escribe Eduardo Andrade Bone

Las acciones judiciales en contra del ex dictador Augusto Pinochet continúan viento en popa. Los abogados de la causa de los derechos humanos y el Servicio de Impuestos Internos, han presentado sendas querellas criminales por sus cuentas secretas en el banco Riggs y por fraude al fisco respectivamente.

Los abogados Alfonso Insunza y Carmen Hertz fueron los patrocinantes de la denuncia que permitió iniciar un proceso contra el ex dictador, luego que una investigación del Senado estadounidense diera a conocer que Pinochet había mantenido en forma secreta, millonarias cuentas en el banco Riggs, por montos que oscilaron en alrededor de 100 millones de dólares de acuerdo a los declarado al banco por el propio Pinochet. La acusación, a la que posteriormente se sumó el Consejo de Defensa del Estado, determinó que la Corte de Apelaciones de Santiago designara al ministro de fuero Sergio Muñoz para investigar el enriquecimiento ilícito de Pinochet y familia.

En declaraciones a la prensa local la abogado Carmen Hertz señaló que «lo evidente es el enriquecimiento ilícito de un funcionario público que no ha sido y no ha podido razonablemente justificarlo porque Pinochet y su entorno, como todos sabemos, ha dado versiones distintas. Ha dicho que es fruto de una vía de ahorro, lo cual se demuestra con cifras en la mano que es imposible, tendría que ser mago de las finanzas y darle la receta a todos los chilenos», afirmó Hertz.

Mientras tanto el Servicio de Impuestos Interno, que depende directamente del Ministerio de Hacienda, reconoció que presentó ante el juez Muñoz una querella contra Pinochet por un presunto delito de fraude al fisco, en el marco de la presentación de declaraciones a la renta falsas o maliciosamente manipuladas.

Las dos querellas son producto de la información obtenida, al producirse el descubrimiento de las cuentas secretas en el banco Riggs. El fraude del ex dictador ascendería a dos o tres millones de dólares, ahora, de acuerdo a lo establecido por la legislación chilena, para este tipo de delitos se establecen penas que van desde pagar una multa de entre un 50 % a un 300 % del valor del fraude hasta una pena de cárcel desde los 541 días a los cinco años.

Ahora todos los antecedentes recopilados por el SII establecerían que existirían presunciones claras de ciertas irregularidades por parte de Pinochet, lo que debe conducir inevidablemente a la solicitud de un nuevo juicio de desafuero. Ello debido a que al ex dictador perdió su inmunidad de ex jefe de Estado, por encontrarse involucrado en los crímenes de la «Operación Cóndor». La presentación de las querellas se ha producido después de que Pinochet fuera nuevamente sometido a exámenes médicos, por decisión del juez Juan Guzmán, quien lleva el caso relacionado con la coordinación desarrollada por los aparatos represivos de las dictaduras del cono sur en la década de los 70.

Los abogados querellantes sostienen que el artículo 9 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, reconocida por Chile, «define el enriquecimiento ilícito como el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no puede ser justificado razonablemente por él».

El primer presidente post dictadura, el DC Patricio Aylwin en declaraciones a la prensa pidió «que se conozca toda la verdad en el caso de las cuentas secretas de Augusto Pinochet en los EE.UU. «Creo que al país le interesa que se establezca la verdad y que se asuman las responsabilidades que correspondan», afirmó.

Ahora estas nuevas acciones judiciales, una vez más entran a complicar la situación jurídica del ex dictador, puesto que no sólo tiene que enfrentar denuncias por violaciones de los derechos humanos, sino que además tendrá que responder por los delitos de malversación de fondos públicos, cohecho y nuevas solicitudes de desafuero.

Los resultados de los exámenes médicos al ex dictador se conocerán en el transcurso de la semana y sólo después de eso, el juez Guzmán resolvería procesarlo o no. Ahora si Augusto Pinochet no es procesado por su responsabilidad en los crímenes de la «Operación Cóndor» éste quedaría en la más absoluta impunidad, echando por la borda todos los esfuerzos desplegados por establecer la verdad y el predominio de la justicia plena. Lo propio deberá hacer el juez Sergio Muñoz, una vez que de curso a las querellas presentadas por enriquecimiento ilícito del ex dictador y su familia.