escribe Eduardo Andrade Bone

El estado de Chile y el gobierno neoliberal de Ricardo Lagos, cada vez que puede y cuando se trata de reprimir cualquier manifestación que provenga de trabajadores en huelga, de los pueblos originarios, de los estudiantes que luchan por mejores condiciones educacionales o de actos en defensa de los derechos humanos, o en repudio a la próxima visita del presidente George W.Bush al país, y que culminan en hechos de violencia producto de las provocaciones montadas por los aparatos policiales del Estado chileno, saca a relucir una de las mejores herencias de la dictadura de Augusto Pinochet, vale decir su mentada Ley Antiterrorista, que se le viene aplicando de forma permanente a los dirigentes y luchadores que defienden las reivindicaciones ancestrales del pueblo mapuche.

La Ley Antiterrorista del régimen militar que data del año 1984, de la cual hacen muy buen uso los actuales gobernantes del país, permite que las investigaciones se realicen en secreto y que los sospechosos sean detenidos por periodos más prolongados para someterlos a todo tipo de vejámenes sin que se levanten cargos en su contra. Además, significan sentencias más fuertes y descarta la posibilidad del perdón para aquellos acusados de acciones calificadas de terrorista.

Durante estos días la organización Human Rights Watch y el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, han manifestado un severo cuestionamiento al abuso de la aplicación de la Ley Antiterrorista para juzgar los actos de protesta cometidos por los mapuche. «La utilización que hace el estado chileno de la Ley Antiterrorista para juzgar a los mapuche acusados de actos violentos viola las garantías procesales de estos ciudadanos» afirman al entregar un informe que analiza los diversos aspecto de este conflicto.

«La Ley Antiterrorista es inaplicable a estas conductas delictivas y violas las obligaciones jurídicas de Chile de garantizar el respeto al legítimo derecho de todos, incluido los mapuche, al debido proceso», manifestó José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.

Además denuncia la persistencia de que en casos de abuso policial y tratos degradantes en contra de los mapuche, los responsables sigan siendo juzgados por «tribunales militares» como en los mejores tiempos de la dictadura pinochetista. «Lo que se traduce también en falta de transparencia de parte de la policía sobre cómo se investigan estos ca-sos», expresan.

En el informe se critica el uso de disposiciones de la Ley Antiterrorista destinada a proteger a testigos, por lo que jueces de la ciudad de Temuco han permitido que la fiscalía oculte a la defensa la identidad de al menos seis testigos, obstaculizando gravemente la capacidad de los acusados para cuestionar su testimonio y refutar los cargos que se formulan en su contra. Estos denominados «testigos sin rostro» han testificado detrás de pantallas y con micrófonos que distorsionan la voz durante las audiencias.
«Estos casos recurrentes no son propios de una sociedad democrática. Plantean la contradicción del gobierno cuando internacionalmente reconoce que en Chile no existen acciones calificables como terrorismo. Sin embargo, utiliza esta legislación contra mapuche», expresó José Aylwin del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.

Ahora, en los precisos momentos que se hacían estas denuncias el relator especial para la Tortura de la ONU, Theo Van Boven señalaba en rueda de prensa tras la presentación de su informe en la III Comisión de la Asamblea General, «que en nombre de la lucha contra el terrorismo, muchos países violan los derechos humanos fundamentales. Agregó «que la norma imperativa del derecho internacional, que es la prohibición de la tortura, el trato vejatorio, cruel o inhumano, se está erosionando y son continuas las denuncias de malos tratos a detenidos justificados con la lucha contra el terrorismo», enfatizó.

Mientras tanto el gobierno de Ricardo Lagos justifica la aplicación de la Ley Antiterrorista creada bajo la dictadura de Augusto Pinochet, diciendo que no hay lugar para la violencia en la «democracia» chilena.

Sin embargo, el Sr.Lagos poco o nada le preocupa toda la violencia que genera su modelo económico neoliberal, también heredado de la dictadura y que tantas desigualdades sociales y frustración ha generado en los chilenos. En relación a muchos otros países, Chile ha tenido una legislación antiterrorista por 20 años y lo más probable es que ésta se siga aplicando contra el pueblo mapuche.