El año que concluye fortaleció una tendencia al cambio en el continente latinoamericano, aunque en algunos países estas transformaciones sufrieron un enlentecimiento. De todas maneras, los cambios iniciados un año antes y fortalecidos en el corriente, permiten afirmar que los pueblos han comenzado a asumir mayor protagonismo.

Curiosamente, el primer gran acontecimiento político de la región en el 2004, fue el derrocamiento del presidente de Haití, Bertrand Aristide, un ex sacerdote católico, que fue la esperanza de cambio de los pobres de su país.

Haití, que el primero de enero del 2004 festejaba los 200 años de su independencia y de la constitución de la primera república de negros en el mundo, y la primera en abolir la esclavitud en todo el hemisferio occidental.

Entonces Liberación destacaba que "El aniversario, que debería haber sido festejado en toda América, pasó casi desapercibido en los medios de comunicación, acentuando el aislamiento y el olvido en que está sumido ese país, desde que conquistó su independencia en 1804. Haití tiene una tasa de desempleo de más de 70 por ciento de su fuerza laboral, un ingreso promedio de menos de un dólar por día y una esperanza de vida de 50 años".

Sin mebargo, el festejo duró poco. La comunidad internacional asumió en febrero de este año que Aristide había renunciado voluntariamente y había huído al Africa en busca de refugio político, y casi de inmediato, la ONU aprobó el envio de tropas de paz para establecer el orden, desarmar a los grupos que habían invadido el país desde República Dominicana y controlaban varias ciudades, y respaldar al gobierno interino.

En realidad, como se supo después, Aristide fue detenido y secuestrado por un grupo de soldados norteamericanos, que lo subieron a un avión y custodiado lo llevaron al Africa. Lamentablemente, gobiernos que aparecían como progresistas y/o no injerencistas (como Brasil, Chile y Argentina), aceptaron la mentira norteamericana y enviaron tropas a Haití, legalizando el derrocamiento de un presidente constitucional y la ocupación militar de un país que hoy, al fin del año, sigue sumido en la violencia y dando muestras de una creciente resistencia a las tropas de ocupación.

El 28 de febrero, tras intentar infructuosamente que la comunidad internacional apoyara el proceso constitucional y detuviera a los rebeldes armados, fue obligado a abandonar el país custodiado por los marines. La Comunidad de Países del Caribe (CARICOM) no aceptó la versión de la supuesta renuncia y reclamó una investigación de los hechos, pero el Consejo de Seguridad de la ONU ya se había alineado con la versión norteamericana y decidió intervenir en el proceso.

Al mismo tiempo que se producía este derrocamiento en Haití, los salvadoreños se preparaban para las elecciones nacionales de fines de marzo. El FMLN, aparecía en las encuestas como el favorito a ganar la presidencia. Sin embargo, en las últimas semanas en Secretario de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado norteamericano, Roger Noriega, visitaba el país y advertía que un triunfo de la ex guerrilla iba a perjudicar la estabilidad en la región, la economía salvadoreña, y desatar una espiral de violencia.

Ello dió inicio a una campaña de amedrentamiento de los votantes que culminaron con un ajustado triunfo del candidato derechista, el empresario Antonio Saca. El candidato del FMLN, Shafick Hándal cuestionó la legitimidad de las elecciones.

Para ello, la izquierda salvadoreña incrementó su respaldo electoral y avanzó en varios departamentos del país y conquistó varias alcaldías, incluyendo la capital.

Estos contratiempos relativos en el avance de la lucha popular tuvieron más tarde en Venezuela su compensación.

Desde los últimos 3 años Caracas ha sido escenario para que la derecha muestre diferentes modelos para boicotear o derrocar gobiernos. Después del derrocamiento del presidente Chávez en abril del 2002 -que duró menos de 48 horas- y con el control casi completo de los medios de comunicación social, la oposición derechista intentó desestabilizar al gobierno con una huelga general indefinida, que afectó fundamental a la producción petrolera. Después de fracasar en esta intentona -y que provocó una crisis económica que costó meses comenzar a revertir- la oposición buscó desplazar a Chávez del gobierno a través del referendum revocatorio de su mandato. Tampoco por la vía electoral puedo revertir el proceso venezolano, y las airadas denuncias de fraude electoral -que ha funcionado en otros países- fueron aisladas por los observadores internacionales que avalaron el proceso electoral.

