escribe Ruth Herrera Montoya

En el año 2000 la Asamblea Nacional reformó la Ley de Energía, Ley 272, con una clara intención de favorecer la privatización de este estratégico recurso. Con esa ley nunca pretendieron buscar soluciones estructurales a los graves problemas de este sector, donde el 80% de la producción de energía se realiza a base de Bunker (derivado del petróleo) y 20% se produce desde las hidroeléctricas aún en manos del sector público, Hidrogesa, y la planta geotérmica ahora en manos de inversionistas nacionales, que la están ofertando a las trasnacionales.

En esa Ley, aunque regulan la distribución de energía, ésta fue puesta en manos de la trasnacional Unión FENOSA, que opera como sí no existiese límite a sus abusos; regulan a los usuarios, pero dejan sueltos a los generadores, cuyo grupo lo forman algunas empresas extranjeras (Costal Power, Enron) y los empresarios nacionales que compraron, aprecio de guate mojado, las plantas eléctricas y geotérmicas estatales. Llevan 14 años de proteccionismo gubernamental iniciado por la Sra.Violeta de Chamorro, a través de contratos leoninos que encarecen la energía a cuenta del desmedido enriquecimiento de los generadores. Basta decir que éstos producen la energía más cara, a base de bunker, usando métodos deficientes que elevan sus costos y cobran el factor de potencia aunque no generen un solo kilowat, pero además nunca quisieron invertir en energía renovable. Aunque los términos negociados en los noventa atentan contra la sobrevivencia del sector, ni el Ejecutivo ni los diputados tenido la voluntad política para revertir este histórico abuso contra los usuarios de la energía.

Esa reforma creó al INE como ente regulador, a ENTRESA a cargo del sistema de transmisiones, a ENEL como gestor de las empresas públicas y a la Comisión Nacional de Energía, CNE, para velar por las políticas de desarrollo del sector. Sin embargo casi todos han resultado ineficientes y costosos a nuestros bolsillos. Son dirigidos con vocación entreguista de nuestros recursos naturales, incapaces de articular una política energética nacionalista y responsable, carentes de estrategia para encarar los problemas estructurales y de desarrollo a favor los nicaragüenses y en sin autoridad real para frenar los abusos de los generadores y en especial de los atropellos que a diario comete UNION FENOSA.

De este caos se benefician en primer lugar Unión FENOSA porque opera con la ley de la selva, y ultrajando nuestros bolsillos mantiene gran rentabilidad; los generadores con altas tasas de ganancia, los importadores de petróleo que sin restricción alguna multiplican sus millonarias utilidades; los funcionarios de INE, CNE y ENAEL que cobran caro por no hacer nada útil, mientras la población paga los costos de la ineficiente estructura energética del país. Siguen vigente los mismos problemas e intocables sus causas, lo único que crece son las denuncias y lo realmente evidente es que en los últimos años se triplicó el valor que todos los meses pagamos por la factura de energía, con el agravante de un servicio de mala calidad.

Resulta escandalosa la forma en que los diputados y el gobierno pretenden resolver el alza de tarifa solicitada, como todos los años, por la trasnacional FENOSA. Nada más y nada menos optan por otorgar un subsidio millonario al monopolio al rebajar sustancialmente los precios de venta de la energía de Hidrogesa, pero como si eso fuese poco, además proponen entregar a Unión FENOSA las utilidades anuales de la única hidroeléctrica estatal, que logra ser más eficiente que las generadoras privadas. Pero esto significa regalar Hidrogesa a FENOSA, o llevarla a la quiebra o liquidarla como opción de estado para seguir reinvirtiendo en la escala productiva actual. Es decir destruir nuestro patrimonio hidroeléctrico a cambio de la promesa de no alzar la tarifa en 10%.

Esto revela no sólo la forma de complicidad con la ineficiencia y despilfarro típico del monopolio español, sino la carencia de visión de los intereses nacionales de la clase política gobernante. Lo que deben exigirle es que reduzca el 30% de fuga o desperdicio de energía con el que operan desde hace tres años por la falta de inversiones adecuadas en los conductores, cuestión que les hace absolutamente ineficientes. Ese nivel de fallas técnicas no se acepta en ningún país con autoridades responsables, y sería suficiente razón para la cancelación inmediata de la Concesión.

Esto no es un asunto nuevo, debe saberse que esa práctica de no invertir que es consustancial a Unión FENOSA provocó que recientemente se quedaran sin energía muchos barrios de Madrid. Porque habrán de invertir acá si las autoridades del país no les obligan a cumplir el Contrato y además les ofrecen como premio el capital de Hidrogesa, renunciando con ellos a una estrategia propia de desarrollar mejores capacidades de generación pública?

Para los nicaragüenses esta debe ser la gota que derrama el vaso y debemos saber que llegó el momento de atar los cabos sueltos y EXIGIR una Política Energética Alternativa y ajustar la Ley en función de ésta.

Que ya no debemos callar mas frente la reproducción del caos en este estratégico sector, que debe discutirse y elaborarse una Política Energética responsable, que dimensione dónde vamos a colocar nuestro país a 30 años y la redefinición del rol del Estado en este sector. Sólo así podremos hablar de cuál es el futuro que tendrá la economía de Nicaragua y de los derechos de los usuarios. Esta Política Energética no deber ser elaborada a espaldas de los ciudadanos y debe poner en primer lugar los intereses y derechos de los nicaragüenses. El precio de la energía es determinante en toda actividad económica por su efecto multiplicador en los restantes precios de la economía.

Algunos componentes de la Política Energética Alternativa:

· La generación debe responder a la estrategia económica y social del país y en función de ésta regularse el tipo de energía a producirse, la participación y desempeño de los diversos actores económicos, incluidos los inversionistas.

· La distribución de la Energía debe ser nacionalizada y administrada por el sector público mientras no se asegure que además ésta participen más empresas, evitando el monopolio y las desventajas que éstos tienen para los usuarios y la economía en su conjunto.

· El Estado debe preservar Hidrogesa e incrementar su participación en la generación hidroeléctrica y geotérmica, monitorear la eficiencia de las empresas privadas del sector y regular su tasa de ganancia.

· El estado debe establecer convenios de largo plazo con las importadoras de petróleo y sus derivados a fin de regular los precios de mercado de estos sensibles insumos.

· Los usuarios y los gobiernos locales deben ser actores clave en asegurar que se elaboren e implementen estrategias de desarrollo del sector energético en beneficio del país y se rompa con el monopolio de la distribución.

· El Estado debe obligarse en términos presupuestarios por el desempeño de los entes rectores de la energía, eliminar los impuestos de los usuarios del 1% a INE, exonerar a los jubilados, suprimir el IVA al consumo domiciliar y hacer que los funcionarios cumplan sus responsabilidades frente a los usuarios.

Los inversionistas extranjeros no podrán recibirán subsidios de los ingresos ordinarios y extraordinarios del Estado Nicaragüense.