El presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGTP), Mario Huamán, aseguró que la renuncia del presidente Alejandro Toledo será incluída en la plataforma de lucha de las organizaciones si éste no atiende los reclamos populares. Una encuesta realizada en los días previos mostró que un más del 70 por ciento de la población está de acuerdo en realizar elecciones anticipadas, mientras que sólo un 5,2% apoya al presidente Toledo.

Las expectativas populares por la asunción de Toledo, tras 10 años de férreo gobierno dictatoral de Alberto Jumori, se desmoronaron a los pocos meses de asumir. Y a tres años de gobierno, las tensiones sociales, la pobreza y las violaciones a los derechos humanos se mantienen o se han agravado.

Una encuesta realizada en los primeros días de julio, concluyó que el 89,2% de la población desaprueban gestión de Toledo, y que sólo un a 5,2 % mantiene simpatías hacia el primer mandatario.

El sondeo fue realizado por el Instituto de Desarrollo e Investigación de las Ciencias Económicas (IDICE).

Sin embargo, el estudio fue cuestionado por el dirigente oficialista Juan Sheput, jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, quien señaló que IDECI es una empresa vinculada al opositor Partido Aprista que dirige el ex presidente Alán García.

La investigación determinó que el 79,1 por ciento de los interrogados está de acuerdo en que se convoquen a elecciones adelantadas este mismo año, porcentaje que se eleva al 83 por ciento en la capital y la vecina ciudad del Callao.

A nivel nacional, la posibilidad de comicios antes del 2006 es rechazada por el 10,6 por ciento, mientras el restante 10,3, prefirió no opinar o dijo no saber.

El reclamo de la renuncia de Toledo y el llamado a elecciones nacionales en este año, cuando debería corresponder en el 2006, es impulsado por el Partido Aprista del ex presidente Alán García y por algunos sindicatos. En otros sectores políticos existe el temor de que forzar la renuncia anticipada del mandatario sería como instalar la inseguridad juridical y garantizar la misma solución para los futuros mandatarios que no respondan a las demandas populares. De allí que algunos partidos impulsan la convocatoria a una Asamblea Constituyente que modifica la actual Constitución de 1993 -creada después del autogolpe de Fujimori de 1992-, un reclamo de los sectores opositores, y a partir de allí construir nuevos acuerdos políticos que garanticen una salida política y las instituciones.

Algunos diarios de Perú recogieron las expresiones del presidente del Instituto para la Libertad y la Democracia, Hernando de Soto reclamando del presidente un paso al costado con su renuncia.

En contra de estas manifestaciones se pronunciaron congresista del partido de gobierno y el vicepresidente David Waisman, quien alertó que por ese camino "nunca más habrá estabilidad política" y que el mismo destino pueden tener los presidentes futuros.

Ante una renuncia de Toledo, los principales candidatos a triunfar en las elecciones anticipadas serían hoy, los también ex presidentes Alberto Fujimori -que cada tanto anuncia su regreso al país- y Alán García, que todavía enfrenta juicios por supuesta corrupción durante su anterior mandato.

El paro cívico del pasado 15 de Julio, el primero que enfrenta Toledo, estuvo precedido de paros parciales en la salud y la educación, y de varios incidentes contra gobernadores locales acusados de corruptos, incluso la muerte de uno de ellos en manos de una multitud furiosa.

Por otra parte, el ambiente político es sacudido cada tanto por denuncias de corrupción, como las que obligaron a la renuncia al anterior vice presidente, o como la investigación iniciada ahora sobre la falsificación de firmas en el registro del partido de gobierno Perú Posible.

Desde el anuncio del paro, el gobierno realizó una campaña de prensa para restarle adhesión, primero decretando la ilegalidad de la medida -contradictoriamente la Prefectura de Lima autorizó la marcha que cerraba la jornada de protesta- después acusando a los convocantes de promover la violencia y de estar infiltrados por una fracción de Sendero Luminoso que se habría reorganizado en los últimos meses.