En agosto, apenas culminado el proceso electoral, dábamos cuenta que "el presidente Hugo Chávez, logró aumentar el respaldo popular a su gobierno después de cuatro años de gestión, un golpe de Estado que lo separó del gobierno 47 horas, y una huelga insurrecional empresarial y petrolera.

La oposición, que promovió el referendum revocatorio del mandato presidencial, obtuvo menos de los votos esperados para destituir al mandatario, quien por su parte, logró un millón de votos más que los que lo llevaron a la presidencia en 1999. Entonces, Chávez ganó las elecciones con 3.757.773 votos, y ahora el NO -identificado con la continuidad del mandatario- superó los 4.991.000 votos.

Para que prosperara la revocatoria del mandato, los partidarios del SI debían ganar al NO y además obtener más votos que los logrados por Chávez en las elecciones de 1999. Según los datos oficiales, la oposición quedó en más de 100 mil votos por debajo de esa marca, y fue superado por el NO en más de 16 puntos porcentuales.

En la madrugada del lunes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunció que el presidente Hugo Chávez lleva ventaja en el referendo revocatorio con 58.25 por ciento de los votos, contra 41.74 por ciento de la oposición.

El rector principal del CNE, Francisco Carrasquero, adelantó en cadena de radio y televisión los resultados, con el 94.49 por ciento de las actas automatizadas transmitidas al organismo electoral.

Carrasquero precisó que la opción del "No", favorable al presidente Chávez, reunió cuatro millones 991 mil 483 votos, mientras que la alternativa "Sí", promovida por la oposición, contaba con tres millones 576 mil 557 sufragios.

La victoria de Martín Torrijos en las elecciones presidenciales de Panamá de mayo pasado, también representaron un avance las fuerzas progresistas de la región. Aunque menos comprometido con los cambios que su fallecido padre, el general Omar Torrijos, la victoria del candidato de la alianza "Patria Nueva" permitió desplazar del gobierno a toda una camada de políticos que habían sido impuestos por Estados Unidos después de la invasión al país en diciembre de 1989. La hasta entonces presidenta, Mireya Moscoso,fue una fiel aliada de la política norteamericana en la región, y como último gesto de su sumisión, indultó y permitió la salida del país, a los cuatro terroristas procesados por intentar asesinar a Fidel Castro durante una Cumbre Iberoamericana realizada en ese país.

Liberación destacó entonces que "Martín Torrijos, el líder opositor de 40 años e hijo del fallecido general nacionalista, fue electo presidente de Panamá con cerca del 47 por ciento de los votos emitidos, en unos comicios con alta participación, 86% del padrón, conformado por 1.900.000 panameños.

El Tribunal Electoral confirmó la victoria de Torrijos, cuando solo había efectuado el recuento del 25% de los votos escrutados. El electo presidente -un economista graduado en Estados Unidos, hijo del general Omar Torrijos- alcanzaba entonces el 46,9%, seguido por el ex presidente Guillermo Endara, con el 29,3%.
"Acepto con humildad el mandato", dijo Torrijos luego de ser informado de su victoria electoral.

Posteriormente, ante sus seguidores, prometió formar un gobierno "sin revanchismos" y convocó a firmar un pacto para combatir la corrupción y el desempleo.

"Se iniciará una nueva forma de gobernar", afirmó Torrijos desde una tarima junto a su esposa Vivian y sus dos candidatos a las dos vicepresidencias Rubén Arosemena y Samuel Lewis Galindo.

En tercer lugar quedaba el ex canciller y candidato del gobierno José Miguel Alemán, con el 19,8%. El empresario Ricardo Martinelli sólo alcanzaba el 2%".

Pero, aunque los pueblos no hayan logrado aún imponer a sus candidatos en los gobiernos de sus países, también se han registrado avances en México, Nicaragua, Bolivia y Chile.

El presidente mexicano Vicente Fox, que se encamina al último año de su mandato está temiendo ya que la oposición conquiste la presidencia. Una oposición que está dividida entre el viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI), desplazado del poder por Fox en las elecciones de 1999, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que gobierna el Distrito Federal, y que tiene a su gobernador Manuel López Obrador como la figura presidenciable con grandes posibilidades de llegar al gobierno nacional.

