escribe Eduardo Andrade Bone

Después de la resolución del pleno de la Corte Suprema que desaforó al ex dictador por 9 votos contra 8, confirmando el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, tiene una importancia mayor, pués éste, ha sido determinado ignorando los argumentos relativos al estado de salud o «demencia» del ex militar, lo que significa que Pinochet será procesado por los crímenes de la «Operación Cóndor».

La resolución judicial estableció que existen presunciones fundadas de la participación de Pinochet en el centenar de asesinatos y desapariciones forzadas atribuidas en Chile, a la coordinación establecidas por los diversos aparatos represivos de las dictaduras del Cono Sur latinoaméricanos en la década de los 70.

El dictamen significa un vuelco en la conducta del máximo tribunal que en dos oportunidades anteriores rechazó dos peticiones de similares en atención a un fallo que sobreseyó a Pinochet por presunta demencia, argumento en que se basó la defensa del ex dictador (1973-1990). El 1 de julio de 2002 la Corte Suprema ratificó un dictamen de la Corte de Apelaciones que el año anterior exoneró a Pinochet por «demencia vascular irreversible» en un juicio por 75 crímenes de la denominada «Caravana de la muerte». Ese fallo había protegido desde entonces al ex militar en los procesos que se llevan a cabo por otras imputaciones judiciales, de las cuales se presume la responsabilidad de Augusto Pinochet.

De allí, que el fallo de hace algunos días atrás de la Corte Suprema, deja al ex dictador a las puertas de un proceso por el mismo caso que lo mantuvo detenido durante 17 meses en Londres a instancias del juez español Baltasar Garzón, que solicitó su extradición a España bajo las acusaciones de genocidio, torturas y terrorismo, que están establecidos en la «Operación Cóndor».

Ahora después de ésta resolución de la Corte Suprema, el único argumento que tiene la defensa del ex dictador y de acuerdo a lo expresado por Ambrosio Rodríguez, es que Pinochet «no puede ser juzgado porque no es sujeto idóneo para seguir un proceso judicial en su contra». La presunta demencia progresiva de Pinochet es la principal razón para una vez más, solicitar su sobreseimiento. Además sus médicos personales dicen que al ex dictador lo afectarían 13 enfermedades diferentes, que están notificadas en los últimos exámenes que le han sido realizados las últimas semanas.

El abogado penalista Jorge Bofill, señala que teóricamente Pinochet podría ir a la cárcel, pero a la vez cree que es difícil que se condene al ex dictador, pués aquí no se va a establecer una responsabilidad penal. En el primer fallo, las conclusiones de los exámenes eran que él padecía de una demencia subcortical de leve a moderada, lo que no es una conclusión definitiva. A ello se agrega que la Corte Suprema, tratándose sobre todo de un desafuero, haya entendido que es necesario abrir el proceso, porque parece que hay antecedentes suficientes en contra, pero al mismo tiempo se haría necesario examinar nuevamente su estado mental, pero eso, es algo a lo cual no está obligado el juez Guzmán.
Mientras tanto los abogados ligados a las causas de violaciones de los derechos humanos en la época de la dictadura, dicen «que la defensa de Pinochet está desesperada y apela que se le practiquen nuevos exámenes para que se compruebe que está loco y se archive la causa»,dijo el abogado Eduardo Contreras.

El abogado Hugo Gutiérrez señaló que espera que esta vez «los exámenes médicos que seguro la defensa va a solicitar, no resulten en esta confabulación que todos hemos visto y que creó esta mentira que a la postre resultó echada abajo por la misma Corte Suprema que en su momento había sobreseído a Pinochet».

La entrevista que Pinochet dio a un canal de televisión de Miami, en la que respondió con lucidez las preguntas de una periodista del gusanerío cubano, aperece como un elemento en contra de los argumentos de la defensa, puesto que el ex dictador concedió la entrevista después de haber sido declarado presuntamente loco. Pero eso no es todo, Pinochet afronta imputaciones por los crímenes cometidos en su régimen y por ser el ideólogo de la Operación Cóndor», sino que también es investigado por otro juez especial por delitos de «fraude, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y cohecho».

Las últimas acusaciones están relacionadas con las cuentas secretas de la familia Pinochet Hiriart en el banco Riggs, en donde declaró una fortuna de alrededor de 100 millones de dólares, descubiertas por un sub-comité del Senado norteamericano que investiga las irregularidades de la entidad financiera en lo que respecta al lavado de dinero y narcotráfico. Ahora, la importancia que reviste el descubrimiento de las cuentas de Pinochet, es que el ex militar realizó operaciones bancarias después de haber sido declarado «demente» de allí su relación con la «Operación Cóndor» y los argumentos con los cuales cuentan los abogados querellantes para enjuiciar al ex dictador.

Las revelaciones sobre las millonarias operaciones bancarias realizadas por Augusto Pinochet después de haber sido declarado con demencia moderada, tienden a mostrar que es un farsante y pillo, más que demente, y que cuando le conviene hace de payaso loco para protegerse de los crímenes cometidos y de lo robado al Estado, y así, evadir la justicia con la complicidad de los ochos jueces que votaron en su favor, y los civiles y militares que forman parte de su entorno más cercano.

El ex dictador tras perder su inmunidad como ex presidente autodesignado, deberá iniciar una larga y complicada batalla judicial en los tribunales chilenos, que afrontará en una creciente soledad, producto del distaciamiento cada vez mayor que toman partidarios y colaboradores.

La Unión Demócrata Independiente (UDI), el principal partido de la extrema derecha y principal entusiasta de la dictadura militar, tomó distancia de Augusto Pinochet, en vista de como se ha ido complicando su situación judicial. Pinochet no sólo debe responder en el proceso relativo a la «Operación Cóndor, sino que también se ve acosado por los nuevos avances en la investigación de su enriquecimiento ilícito».

El ferviente golpista y actual senador Andrés Chadwick expresó que la UDI, de la que es vicepresidente, acata «plenamente» las decisiones que toma la justicia chilena. La horfandad del hombre que solía jactarse de que en Chile no se movía una hoja sin su consentimiento se hace cada día más evidente.

Ahora de acuerdo al procedimiento judicial, tras la ratificación de la perdida de inmunidad el caso debe pasar a manos del juez Guzmán, el mismo que lo puso bajo arresto domiciliario en 2001 durante seis semanas por los crímenes de la «Caravana de la muerte». Aunque producto de las presiones Pinochet se vio obligado a renunciar a su cargo de senador vitalicio -estaba protegido por un fuero especial que le otorgó el Parlamento en su calidad de «ex gobernante de facto» (1973-1990)-. Ahora deberá enfrentar como cualquier ciudadano el proceso que abrirá en su contra el juez Guzmán.

Para la justicia chilena, el momento que se vive es de crucial importancia, puesto que la comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos internacionales y muchos gobiernos, han manifestado su solidaridad con las víctimas de las atrocidades cometidas por la dictadura, la solidaridad internacional con aquellos que sufrieron las violaciones de los derechos humanos sigue manifestandose de manera plia en los más diversos lugares.

Al decir de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, hoy no hay excusas para no juzgar al dictador. La resolución del máximo tribunal viene a sentar un precedente histórico en los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante el régimen dictatorial. El veredicto posibilitará que sea procesado por delitos de lesa humanidad y viene a confirmar que se encuentra en condiciones para enfrentar un juicio.