escribe Jaime Padilla

"La transnacional petrolera Texaco debe abandonar y pagar por los daños y el genocidio causados en la Amazonía ecuatoriana", dijo en Malmö la indígena Patricia Gualinga, kichwa sarayaku al tiempo de convocar para su causa a la solidaridad internacional

El gobierno ecuatoriano se niega a cumplir la resolución del Tribunal Internacional que le ordena tomar medidas de protección en favor de la comunidad amazónica Kichwa de Sarayaku denunció Patricia Gualinga, representante indígena de dicha comunidad en una acto efectuado en la ciudad de Malmö los días 14 y 15 de octubre reciente.

En esto últimos años el pueblo Kichwa de Sarayaku de Ecuador ha venido librando una desigual lucha judicial y de resistencia física contra la transnacional petrolera Texaco, que desde 1967 viene exterminando con los recursos naturales (biodiversidad) y el genocidio en los pueblos indígenas de la Amazonía en complicidad con el gobierno ecuatoriano.

Patricia Gualinga aseguró que su pueblo está decidida a seguir la lucha para que Texaco abandone la región o pagar por daños y perjuicios. Días antes de emprender su viaje, con destino primeramente a Suecia y después Alemania donde la estabilidad de encuentros con organizaciones de la solidaridad internacional, fue testigo de la ruptura de las conversaciones con el gobierno, para asegurar el respeto a los derechos humanos de la comunidad indígena frente al atropello de la transnacional petrolera.

"El gobierno ecuatoriano no tiene la voluntad política para cumplir la resolución del Tribunal Internacional y así consigue que nuestro pueblo vuelva a las movilizaciones y a la denuncia ahora en el ámbito internacional", señaló Patricia Gualinga. Esas palabras se reafirman con los hechos.

Mientras que esta representante indígena, desde el 4 de octubre, venía cumpliendo en Suecia una apretada agenda de actividades, su comunidad había vuelto a la movilización con marchas de protesta esta vez frente a la Corte Superior de Justicia de Pastaza, por el proceso que se sigue contra varios dirigentes indígenas por denuncias de funcionarios de la empresa petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC).

Patricia Gualinga considera que las acusaciones contra sus líderes están relacionadas por su rechazo a la explotación petrolera en su territorio y esto es apenas una muestra del voraz apetito que tienen las empresas extranjeras por el petróleo en la Amazonia ecuatoriana.

"Mi pueblo seguirá luchando por sus derechos" afirma dejando en claro que hace un año por la vía judicial su pueblo ha logrado sentar a la Texaco en el banquillo de los acusados para decirle que debe responder por haber vertido toneladas de material tóxico y otros desechos que causaron una enorme destrucción y contaminación de la selva en la región amazónica, y afectado gravemente la vida comunitaria. "Los crímenes de la Texaco son innumerables", dice.

De esta situación informa que las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no tienen en su país un avance efectivo por la falta de voluntad del presidente Lucio Gutiérrez, que consiguió dividir al movimiento indígena, y convertido en cómplice de las transnacionales, se niega además de investigar y llevar a los responsables ante la justicia.

Recuerda también que cuando el pueblo expulsó a Jamil Mahuad, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), se había convertido en un factor político determinante en el país.

Tiempo después con el actual mandatario, las esperanzas de un cambio en favor del pueblo se rompieron al igual que la alianza política que los unía. Hoy el movimiento Pachakutik, está sumido en una división interna y algunos de sus miembros cumpliendo funciones públicas dentro del gobierno. Sin embargo, el movimiento indígena, si bien se ha debilitado mantiene aún su capacidad de movilización. Según Patricia.

"Son algunos dirigentes los que comprometen la unidad del movimiento indígena y para alejar ese riesgo será necesaria una renovación en ese terreno", y advirtió que Gutiérrez tendrá que dialogar si no quiere que en el futuro cercano las manifestaciones de oposición sean cada vez mayores, que podrían comprometer la estabilidad de su gobierno.