Esta posibilidad es analizada también por la derecha, y en las últimas semanas se ha iniciado un proceso para desaforar a López Obrador, desplazarlo del gobierno de la Ciudad de México y proscribirlo legalmente para las elecciones de principios del 2006.

Nicaragua por su parte ha sido sacudida por las denuncias de corrupción del anterior presidente Arnoldo Alemán y los intentos por evitar que cumpla penas de prisión. Mientras tanto, el FSLN que obtuvo una gran votación en las elecciones municipales del pasado mes de noviembre, reconquistando la alcaldía de Managua e imponiéndose como el partido más votado a nivel nacional, aparece como favorito para ganar las elecciones nacional del 2006.

Un avance electoral también significativo logró la izquierda chilena en las pasadas elecciones muncipales del pasado octubre. Allí la izquierda más consecuente logró una importante votación que la ubica como juez cuando se realicen las elecciones presidenciales de diciembre del próximo año y puede influir en la designación del candidato presidencial de la Concertación.

En este año, la aparición de cuentas secretas en la banca norteamericana del ex dictador Augusto Pinochet, permitieron un cambio en la actitud de de los jueces chilenos, y el avance en los proceso que se han iniciado contra el militar. A fines de julio, Liberación destacaba que "Las denuncias aparecidas en los diarios El Nuevo Herald, The Washington Post y The Miami Herald, indican que de acuerdo a una investigación realizada por la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado de los EE.UU. el ex dictador tenía entre 4 y 8 millones de dólares en el Banco Riggs, al momento de encontrarse bajo detención domiciliaria en Inglaterra acusado de crímenes contra la humanidad, el banco le ayudó a realizar una transferencia secreta de1,6 millones de dólares a los EE.UU.

Los informes del Senado establecen que el banco se refería a Pinochet como "un profesional jubilado" y con una "alta posición en el sector público durante muchos años", y en donde su riqueza real alcanzaría de los 40 a 100 millones de dólares, y tendría ingresos anuales de 100 mil a 150 mil dólares, los cuales se encontrarían repartidos en varias cuentas personales y corporativas.

Los medios de prensa de los EE.UU, han destacado además que los informes de la Subcomisión han vinculado al ex dictador con tráfico de drogas y armas, con actos de corrupción, y el crimen y desaparición de miles de chilenos durante su régimen de facto (1973-1990). Charles Intriago, uno de los principales expertos de lavado de dinero en EE.UU. afirmó: "sabíamos que era un asesino, ahora sabemos que es además un pícaro millonario. A Pinochet se le ha acusado de numerosas violaciones a los derechos humanos, pero nunca se lo había vinculado con cuantiosos escándalos de corrupción", acentuó.

El senador por Michigan Carl M.Levin recomendó que las acusaciones deben dar lugar ahora a una actuación inmediata del departamento de Justicia de EE.UU "puesto que este caso que implica a Pinochet clama al cielo por una investigación criminal. No se trata únicamente de violaciones a la reglamentación, sino de las leyes criminales de EE.UU".

Aunque más discreto, la izquierda ha iniciado un proceso de discusión para la unidad en Perú, donde las alternativas al cuestionado presidente Alejandro Toledo, se acercan más al pasado presidente Alberto Fujimori.

En julio Liberación escribía que "las expectativas populares por la asunción de Toledo, tras 10 años de férreo gobierno dictatoral de Alberto Jumori, se desmoronaron a los pocos meses de asumir. Y a tres años de gobierno, las tensiones sociales, la pobreza y las violaciones a los derechos humanos se mantienen o se han agravado.

Una encuesta realizada en los primeros días de julio, concluyó que el 89,2% de la población desaprueban gestión de Toledo, y que sólo un a 5,2 % mantiene simpatías hacia el primer mandatario.

El sondeo fue realizado por el Instituto de Desarrollo e Investigación de las Ciencias Económicas (IDICE).
Sin embargo, el estudio fue cuestionado por el dirigente oficialista Juan Sheput, jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, quien señaló que IDECI es una empresa vinculada al opositor Partido Aprista que dirige el ex presidente Alán García.

