El escándalo de la renuncia del Secretario General de la OEA, Miguel Angel Rodríguez, por actos de corrupción durante su mandato como presidente de Costa Rica (1998-2002) expresa hasta que grado está contamida de corrupción la dirigencia política latinoamericana.

En los últimos años los casos de corrupción han salido a la luz pública, y en varios países han provocado movilizaciones populares que culminaron con la destitución de presidentes. Sin embargo el fenómeno no es nuevo, y como lo demuestran las recién descubiertas cuentas secretas del ex dictador chileno, Augusto Pinochet, la corrupción alcanzó también a los gobiernos militares.

El fenómeno no es por supuesto exclusivo de América Latina, y mucho menos de los países pobres, como a veces se pretende demostrar para sostener que la pobreza y marginalidad es resposabilidad de los afectados, sino que es parte del sistema capitalista y que ha llegado a contaminar a funcionarios de gobiernos que han buscado otras alternativas. Estados Unidos, el país más poderoso y quizás más rico, tiene sobrados ejemplos de corrupción en el gobierno y entre las empresas que se vinculan con el Estado. Basta recordar el escándalo de la era Reagan en los 80, cuando la NASA y el Departamento de Defensa, llegaron a pagar 10.000 dólares por un tornillo común, o la reciente quiebra de la empresa Enron (financista de la campaña electoral de Bush) que disfrazaba sus cuentas, o los contratos de obra para los ex patrones del vicepresidente Cheney en Irak.

En Latinoamérica, los casos más recordados y que han llegado a la justicia de sus países, son los que involucraron a los presidentes Carlos Menem (Argentina), Fernando Collor De Mello (Brasil), Alberto Fujimori (Perú), Carlos Andrés Pérez (Venezuela), Carlos Salinas de Gortari (México), Luis González Macchi y Juan Carlos Wasmosy(Paraguay), Arnoldo Alemán (Nicaragua). Además, existen procesos que han arrojado sospechas sobre los gobiernos y/o ministros de Fernando Enrique Cardoso(Brasil), Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Jamil Mahuad (Ecuador), Gonzalo Sánchez de Losada (Bolivia), Alejandro Toledo (Perú), Fernando de la Rúa (Argentina), Jaime Lusinchi (Venezuela), Jorge Serrano y Alfonso Portillo (Guatemala), Alvaro Uribe y Ernesto Samper (Colombia), Ricardo Lagos (Chile) por nombrar los casos más conocidos.

Pero, los casos de corrupción, que parecen involucrar sólo a los dirigentes políticos, también afectaron a los gobiernos militares, sólo que entonces nadie podía denunciar. Como ejemplo se revelan ahora las cuentas secretas de Pinochet en bancos de Estados Unidos, y se mencionan algunos negociados que beneficiaron a su familia. En Argentina apenas se habla de las empresas de extorsión y chantaje con los detenidos desaparecidos, y de robo y venta de propiedad de los asesinados. Hace un par de semanas, un juez argentino recibió la denuncia de un sobreviviente de los campos de concentración y exterminio, radicado en España, que reveló como pudo salir al exilio después de pagar una fortuna a sus captores.

En Uruguay, todavía se recuerda el brutal asesinato de un contador, baleado y quemado dentro de su automóvil, y que estaba vinculado a la venta de los mármoles y piedras utilizadas en la construcción del Mausoleo a Artigas en la Plaza Independencia de Montevideo. Según versiones de entonces (alrededor de 1976), un general había obtenido una fortuna con los sobreprecios del producto. Por la misma época se construyó la Represa de Palmar, por la cual los militares pagaron también un sobreprecio, endeudaron al país e hicieron una fortuna. En la inauguración gastaron también miles de dólares para una fiesta y pagar el servicio de "acompañantes". También un negocio de contrato de "acompañantes" (prostitución de lujo) habría sido la causa del asesinato de un coronel en pleno centro de la capital montevideana. El militar trabajaba en relaciones públicas de la Ronda Uruguay del GATT que se celebró en Punta del Este en 1986.

No hace mucho, un contraalmirante fue involucrado en un escándalo de soborno en un negocio de pesca de cangrejo, entre otros casos más o menos divulgados.

La ventaja que han tenido los militares sobre los políticos, es que no han tenido ningún fiscal ni auditor de sus cuentas, y en algunos casos han eliminado físicamente a los testigos.
Removiendo presidentes

Los presidentes de Brasil, Fernando Collor de Mello, y de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, tuvieron el dudoso privilegio de ser los primeros ser destituidos legalmente de sus mandatos por actos de corrupción.

En octubre de 1991 el presidente del monopolio estatal brasileño, Petrobrás presentó la dimisión como protesta por haber sido presionado por Paulo Farías (asesor y ex jefe de campaña del presidente Collor de Mello) para hacer una operación irregular. Meses después, el 10 de mayo de 1992, saltó el escándalo con la publicación de un dossier elaborado por el propio hermano menor del presidente, Pedro Collor de Mello, en el que denunciaba con todo lujo de detalles una red de tráfico de prebendas, contratos ilícitos y desvío de fondos, orquestada por el ex tesorero de campaña y amigo íntimo del mandatario.

