escribe Eduardo Andrade Bone

Cuando en materia de presuntos éxitos económicos se suele hablar de América Latina, los organismos internacionales ligados a los intereses del gran capital trasnacional, el primer ejemplo que muestran en este sentido es Chile, puesto que es el país que desde la época de la dictadura ha seguido a «pies juntillas» los postulados económicos neoliberales y de libre mercado, que ha generado un empobrecimiento cada vez mayor de las grandes mayorías de la población y por ende grandes injusticias y desigualdades sociales.

Sin embargo en el caso de Chile, desde el punto de vista técnico, sus éxitos económicos sólo suelen favorecer a los grandes capitales criollos y extranjeros, siendo uno de los países con la peor redistribución de la riqueza y en donde el «crecimiento con equidad» aún no llega a los trabajadores, después de más de 14 años de gobiernos concertacionistas. La desigualdad social se ha transformado al amparo de la economía heredada de la dictadura, en algo excesivo y crónico.

Estas últimas semanas hemos conocido de los conflictos laborales de los trabajadores de la Inspección del Trabajo, de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales y de los Trabajadores Portuarios en el norte del país. En términos generales las demandas de estos trabajadores son: aumento de sueldos por turnos trabajados, mejoramiento de las condiciones laborales (trabajadores portuarios), en el caso de los trabajadores de la administración pública, sus reivindicaciones más inmediatas son la no afectación por daños provisionales, esto quiere decir que los trabajadores de este sector no pueden jubilar con solo un 30 % del sueldo en actividad. Los trabajadores de la Inspección del Trabajo, solicitan un mejoramiento de salarios y estabilidad laboral.

En la mayor parte de los conflictos, ya sea con las entidades públicas o privadas, por regla general se arrastran desde varios años, sin que existan la menor disposición de la parte patronal, por arribar a un acuerdo que deje satisfechos a ambas partes. La respuesta siempre es la misma, no hay condiciones económicas para acceder a las demandas de los trabajadores.

En el caso de los gobernantes, sus mayores argumentos siempre son los mismos; estamos en crisis económica, la recuperación aún no llega, la situación depende del comportamiento económico mundial, etc. O sea un discurso que se viene escuchando desde la época de la dictadura. En el caso de Chile y pesar de los «grandes éxitos económicos», del aumento de las exportaciones, lo cierto, es que a los trabajadores ese éxito no les llega por ningún lado, y a duras penas deben sobrevivir con un poco más de 200 dólares mensuales( 145 mil pesos chilenos).

La verdad es que habría que preguntarle al presidente Ricardo Lagos, a su ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, y a su ministro del Trabajo, Ricardo Solari, si ellos estarían dispuesto a vivir con 145 mil pesos mensuales, para que sientan en carne propia las «virtudes» de su modelo económico salvaje o esta nueva dictadura de los mercaderes, que ha necesitado de un sistema democrático mediocre, protegido y heredado del régimen militar, para beneficio de un 10 % de los chilenos, que son los que perciben las rentas más altas del país y en perjuicio de las grandes mayorías.

Las organizaciones de los trabajadores antes mencionadas, seguirán desplegando su lucha por mejores condiciones de vida. Los trabajadores portuarios y de la Inspección del Trabajo continuarán su conflicto de forma indefinida, mientras que los trabajadores de la administración pública realizarán un paro general los días 26 y 27 de octubre, donde una vez más dejaran establecido su derecho a obtener los beneficios de una económia de éxitos, como pregonan los neoliberalistas de la derecha pinochetista y del gobierno de la Concertación.

Mientras los trabajadores de la Inspección del Trabajo, realizaban una manifestación pacífica en el centro de Santiago, tocando pitos y portando carteles protestando por su situación laboral, imprevistamente la única respuesta que encontraron de las autoridades de gobierno, fue la represión de las fuerzas policiales del Estado chileno.

Los dirigentes de la ANEF, cuando prestaban su apoyo a estos trabajadores en las afuera del ministerio del Trabajo, fueron detenidos Raúl de la Puente, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, junto a Nury Benites, vicepresidenta de la ANEF, María Rozas dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otros dirigentes sindicales que se encontraban en el lugar.

Lo cierto, es que desde la época de la dictadura, la única respuesta a las demandas de los trabajadores por tener una vida más digna, siempre a sido la misma, la represión. Las autoridades de gobierno en su alianza con el capital nacional y trasnacional, siempre han acusado a los trabajadores y sus organizaciones de hacer peticiones irreales, de subvertir el orden público, de violentistas y de terroristas, cuando se trata de la lucha por sus reivindicaciones más sentidas.

De allí, que se ha venido produciendo un gran desencanto en la clase trabajadora chilena con respecto a los gobiernos que han emanado de este conglomerado de partidos denominados Concertación por la Democracia. Después de más de 14 años de políticas antiobreras la frustración y la desesperanza crece cada día en el pueblo chileno.

La Concertación solo ha privilegiado la estabilidad económica de unos pocos, ha evitado al máximo el no tener conflictos con los empresarios, con los depredadores que tienen el poder económico, no han estado por tocar en lo más mínimo los intereses del gran capital, por ello que eso del crecimiento con equidad no es más que una falacia, ha sido la gran mentira del gobierno de Ricardo Lagos y de sus antecesores, mientras tanto seguimos esperando una nueva crisis económica, tal vez ligada al alza del petróleo, para que los trabajadores chilenos una vez más tengan que seguir esperando y llenándose de frustraciones.