La investigación determinó que el 79,1 por ciento de los interrogados está de acuerdo en que se convoquen a elecciones adelantadas este mismo año, porcentaje que se eleva al 83 por ciento en la capital y la vecina ciudad del Callao.

A nivel nacional, la posibilidad de comicios antes del 2006 es rechazada por el 10,6 por ciento, mientras el restante 10,3, prefirió no opinar o dijo no saber.

El reclamo de la renuncia de Toledo y el llamado a elecciones nacionales en este año, cuando debería corresponder en el 2006, es impulsado por el Partido Aprista del ex presidente Alán García y por algunos sindicatos. En otros sectores políticos existe el temor de que forzar la renuncia anticipada del mandatario sería como instalar la inseguridad juridical y garantizar la misma solución para los futuros mandatarios que no respondan a las demandas populares. De allí que algunos partidos impulsan la convocatoria a una Asamblea Constituyente que modifica la actual Constitución de 1993 -creada después del autogolpe de Fujimori de 1992-, un reclamo de los sectores opositores, y a partir de allí construir nuevos acuerdos políticos que garanticen una salida política y las instituciones".

Muy cerca, en Bolivia, las fuerzas progresistas, que un año antes habían expulsado del gobierno al presidente Gonzalo Sánchez de Losada, lograron mantener en manos del Estado los recursos energéticos a través de un plebiscito. En una proceso no carente de dificultades, los sectores de izquierda comenzaron un etapa de reorganización, y en las pasadas elecciones municipales de noviembre, aumentaron su caudal de votos y extendieron su presencia a todos los municipios del país. Al tiempo que los partidos tradicionales se muestran en franco retroceso, el partido del dirigente cocalero, Evo Morales, se transformaba en la mayor fuerza política.

Mientras tanto, en Brasil, el entusiasmo por el ascenso del líder del PT, Lula da Silva, a la presidencia comenzaba a transformarse en decepción. Pese a algunos avances en la implementación del plan "hambre cero" y en los índices macroeconómicos, Lula no ha colmado las expectativas generadas en su campaña electoral. Los dirigentes del Movimiento de los Sin Tierra, pese a que tratan todavía de otorgarle algo de confianza, están señalando que Lula ha mantenido los lineamientos de la política económico neoliberal de sus antecesores, no ha impulsado la reforma agraria ni ha generado los espacios de participación ciudadana esperados.

En tanto, en el vecino Uruguay, la izquierda triunfó en las elecciones nacionales con más del 50 por ciento de los votos y el médico Tabaré Vázquez asumirá la presidencia el próximo primero de marzo.

La coalición de izquierda, formada en 1971, logró batir un récord de permanencia en América Latina, y transformarse también en la primera fuerza de izquierda regional que supera el 50 por ciento de los votos en una elección nacional. Al comentar este resultado, Liberación destacó: "Los inventores del balotaje, entre ellos el actual presidente de la República Jorge Batlle, cayeron en la trampa que habían ideado para impedir el acceso al gobierno de la izquierda, y ahora deberán hacer oposición a un gobierno progresista que tendrá mayoría absoluta en las dos Cámaras. Diez años atrás, cuando comenzaron los contactos para reformar la Constitución, el mapa político estaba dividido en tercios, y los dirigentes de los Partidos Nacional y Colorado pensaban que ese esquema se iba a mantener con escasas variaciones, y permitiendo siempre que los dos partidos tradicionales pudieran seguir rotándose en el gobierno, respaldándose mutuamente en cada balotaje contra la izquierda.

La brutal crisis económica del 2002, donde el Estado perdió más de 3.000 millones de dólares en sostener la plaza financiera, provocó una desocupación abierta que llegó a más del 20 por ciento, aumentó el número de pobres en 200 mil personas en solo un año hasta alcanzar a 850 mil personas debajo del nivel de pobreza, la mitad de los menores de 14 años también viven en condiciones de marginalidad, aceleró drásticamente la crisis social y amplió el descontento contra el modelo neoliberal impuesto por los últimos gobiernos, a capas de la sociedad que desconfiaban de la izquierda.