No todos los sectores opuestos al presidente Toledo respaldaron la convocatoria, y muchos, incluso de la izquierda, fueron críticos a la medida. El paro cívico contó como convocantes a la Coordinadora Nacional de Izquierda y Partidos Progresistas y fuerzas de centro y derecha, aunque con algunas discrepancias sobre la plataforma de lucha.

El legislador Edgar Villanueva, del Partido Perú Ahora, que coordina un foro con otras cinco agrupaciones, ratificó el apoyo a la paralización y demandó al gobierno cambios urgentes.

En ese grupo participan organizaciones como el Movimiento Nueva Izquierda, integrante de la Coordinadora, y otras como Renacimiento Andino, Avanza Perú, varias de ellas, como Perú Ahora, con representación minoritaria en el parlamento.

El Partido Aprista (PAP), el mayor de la oposición decidió respaldar la protesta y parte de su plataforma de lucha como los pedidos de generación de empleo, atención a la crisis del agro, austeridad en el gobierno y una lucha frontal contra la corrupción.

El PAP, APRA por sus siglas de fundación, se opuso en cambio a la condena de las centrales sindicales a la política de privatización y a la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos (ALCA).

Distintas valoraciones del paro

Para los dirigentes de la CGTP el paro nacional fue acatado por la mayoría de la población en las principales ciudades del interior del país. El gobierno insiste en que el paro fue parcial y que no afectó la actividad.

Según Juan José Gorriti, secretario general de la central sindical, el paro fue cumplido en un 100% por la población de Ica, Chincha, Huancavelica y Ancash.

De igual manera, en el sur del país la jornada fue acatada por el 95% de los arequipeños, el 80% de los tacneños y puneños, y el 98% de los pobladores del Cusco.

En el norte del país la medida de fuerza sindical contó con el apoyo de un 95% de los tumbesinos, el 90% de los lambayecanos y liberteños, y el 70% de la población piurana.

Otras ciudades donde el respaldo al paro también fue masivo y superó el 90% fueron Iquitos y Pucallpa.

En promedio la CGTP considera que el país paralizó en más del 60%.

Para Gorriti el paro fue exitoso y el gobierno tiene una posición errática, casi autista, y no quiere aceptar la realidad cuando dice que el paro "fue un fracaso" como afirmaron el presidente del Consejo de Ministros Carlos Ferrero, y el ministro de Trabajo Javier Neves.

Durante las movilizaciones llevadas a cabo en diversas ciudades, se registraron aislados incidentes entre los manifestantes, especialmente entre sindicalistas y autoridades del partido aprista.

Tras los gritos "de abajo la corrupción" los dirigentes de la CGTP y del Apra se enfrascaron en una discusión en la que cada cual insistía ser líder de la marcha.

Durante una concentración multitudinaria que se desarrollaba en el Paseo Cívico de Tacna llegó hasta el lugar el presidente regional Julio Alva Centurión del APRA, a quien gritaron "ladrón, corrupto y delincuente".

En tan solo unos minutos, al titular regional tacneño le recordaron que el ex presidente Alan García aún tiene cuentas pendientes con el país, tras calificar al partido aprista como un partido desgastado.
"Abajo el APRA" y "Fuera caballo loco" fueron las arengas que resonaron en el paseo, mientras la militancia aprista pareció no inmutarse ante el rechazo.

El titular de la CGTP, Mario Huamán, explicó a la prensa que la protesta tuvo como principal demanda el cambio del modelo económico y social del gobierno.

Precisó que la plataforma de lucha contempla, en tal sentido, mejoras salariales para enfrentar al alto costo de la vida, el rechazo a las privatizaciones de las empresas estatales y reclama la renegociación de la deuda externa.

Huamán aseguró que el modelo económico, continuidad de la política neoliberal aplicada por el régimen anterior del ex presidente Alberto Fujimori, aumenta la pobreza, no crea empleos dignos, ni el crecimiento económico contribuye al bienestar de las mayorías nacionales.

