escribe Eduardo Andrade Bone

El ministro Sergio Muñoz ha sido nombrado por la Corte de Apelaciones de Santiago, como juez de fuero para proceder con las investigaciones en torno de la denuncia de fraude al fisco, malversación de fondos y cohecho en contra del ex dictador Augusto Pinochet, presentada por los abogados ligados a las causas de derechos humanos, Alfonso Insunza y Carmen Hertz.

El procedimiento legal es el primero que se presenta en los tribunales chilenos, después de que se conociera la investigación que realiza un subcomité del Senado de los EE.UU en torno de las diversas irregularidades financieras cometidas por el Banco Riggs, de la ciudad de Washington y que están relacionadas con el descubrimiento de las cuentas millonarias y secretas que mantenía Pinochet en la entidad financiera.

En declaraciones a la prensa local, la abogada Carmen Hertz señaló que de «acuerdo al informe del comité del Senado norteamericano queda en evidencia que Pinochet ha sido y ha podido ser sujeto de transacciones bancarias, sujeto comercial y sin embargo, no puede ser sujeto procesal en Chile, puesto que se la ha sobreseido, como todos sabemos, por una supuesta locura o demencia».

La abogado enfatizó que «Pinochet ha cometido delitos contra los intereses generales de al menos tres países: España, los EE.UU y Chile, y un delito de fraude contra los familiares de las víctimas de sus crímenes», agregó.

Los abogados expresaron además «que es imperioso que en Chile con toda transparencia, con toda claridad y con toda exigencia, se investiguen los comportamientos de Pinochet, sobre todo porque de acuerdo al informe del Senado el general(r) hizo transacciones bancarias en el banco Riggs hasta el año pasado».

El abogado Alfonso Insunza manifestó que «estamos pidiendo que se investiguen los hechos denunciados, que se configuren los ilícitos penales, cualquiera que sean, y tendrá que pedirse su desafuero nuevamente en el caso, para determinar la responsabilidad de Pinochet en las maniobras destinadas a la evasión o protección de esos dineros».

«En algún momento la justicia tendrá que tomarle declaraciones a la familia, el juez debe determinar quien recibía los dineros, quien las depositaba, quien las administraba, hacias las inversiones y en qué se gastaban», afirmó Alfonso Insunza.

Los abogados de derechos humanos, además han solicitado que se tomen medidas precautorias con el fin de evitar que el « loco ex militar» efectué actos y contratos y que sus bienes puedar ser gravados o enajenados, de allí la necesidad de que sus pertenencias sean confiscadas.

De acuerdo a versiones de los tribunales de justicia, el magistrado ha comenzado a abocarse al estudio de la información sobre las seis cuentas y tres certificados de cobro a nombre del ex dictador descubiertas en el banco Riggs.

Por otro lado el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia ordenó a la Policía de Investigaciones averiguar el patrimonio de Augusto Pinochet, luego de recibir la solicitud en ese sentido, presentada por un grupo de abogados de derechos humanos. Ahora el Departamento Quinto de la policía civil deberá dilucidar lo relativo a la fortuna del ex dictador.

Por su parte los partidarios del ex militar cada vez toman mayor distancia del entorno de Pinochet. El líder de la extrema derecha Joaquín Lavín ex asesor de la dictadura, expresó «que el caso de las cuentas secretas de Pinochet en EE.UU deber ser investigada a fondo porque debe existir igualdad ante la ley».

La senadora de la UDI, Evelyn Matthei, descartó que la derecha pinochetista vaya a prestar apoyo como bloque al ex dictador, en declaraciones a la prensa local señalo que «la justicia siempre se enfrenta personalmente y solo. Aquí no caben nunca defensas corporativas, porque no corresponde», puntualizó.

Ahora en declaraciones vertidas para la televisión chilena, el senador de la UDI, Jorge Arancibia ex comandante en jefe de la Armada y que también poseía cuentas en el banco Riggs, en relación a Pinochet expresó que es muy difícil que haya ahorrado 8 millones de dólares. «El general Pinochet o su entorno tendrá que dar alguna explicación si hay que darla. El «prestigio» de las Fuerzas Armadas no está en cuestión, la responsabilidad es personal, si es que hay responsabilidad», acentuó.

Un complejo escenario judicial es el que enfrentará Pinochet durante los próximos días, al tener que enfrentar las demandas presentadas en su contra por familiares de víctimas de las violaciones a los derechos humanos, una investigación del Departamento de Justicia de EE.UU, la apelación al desafuero concedido por la Corte de Apelaciones de Santiago en lo relativo a la denominada «Operación Cóndor» y la inminente acción judicial del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Además la situación es muy compleja para la defensa de Pinochet, pués casi todas las transacciones bancarias fueron realizadas por el propio militar, aún después de haber sido declarado demente por la Corte Suprema.

Pero eso no es todo, en la medida en que han venido apareciendo nuevas denuncias en torno de la fortuna de la familia Pinochet-Hiriart, se vienen descubriendo presuntas nuevas malversaciones de fondo como los que habría efectuado Lucia Hiriart de Pinochet, en CEMA Chile, de acuerdo a lo denunciado por un parlamentario del PS.

Mientras tanto los hijos de Pinochet, Lucía y Marco Antonio reconocieron que los dineros aparecido en las cuentas del banco Riggs, provendrían de donaciones de partidarios de su gobierno y de empresarios chilenos y extranjeros, lo que en sus investigaciones el magistrado deberá investigar.

Por otro lado, el vocero de la familia Pinochet Hiriart, Guillermo Marín informó «que aún están recabando información, puesto que Pinochet no ha podido colaborar. Converse con el ex presidente Pinochet y él no está en condiciones de aclararme nada, porque tiene limitaciones que le impiden calificar esta situación tan compleja», afirmó.

Lo que se desprende de las palabras de Marín, es que cuando el ex dictador Pinochet se encuentra envuelto en serios problemas para dar cuenta de sus fechorías, no tiene otro recurso que hacerse «el loco», para así eludir las responsabilidades que tiene ante los diversos delitos en los cuales se encuentra involucrado.