostuvo que el secuestro de Granda, forma parte de una vieja estrategia de conspiración contra el proceso integracionista en América Latina.

Chávez afirmó que los factores hegemónicos en Estados Unidos y las extremas derechas conservadoras oligarcas de Bogotá y Caracas, no ven con buenos ojos los acercamientos entre las naciones americanas y pretenden la desunión.

El Jefe de Estado invitó a su par colombiano, Alvaro Uribe, al que llamó amigo, a rectificar y reconocer que altos cargos colombianos cometieron un delito al sobornar a militares venezolanos.

Explicó que los cinco nacionales implicados en el hecho, quienes están detenidos y recibirán todo el peso de la ley, han brindado detalles sobre como funcionarios de Colombia estuvieron meses sobornándolos para cometer el secuestro.

"Lo insto (a Uribe) a que el gobierno reconozca eso, su gobierno no debe avalar un delito en nombre de la lucha contra el terrorismo, para lanzar una campaña contra países vecinos en violación de las leyes internacionales", remarcó.

Chávez descartó discutir el asunto en una cumbre de presidentes, e insistió en que se deben ofrecer disculpas a la tierra de Bolívar y en una discusión personal con su homólogo de Colombia y ratificó que el problema es exclusivamente bilateral.

El mandatario, al igual que la cancillería venezolana, recordaron a Bogotá las obligaciones establecidas en las leyes internacionales y en los acuerdos firmados entre los dos países, de aplicar el procedimiento legal normal cuando se trata de reclamar a algún ciudadano solicitado por la justicia.

En estos casos, lo procedente es hacer llegar al gobierno del país donde reside esa persona toda la argumentación jurídica para solicitar la extradición de quien se trate, pero nunca utilizar el soborno o el secuestro para ello.

Chávez reveló que un teniente coronel de las fuerzas armadas venezolanas, actualmente detenido, suministró información sobre las características del acuerdo hecho mediante el cual entregó a Granda en la frontera y recibió parte del dinero pactado por el plagio.

Además de calificar esa actitud de traición a la Patria, Chávez puso a disposición de Uribe las pruebas para que éste pueda sancionar a los efectivos policiales de su país participantes en el hecho, como primer paso para avanzar hacia la normalización de los vínculos.

También elvicepresidente de la República, José Vicente Rangel, señaló que sectores reaccionarios y antivenezolanos de la política colombiana creen que a Venezuela se le puede provocar impunemente.
Rangel recordó un pasado incidente, el cual calificó de acto de provocación en forma deliberada por parte de Colombia, al colocar en aguas venezolanas la corbeta Caldas, "hecho que estuvo a punto de desencadenar un conflicto bélico entre los dos países".

Añadió que ahora, con el secuestro de Granda, se reincide en esa política provocadora, violando nuevamente la soberanía venezolana.

Sin embargo, el presidente colombiano acusa a Venezuela de proteger la guerrilla, a la que califica de "terrorista" y defiende el pago de recompensas, insistiendo en que no violó la soberanía venezolana. Un comunicado oficial de la presidencia colombiana, elude sin embargo explicar porque nunca solicitó la captura de Granda por Interpol -sólo lo hizo cuando ya lo tenía en custodia-.

Interpol no solicitaba a Granda

Veinticinco días después de la detención en Caracas de Rodrigo Granda, el "Canciller" de las Fuerzas Armadas de Revolución Colombia (Farc), es cuando Interpol Colombia lo incluyó en sus registros.

El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Jesse Chacón, en un comunicado enviado a los medios de comunicación, para que no quede duda de que Granda no aparecía solicitado en los archivos de Interpol, ni tenía ningún procedimiento abierto en Venezuela por hechos delictivos antes de su secuestro en la capital de Venezuela, el 13 de diciembre de 2004.

El titular del Ministerio del Interior y Justicia (MIJ) anunció que fue el 9 de enero de este año cuando apareció su nombre en sus registros. Recalcó que Venezuela en la respuesta enviada por Interpol Rodrigo Granda Escobar no aparecía con antecedentes.

Precisa que las autoridades venezolanas enviaron el 7 de junio de 2003 a la Policía Internacional un registro de 19 mil 202 nombres de ciudadanos que solicitaron su nacionalización en Venezuela para asegurarse de que no tuvieran antecedentes, uno de los requisitos exigidos en el proceso de nacionalización

Para el 28 de junio el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), tenía la respuesta que, de las 19 mil 202 personas investigadas, sólo 47 poseían antecedentes, y en este listado no aparecía Rodrigo Granda Escobar.

Si el 9 de enero del año 2005, es decir, 25 días después de haber sido secuestrado, aparece solicitado por la Interpol, "entonces el mundo se torna al revés, porque no es que primero se solicita y después se detiene o se secuestra, sino que primero se secuestra y después se solicita. Yo no entiendo para que meten la solicitud el 9 de enero si ya lo tienen detenido", señaló Chacón.

Ante algunos comentarios de por qué el Gobierno venezolano no había detenido a Granda Escobar, el Ministro del Interior y Justicia ratificó que no estaba solicitado, ni detenido en Ecuador, donde tuvo 16 salidas, pues es ciudadano ecuatoriano desde el año 1995.

Puntualizó que si el gobierno colombiano no sabía quién era Rodrigo Granda Escobar, ni lo había solicitado, mucho menos le pueden pedir al gobierno ecuatoriano, venezolano o de ningún otro país del mundo, que lo haga por el gobierno colombiano.