escribe Eduardo Andrade Bone

El año que acaba de culminar, en el caso de Chile, ha sido fructífero en avances por el esclarecimiento de la situación de los Derechos Humanos y los crímenes cometidos por la dictadura de Pinochet. Ello porque se ha logrado la libertad de parte de los presos políticos, la justicia ha jugado un papel más activo y consecuente en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Chile bajo el régimen militar y por la elaboración del Informe sobre Prisión Política y Tortura, que deja al desnudo todos los excesos cometidos bajo la dictadura de los militares chilenos.

Lo alcanzado hasta ahora en materia de Derechos Humanos en Chile, por cierto no ha sido gratuito, es producto del gran esfuerzo desplegado por los familiares de las víctimas durante ya casi 32 años, donde el papel de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Familiares de los Ejecutados Políticos ha sido de vital importancia. También es producto del esfuerzos de las innumerables organizaciones de Derechos Humanos existentes a través del país y de cada uno de los abogados ligados a las causa de Derechos Humanos. Cabe destacar asimismo, el aporte de cada uno de los chilenos que de manera consecuente desde el exilio han desplegado una enorme solidaridad con sus hermanos en lucha, codo a codo con todas las organizaciones y personas que han solidarizado con la defensa de los Derechos Humanos, desde los más diversos países del mundo, contribuyendo al esclarecimiento de la verdad y exigiendo que los criminales enfrenten la justicia y sean condenados.

Sin embargo, también cabe destacar, que desde el primer momento, los sectores más oportunistas de los gobiernos de la Concertación, después de haber arribado a diversos acuerdos con la cúpula militar a espalda del pueblo y de las organizaciones que desplegaron una gran lucha contra la dictadura, han realizado innumerables esfuerzos porque en Chile se aplique definitivamente las leyes de punto final o impunidad. En ello no han estado solos, los ha acompañado el sector más reaccionario de la justicia chilena, una parte de la Iglesia Católica, la extrema derecha encabezada por la Alianza por Chile y las Fuerzas Armadas que lo único que han perseguido siempre es la impunidad total.

Con la elaboración del Informe Rettig, de la Mesa de Diálogo y ahora con el denominado Informe Valech, el gobierno de Ricardo Lagos ha pretendido dar por superado lo relativo a las violaciones de los Derechos Humanos en Chile, y abrir así una nueva etapa en el juego político, en donde en la medida de lo posible no se hable más de las violaciones a los Derechos Humanos y no se toque a la casta militar. Ese ha sido siempre, el objetivo último y final de los neoliberalistas de los gobiernos de la Concertación, o sea, la más absoluta impunidad.

Con respecto a los avances logrados en materia de Derechos Humanos, durante el año 2004, la destacada abogado Julia Urquieta, de la organización Asamblea Nacional de los Derechos Humanos, expresaba para la prensa local que «nosotros creemos que éste ha sido un año muy importante para la causa de los Derechos Humanos, porque no cabe ninguna duda que hemos tenido algunos avances en el ámbito judicial bastante significativos. Por un lado el hecho que después de mucho tiempo, la Corte haya acogido los desafueros de Pinochet, tanto en el caso «Operación Cóndor», que fuera además refrendado por la Corte Suprema que confirma el desafuero de Pinochet, como en el caso Prats».

En otro plano, la profesional afirmó que «es fundamental el tema del Informe sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech), porque es una verdad que se hace oficial, pero una verdad que todos conocíamos respecto de la crueldad de las torturas y los abuso que se cometieron durante la dictadura y todo lo que fue la magnitud de la prisión política», expresó.

Luego puntualizó que «sin perjuicio de este importante avance, existen criticas bastante profundas a la actitud tomada por el gobierno. Nuestra primera critica pasa porque el gobierno no entregó estos antecedentes a los tribunales, situación absolutamente distintas a lo que ocurrió con el informe Rettig (Informe de Verdad y Reconciliación), porque el presidente (Patricio) Aylwin, formalmente entregó a la justicia todos los antecedentes que permitieron abrir importante procesos y que significó el inicio de una gran cantidad de causas y querellas que hasta el día se está tramitando en los tribunales», enfatizó.

En segundo lugar, Julia Urquieta, indicó que «lo más grave, es que el gobierno entregó un proyecto de ley al Parlamento, donde estableció la norma de ocultar el nombre de los torturadores, lo que, además, fue ratificado por el Congreso. Dicha ley nos parece que es una norma inconstitucional e ilegal y hemos señalado que en su momento recurriremos, con los recursos pertinentes, porque nos parece que no puede ocultarse esta verdad y menos por 50 años como se señaló».

La abogado, dijo finalmente que «otro punto importante es el fallo de la Corte Suprema, en el caso de Miguel Ángel Sandoval, que constituye desde el punto de vista judicial un triunfo muy importante para la causa de los Derechos Humanos, porque por esta vía los tribunales han refrendado lo que los abogados de Derechos Humanos y la jurisprudencia se ha planteado en el sentido de la desaparición forzada, en este caso el delito de secuestro, es un crimen de carácter permanente al cual no es posible aplicarle el decreto ley 2191 de amnistía, lo cual abre una perspectiva de las causas de Derechos Humanos sumamente importante para las causas posteriores, lo que ha sido reafirmado por el ministro Alejandro Solís».

De allí, que la lucha permanente por la verdad y la justicia, no es un factor que este determinado por informes más o informes menos, es una lucha diaria que clama desde lo más profundo del alma de cada una de las víctimas de la represión, para decir no a la impunidad. No es la venganza, es el justo homenaje a sus vidas, a sus sueños por construir un mundo mejor para todos los chilenos, sueños que aún siguen estando truncos. La lucha por los Derechos Humanos, es la lucha por la libertad de todos y cada uno de los presos políticos que todavía existen en Chile, incluidos los presos políticos del pueblo mapuche, y del restablecimiento pleno de todos sus derechos legales, que aún les siguen siendo conculcados por la seudo democracia chilena.

Aquellos que sueñan con culminar su mandato, dando por superado la situación de los Derechos Humanos, ocultando o negando los hechos acontecidos, ocultando la verdad y los nombres de los criminales y de quienes formaron parte de los aparatos represivos de la dictadura, están contribuyendo a la impunidad y una vez más, se encontrarán con la lucha incansable de los familiares de las víctimas, de los abogados, de las organizaciones de los Derechos Humanos y de la solidaridad. Al final siempre aflorará la verdad, mientras que la lucha por la justicia seguirá adelante.

La superación de la problemática de los Derechos Humanos y el reencuentro de los chilenos pasa porque el Estado se haga parte de las querellas por torturas, más aún después del reconocimiento oficial de su existencia, y se dé a conocer el nombre de cada uno de los torturadores y se haga justicia en cada uno de los casos de violaciones.

El reencuentro de todos los chilenos pasa por el restablecimiento pleno de los Derechos Humanos y de la soberanía del pueblo chileno. No basta con el reconocimiento, la reparación o el pedir perdón. La sociedad entera debe saber que los culpables de los crímenes cometidos en dictadura, están pagando con cárcel sus delitos, al igual que cualquier chileno que se ve involucrado en hechos delictivos, que ante la ley no hay privilegiados y menos impunidad. Incluso las cárceles especiales o de lujo para los militares, deben ser cerradas definitivamente, solo así habremos dado por superada la etapa negra de la dictadura militar, encabezada por el dictador Augusto Pinochet.