El 26 de mayo de 1992 la Cámara de Diputados abrió contra Collor una investigación que confirmó y sacó más a la luz el sinfín de ilegalidades cometidas por el "esquema de Paulo Farías", como la aceptación de sobornos de empresarios a cambio de favores políticos, el depósito de dinero negro a nombre de empresas ficticias en paraísos fiscales y su transferencia regular a cuentas bancarias de testaferros brasileños para el uso y disfrute de los verdaderos titulares.

Según la comisión de investigación congresual, en los dos años largos de Gobierno el patrimonio de Collor se habría multiplicado con creces gracias a la maña delictiva de Farías.

El 26 de agosto de 1992 la comisión de investigación concluyó que había suficientes indicios de delito para procesar a Collor y el 29 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó separarle temporalmente del cargo por 441 votos a favor, 38 en contra y 23 ausentes, un resultado que dejaba a las claras la soledad política del presidente ; al día siguiente, el Senado instauró el proceso de enjuiciamiento y eventual destitución, o impeachment.

El 2 de octubre la Cámara baja resolvió que el vicepresidente Itamar Franco (quien se había distanciado ostensiblemente de su superior desde el comienzo del escándalo) asumiera las funciones presidenciales hasta que el Congreso concluyera el proceso de impeachment contra Collor, el cual se rodeó de abogados dispuesto a dar batalla legal, aunque apenas había dudas de que su suerte política estaba echada. La crisis institucional terminó el 29 de diciembre cuando Collor, anticipándose en unos minutos al comienzo de la votación de destitución en el Senado, dimitió formalmente y Franco asumió la titularidad de la Presidencia para completar el mandato que expiraba el 1 de enero de 1995.
Venezuela

Cuando Carlos Andrés Pérez asumió su segundo mandato como presidente de Venezuela, el primero de febrero de 1989, ya se lo acusaba de recibir soborno por la compra de un barco petrolero durante su primer mandato (1974-79). Pero la denuncia que provocaría su destitución se produjo 4 años más tarde, en momento en que Pérez proponía una reforma constitución.

El 11 de marzo de 1993, la Fiscalía General de la República promovió ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) unas acusaciones interpuestas por el partido Causa Radical, basadas a su vez en las investigaciones de los periodistas José Vicente Rangel (hoy vicepresidente de la República) y Andrés Galdo, contra Pérez por malversación y peculado (o apropiación indebida) de 250 millones de bolívares (unos 17 millones de dólares) de una partida secreta correspondiente a los fondos reservados por ley para gastos del Ministerio de Relaciones Interiores. Según el fiscal, la desviación había sido cometida el 22 de febrero de 1989 bajo el ardid de una rectificación presupuestaria y con el objeto de financiar el servicio de escoltas de la política nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro, que iba a convertirse un año más tarde en presidenta de su país. Estos fondos habrían servido supuestamente para financiar la campaña electoral de políticos extranjeros afines a Pérez como la propia Chamorro, el boliviano Jaime Paz Zamora y el haitiano Bertrand Aristide.

El 20 de mayo la CSJ dictaminó que existían razones suficientes en el antejuicio como para procesar a Pérez. Al día siguiente, el Senado aprobó suspenderle en la Presidencia mientras durara el proceso. El 27 de mayo la CSJ abrió el proceso contra Pérez y el 31 de agosto el Congreso de la República le destituyó definitivamente "en resguardo de la convivencia pacífica de los ciudadanos y para garantizar la vigencia del orden democrático". Desde ese momento, el senador Ramón José Velásquez Mújica, juramentado como presidente en funciones el 5 de junio, se convirtió en presidente titular e interino, hasta la terminación del mandato de Pérez el 2 de febrero de 1994.

Años más tarde, el 14 de abril de 1998 el Tribunal Superior de Salvaguardia del Patrimonio Público (TSS) ordenó el arresto domiciliario de Pérez y la puesta bajo custodia policial por nuevos cargos de enriquecimiento ilícito presuntamente cometido en su segundo mandato. Esta vez, a Pérez, y a su compañera sentimental, Cecilia Beatriz Matos Molero, antigua secretaria presidencial, se les acusaba de ocultar entre 50.000 y 900.000 dólares de dinero público en sendas cuentas abiertas en sucursales del Citibank y el Republican National Bank de Nueva York.

Argentina

El primer gobierno de Carlos Menem (1989-94) se inició bajo la sombra de la sospecha, ya que en los primeros meses de su gobierno se sucedieron denuncias de corrupción como el sonado caso de la "aduana paralela" y los escandalosos procesos de privatización de las empresas públicas.

En el libro "Los nuevos conquistadores" de Daniel Cechini y Jorge Zicolillo se revela la trama de corrupción de las privatizaciones menemistas que involucran a los gobernantes españoles, Felipe González, José María Aznar, el rey Juan Carlos, y el entonces ministro de Economía de Aznar y actual gerente general del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato.

