escribe Eduardo Andrade Bone.

Mientras en la Argentina el ex dictador Jorge Rafael Videla y otras ex autoridades del último régimen de facto (1976-1983) han sido procesados y detenidos con prisión preventiva por el juez federal Jorge Urso quien los consideró responsables de los crímenes cometidos en el marco de la «Operación Cóndor», en Chile a pesar de todas las evidencias, la justicia ha hecho todo lo posible para dilatar un virtual procesamiento al ex dictador Pinochet.

En Paraguay el general (r) Alejandro Fretes, investigado en este país por la desaparición de personas durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), responsabilizó a Pinochet por la Operación Cóndor. Fretes atribuyó al ex dictador chileno de la autoría del tenebroso plan de detenciones y exterminios masivos de opositores políticos, constatando así la coordinación y los vínculos de las dictadura del Cono Sur en la década de los 70.

Augusto Pinochet (1973-1990) que ha sido desaforado por segunda vez en Chile para ser investigado por la desaparición forzosa de personas afronta ahora un pedido de privación de la inmunidad como ex presidente autodesignado en el caso del acto terrorista que le costara la vida al ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats ocurrido en Buenos Aires en 1974.

La familia del general Carlos Prats solicitó recientemente el desafuero del ex dictador para que sea juzgado, junto a otros cinco militares y cuatro civiles procesados por el doble crimen del del ex comandante en jefe del Ejército y su esposa, hace casi 30 años en la Argentina.

Frente a ello el magistrado Alejandro Solís afirmó que existen pruebas fundadas de la participación del ex militar en el crimen del general Prats y su esposa Sofía Cutberth en la ciudad de Buenos Aires. Así lo señaló al explicar su decisión de elevar su petición de desafuero contra el ex dictador al pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago. El funcionario judicial expresó «que en la investigación tanto en Chile como Argentina, respectivamente han surgido indicios fundados de la participación criminal del imputado (Augusto Pinochet)» .

Ahora en noviembre próximo, la máxima instancia del tribunal de alzada de Santiago comenzará a conocer los antecedentes de la petición formulada por la defensa de la familia Prats, que solicitó que Augusto Pinochet sea despojado de su inmunidad legal por cuanto está establecida su responsabilidad en los hechos criminales que terminaron con la vida de Carlos Prats y su esposa, el 30 de octubre de 1974.

Ahora esta solicitud de desafuero se ha presentado en los momentos en que se esperan los resultados de los exámenes médicos realizados a Pinochet en el marco de las investigaciones por los crímenes de la «Operación Cóndor», y que debieran conocerse en el transcurso de la presente semana. Por algunas opiniones que el juez Juan Guzmán dejó traslucir a la prensa además de las opiniones vertidas por Sergio Ferrer, médico que representó a los abogados del ex dictador, quien manifestó que «a su juicio, el ex general golpista no está en condiciones de ser procesado, ya que presenta un deterioro general de su estado de salud», estaría indicando que lo más probable es que Pinochet sea sobreseído por razones médicas, estableciendo así la más absoluta impunidad ante los crímenes cometidos bajo su régimen de facto.

Todo esto se produce además cuando a fines del presente mes (25 de octubre) la Comisión Nacional sobre la Detención Política y la Tortura, que encabeza el obispo católico Sergio Valech, entregue el informe sobre los casos de aplicación de tormentos a los detenidos ocurridos durante los 17 años de la dictadura militar. El documento dará a conocer la historia de más de 30 mil chilenos que fueron torturados mientras permanecieron recluidos en más de 1200 centros de detención a lo largo de todo el país. El informe entregará un relato histórico exhaustivo de lo que pasó tras el golpe de 1973 en el tema de los detenidos y torturados, una realidad que se había eludido hasta ahora.

«Se va a hacer un detalle pormenorizado de los métodos de tortura y de los lugares. Y aunque no va haber un enjuiciamiento directo a las Fuerzas Armadas, la gravedad de lo que se va a reflejar en el informe va a ser muy fuerte para las Fuerzas Armadas, porque va a mostrar que la tortura fue algo sistemático, que involucra todas las instituciones castrense y no a casos aislados como se ha mostrado hasta ahora las violaciones a los derechos humanos», expresó un miembro de la comisión.

Mientras tanto en forma paralela el juez Sergio Muñoz investiga el origen de la fortuna de Pinochet y su familia en virtud de una denuncia interpuesta por los abogados Alfonso Insunza y Carmen Hertz, además del Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de impuestos Internos que han hecho lo propio, después que un informe del Senado de los EE.UU revelara las cuentas secretas del ex dictador. De acuerdo a lo emanado de fuentes judiciales, lo más probable es que estas querellas deriven en una nueva petición de desafuero de Pinochet.

El desafuero del ex militar como ex gobernante autodesignado se pide caso a caso por lo que se espera que el juez Sergio Muñoz también deba solicitar el recurso, de la misma forma como lo ha hecho el magistrado Alejandro Solís, complicándose aún más la situación judicial de Augusto Pinochet.