De hecho la izquierda había ganado las elecciones nacionales de 1999, pero la reforma constitucional que obligaba a tener el 50% más un voto para acceder a la presidencia, la desplazó del gobierno. Jorge Batlle ganó el balotaje con el respaldo del Partido Nacional, pero perdió su apoyo durante la crisis financiera del 2002.

El país que dejará a sus espaldas el presidente colorado, fue catalogado como en estado de "emergencia social" y reclamará un esfuerzo en recursos e imaginación para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de sus habitantes.

Otro de los temas del año fue el escándalo de la renuncia del Secretario General de la OEA, Miguel Angel Rodríguez, por actos de corrupción durante su mandato como presidente de Costa Rica (1998-2002).

En los últimos años los casos de corrupción han salido a la luz pública, y en varios países han provocado movilizaciones populares que culminaron con la destitución de presidentes. Sin embargo el fenómeno no es nuevo, y como lo demuestran las recién descubiertas cuentas secretas del ex dictador chileno, Augusto Pinochet, la corrupción alcanzó también a los gobiernos militares.

En Latinoamérica, los casos más recordados y que han llegado a la justicia de sus países, son los que involucraron a los presidentes Carlos Menem (Argentina), Fernando Collor De Mello (Brasil), Alberto Fujimori (Perú), Carlos Andrés Pérez (Venezuela), Carlos Salinas de Gortari (México), Luis González Macchi y Juan Carlos Wasmosy(Paraguay), Arnoldo Alemán (Nicaragua). Además, existen procesos que han arrojado sospechas sobre los gobiernos y/o ministros de Fernando Enrique Cardoso(Brasil), Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Jamil Mahuad (Ecuador), Gonzalo Sánchez de Losada (Bolivia), Alejandro Toledo (Perú), Fernando de la Rúa (Argentina), Jaime Lusinchi (Venezuela), Jorge Serrano y Alfonso Portillo (Guatemala), Alvaro Uribe y Ernesto Samper (Colombia), Ricardo Lagos (Chile) por nombrar los casos más conocidos.

Pero, los casos de corrupción, que parecen involucrar sólo a los dirigentes políticos, también afectaron a los gobiernos militares, sólo que entonces nadie podía denunciar. Como ejemplo se revelan ahora las cuentas secretas de Pinochet en bancos de Estados Unidos, y se mencionan algunos negociados que beneficiaron a su familia. En Argentina apenas se habla de las empresas de extorsión y chantaje con los detenidos desaparecidos, y de robo y venta de propiedad de los asesinados.

Finalmente, para concluir este balance incompleto, vale la pena destacar la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones, a principios de diciembre en la ciudad de Cusco, Perú.

La Comunidad, fue impulsada fundamentalmente por el presidente de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y respaldada con muy escaso entusiasmo por los presidente de Chile, Colombia y Uruguay, que ante la alternativa de la integración regional, prefieren un acuerdo bilateral con Estados Unidos.

Entonces escribíamos: "Este nuevo proceso se concreta en una región de enormes desequilibrios. Entre todos los Estados sudamericanos suman 220 millones de pobres. Según el último informe de la FAO, 53 millones de personas están subalimentadas en América Latina y El Caribe, pese a que su número disminuyó entre un 10 y un 14% en los últimos años. El informe abarca el período 2000-2002 y por lo tanto no mide las consecuencias de las crisis en Argentina y Uruguay".

De concretarse este comunidad, Sudamérica se convertirá en el tercer bloque en importancia mundial después de la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que conforman México, Estados Unidos y Canadá.

Será un territorio superior a los 17 millones de kilómetros cuadrados, un mercado de más de 360 millones de consumidores y con un Producto Interno Bruto por encima de los 800 mil millones de dólares anuales, reservas de gas y petróleo para 100 años y recursos naturales invalorables.

La Comunidad nace sin crear nuevas instituciones, y se plantea un largo camino para concretar la unidad en muchos campos, aunque ya se firmó un proyecto de integración vial para fomentar el comercio regional con inversiones de más de 5.000 millones de dólares en los próximos años. En los planes futuros está conformar un parlamento regional, un mercado y moneda única y un ejecutivo común. Más a corto plazo se prevé la creación de un banco regional para el desarrollo.