Otro de los principales reclamos es la convocatoria de una asamblea constituyente que elabore una Carta Magna para sustituir la aprobada en 1993 después del autogolpe de Fujimori, el 5 de mayo de 1992, que los sindicatos consideran fraudulenta.

En el acto celebrado al término de la jornada de protesta, Huamán indicó que la segunda tarea debe ser constituir un Frente Amplio que busque la unidad de los sectores progresistas, y así formar un proyecto que permita fundar un nuevo país.

"La unidad expresada por el comando nacional de lucha continuará hasta constituir un bloque social que genere los cambios que el país demanda", señaló Huamán.

Aunque el común denominador de los más de diez dirigentes que hablaron durante el mitin fue la necesidad de que Toledo salga de Palacio de Gobierno, también señalaron que el mandatario tenía una última oportunidad para rectificarse, convocar a una Asamblea Constituyente, cambiar de modelo económico y combatir la corrupción.

Huamán recordó que la principal promesa del candidato Alejandro Toledo fue "más trabajo". Sin embargo, agregó, "solo hubo trabajo para Perú Posible".

Poco después, la dirigencia aprista, encabezada Alan García Pérez, exigió la inmediata renuncia del premier Carlos Ferrero Costa y de su gabinete en pleno por haber -según dijo- calumniado al país al adelantar que el paro nacional iba a ser violento y que sería infiltrado por terroristas.

García rechazó con evidente enojo la versión de Ferrero según la cual el Apra propició actos de violencia al quemar llantas en la puerta de su local partidario, y lo acusó de no tener autoridad moral para criticarlo.

"Rechazo los infundios del ministro fujimorista Carlos Ferrero, servidor de la dictadura a lo largo de diez años y hoy neotoledista, que ha dicho que hubo actos de violencia porque se quemaron dos llantas", afirmó.

Luego se refirió al ministro como "el ex Premier" y dijo estar a la espera de que llegue su sucesor para ofrecerle las 30 propuestas que el Apra entregó al gobierno a inicios de año.

Afirmó que, tras el paro, espera que el presidente Toledo haga un acto de contrición y, siguiendo el consejo de sus asesores, cambie su política de gobierno.

Por su parte, el presidente Alejandro Toledo saludó "la madurez política" de los promotores del paro porque no se registraron hechos de violencia y aseguró que su gobierno escucha las demandas sociales.

"Quiero saludar a los organizadores por la madurez política de haberlo hecho pacíficamente, no se ha registrado pérdida de vidas. Aquí no hay ganadores ni perdedores, ha ganado el país", destacó.

A continuación y sin mencionar a los gremios laborales, agregó: "Felicito a los organizadores, porque han hecho un paro que es un derecho y yo lo escucho, mi gobierno escucha. Hay temas que podemos mejorar y hay otros que simplemente no están en nuestras manos".

Lo importante -continuó- es respetar el derecho de aquellos que no quieren parar, que quieren trabajar.

El mandatario aseguró que el día de paralización no logró detener al país.

Los derechos humanos

Las expectativas de que el presidente Toledo modificara radicalmente las políticas autoritarias y violatorias de los derechos humanos del anterior gobierno, tampoco fueron cubiertas, y en muchos casos se insistió en la misma política represiva, dejando gran autonomía a los mandos militares.

Los informes de la organización norteamericana, American Watch de los últimos años siguen siendo críticos a la gestión de Toledo, y sostienen que "su gobierno careció de una perspectiva clara en materia de derechos humanos y pareció, con frecuencia, estar improvisando ante presiones contradictorias".

Lo siguiente es un resumen del último informe de esa organización.
"La comisión de la verdad establecida por el presidente de transición Valentín Paniagua en 2001 y respaldada por Toledo, disfrutó de credibilidad y amplio apoyo popular, a pesar de los ataques políticos y los problemas presupuestarios. Sin embargo, la búsqueda de la verdad no fue equiparable a la de la justicia, y los fiscales hicieron avances modestos en casos importantes sobre derechos humanos.