Durante sus dos períodos de gobierno, el segundo después de reformar la Constitución para habilitar su reelección (1994-1999), Menem y sus ministros y funcionarios eludieron con éxito la justicia.

La salida de la Casa Rosada en diciembre de 1999, cuando asumió Fernando de la Rúa, desprotegió a Menem frente a las pesquisas judiciales. El 24 de abril de 2001 el fiscal federal Carlos Stornelli solicitó al juez instructor Jorge Urso la citación indagatoria del ex presidente como presunto "jefe de una asociación ilícita" dedicada al contrabando de armas a Croacia y Ecuador. El fiscal apreció también indicios de "falsedad ideológica" en tres decretos firmados por Menem que permitieron el desvío de 6.500 toneladas de material militar a aquellos países, coincidiendo respectivamente con las guerras en los Balcanes contra Yugoslavia (1991) y en los Andes contra el Perú (1995). La venta de armas a Croacia supuso, además, una violación del embargo de la ONU. Ya en 1996 Menem declaró como testigo por escrito respondiendo de una reunión del gabinete fechada el año anterior en la que habría ordenado al Procurador de la Nación una investigación sobre los teletipos que alertaron de la venta ilegal de armas a Ecuador. En septiembre de 2000 el mandatario hizo una segunda declaración por escrito, pero sin abrírsele cargos en su contra.

En este proceso, cuando el juez Urso ordenó el embargo de sus bienes Menem se declaró insolvente, no obstante haber declarado al fisco la posesión de una fortuna de 1,8 millones de dólares y un cuantioso patrimonio de bienes inmuebles, vehículos, caballerías y acciones empresariales.

La justicia siguió con sus investigaciones y el 7 de junio de 2001 Menem, fue puesto bajo arresto. El 26 de junio Menem tramitó por escrito su testimonio al juez Urso negando todo conocimiento de la venta de equipos bélicos a Croacia y Ecuador y vinculándola a redes delictivas convencionales. Los únicos suministros de armas reconocidos fueron unos efectuados a Panamá y Venezuela. El 4 de julio el magistrado formuló la acusación formal contra Menem por asociación ilícita, así como contra Balza, González y el ministro de Exteriores entre 1991 y 1999, Guido di Tella. De ser hallado culpable en el juicio que comenzaba, Menem se exponía a una sentencia de hasta 10 años de prisión.

El 20 de noviembre la Corte Suprema de Justicia presidida por Julio Nazareno, un jurista riojano que fue socio del bufete del ex presidente y que presidía el alto tribunal desde 1994, falló que no había indicios de los delitos de asociación ilícita y falsedad ideológica, tal que Menem recuperó su libertad ese mismo día. Emir Yoma, acusado de ser el organizador de la banda de venta ilegal de armas, salió también de prisión.

Sin embargo, Menem enfrenta todavía cargos por enriquecimiento ilícito tras la aparición de algunas cuentas secretas en Suiza, y por el nuevo testimonio de uno de los intermediarios en la venta de armas.

Uruguay "Suiza de América"

Desde principios del siglo pasado, Uruguay fue considerada la "Suiza" de América por "democracia ideal", aunque su imagen se desdibujó después de la década del 50. Después de la dictadura militar, en 1985 asumió la presidencia Julio María Sanguinetti, personaje político involucrado en casi todos los acontecimientos del país de los últimos 30 años. En su primera administración (hasta 1990) las denuncias de corrupción contra su gobierno llegaron hasta su ministro del Interior, y en su segunda presidencia (1995-2000) al su secretario privado, y a su entorno familiar.

El caso más sonado fue la denuncia sobre la maniobra para el cierre y demolición de la Cárcel de Punta Carretas, y la posterior construcción de un centro comercial en el lugar. Casualmente, el ex ministro es administrador del lugar.

En su segunda presidencia, las denuncias referían al cobro de comisiones por parte de un secretario privado, también involucraban a ministros y directores de empresas públicas por la venta de la terminal portuaria, negocios pesqueros, y concesiones de obra de dudosa conveniencia.

Entre las dos presidencias de Sanguinetti, asumió la primera magistratura el dirigente del Partido Nacional, Luis A. Lacalle. Al concluir su mandato, el país se vió sacudido por denuncias de cobro de comisiones y compra inecesaria de equipos a España, venta irregular de bancos gestionados por el Estado, así como el súbito enriquecimiento del propio presidente y de varios de sus allegados. Estas maniobras costaron al país cientos de millones de dólares.

En Paraguay, la situación es de la misma gravedad. El ex presidente Juan Carlos Wassmosy ha sido procesado por enriquecimiento ilícito y otras irregularidades como venta de bancos estatales, la aerolínea estatal, etc. Hasta ahora ha eludido ir a prisión mediante diferente chicanas judiciales o por inoperancia de la Justicia.

El también ex presidente Luis González Macchi enfrenta varias denuncias en su contra, y durante su mandato logró evitar su destitución ante la ausencia de legisladores al momento de votar el juicio político.
R.D.