Se implantaron importantes reformas en la fuerza nacional de policía, pero la tortura siguió siendo un problema endémico. Las condiciones penitenciarias no mejoraron y, en ciertos casos, se deterioraron considerablemente. Las tardías propuestas gubernamentales para la reforma de las draconianas leyes antiterroristas heredadas del gobierno de Fujimori no abarcaron de muchos aspectos relativos a las garantías procesales y agregaron problemas nuevos".

(&.) "Los intentos del gobierno de lograr que Japón extraditara a Alberto Fujimori para que se enfrentara a los cargos de corrupción y violaciones de los derechos humanos progresaron muy poco. En junio, el gabinete aprobó una petición de un magistrado de la Corte Suprema para dar curso a la solicitud de extradición. A principios de noviembre todavía se estaba traduciendo al japonés el voluminoso expediente.

El vocero de Fujimori anunció en junio que Fujimori estaba planeando presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales de 2006.

El 26 de julio, el Presidente Toledo presentó un proyecto de ley para la reforma de las draconianas leyes antiterroristas, heredadas del gobierno de Fujimori. El gobierno guardaba la esperanza de poder rebajar las críticas internacionales corrigiendo las deficiencias de estas leyes en materia de garantías procesales, a la vez que las endurecía y aseguraba que las personas condenadas por terrorismo no pudieran justificar su puesta en libertad por dichas deficiencias: por ejemplo, aquellas personas detenidas por cometer un segundo acto terrorista tras una primera condena podrían estar recluidas hasta 30 años como "medida de seguridad", contraviniendo la presunción de inocencia; y los sospechosos de cometer actos terroristas podían estar detenidos hasta seis años sin que se determinara su culpabilidad, si la investigación de su caso resultaba "especialmente difícil".

(&.) "La tortura continuó siendo un problema grave. La Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), prestigiosa organización no gubernamental de derechos humanos, documentó 53 casos, ocurridos entre enero de 2001 y agosto de 2002, relacionados con 77 víctimas de tortura, 15 de ellas muertas a consecuencia de la misma. Una ley promulgada en 1998 prohibiendo explícitamente la tortura tuvo escasa eficacia frente a la impunidad reinante. En los cuatro años transcurridos desde su entrada en vigor sólo hubo tres condenas. Muchos fiscales no formularon cargos, o lo hicieron por un delito menor como el de "abuso de autoridad". En otros casos, los fiscales del ejército asumieron que la tortura debía juzgarse como un delito tipificado en el Código Penal Militar. Con frecuencia, realizaron una investigación paralela a la de los tribunales civiles, se negaron a cooperar con ellos y reclamaron oficialmente su jurisdicción sobre los casos".

(&.) "A pesar de las mejoras positivas en las normas sobre personas condenadas o detenidas por delitos terroristas, la infraestructura carcelaria se mantuvo en un estado deplorable, con un severo hacinamiento de presos. La prisión Lurigancho de Lima, por ejemplo, con capacidad para 1.800 presos, albergaba a unos 7.000. Los presos dormían amontonados en filas sobre el suelo de grandes pabellones. Los presos con tuberculosis o VIH/SIDA (el 2,6 por ciento de los reclusos en 1999, y la mayoría en una fase avanzada de la enfermedad) fueron atendidos por voluntarios de Médicos Sin Fronteras, a falta de atención médica oficial. La población reclusa de la remota prisión de alta seguridad de Challapalca, en Puno, situada a más de 4.000 metros de altura en los Andes, se duplicó de cincuenta a un centenar en 2002. Dada la escasez de oxígeno, el aislamiento y las bajísimas temperaturas, la defensoría del pueblo de Perú y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habían pedido reiteradamente el cierre de la prisión porque ponía en peligro la salud de los presos y del personal".