escribe Eduardo Andrade Bone

Al parecer la problemática de derechos humanos en Chile está lejos de ser resuelta o superada definitivamente en el futuro inmediato, puesto que en la medida que los funcionarios judiciales van tomando declaraciones a los presuntos involucrados en los crímenes y desapariciones de chilenos en la época de la dictadura, surgen nuevos antecedentes con respecto al papel jugado por los aparatos represivos del régimen militar entre los años 1973-1990 y que permite la aparición de nuevos inculpados.

De allí que no es raro que el actual comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, también presuntamente involucrado en las violaciones de los DD.HH, le haya manifestado su apoyo tácito al ex-dictador, ante las provocaciones bien planificadas que monta éste, a través de su apariciones públicas. Sin embargo, el actual jefe del Ejército pretende retractarse con ciertos «voladores de luces», haciendo un llamado a los miembros de las FF.AA. en servicio activo y en retiro, para que contribuyan con toda la información posible que tengan en su poder sobre las personas asesinadas y desaparecidas y a la pongan a disposición de los tribunales, para avanzar en el esclarecimiento de la situación de violaciones de los derechos humanos en plena dictadura.

Sin embargo la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Lorena Pizarro, expresó «que el mea culpa del jefe castrense en nada sirve si no va acompañado de hechos reales e información que sirva para dar con el paradero de las víctimas de la represión política de la administración de Augusto Pinochet. Solo son palabras de buena crianza y hecho mediático el llamado del comandante en jefe del Ejército, para que los uniformados «colaboren» con la justicia en el esclarecimiento de los abusos cometidos bajo el gobierno militar», declaró Pizarro.

Mientras tanto el juez Juan Guzmán, que una vez más debe decidir sobre la suerte que deberá correr el ex-dictador con respecto a su estado mental, en el zona del Alto Bío Bío ha vuelto a encontrar osamentas humanas que corresponderían a detenidos desaparecidos e igual cosa ha sucedido en la localidad de Pisagua, donde también se han encontrado resto de cadáveres correspondiente a personas que fueron asesinados por las fuerzas represivas de la dictadura.

Pero eso no es todo, el abogado querellante Eduardo Contreras en el caso «Operación Cóndor» por el que la Corte de Apelaciones de Santiago desaforó a Augusto Pinochet, informó «que pronto habrá sorpresas que ligan al ex dictador con las exhumaciones ilegales de cadáveres que se realizaron en 1978 y e fechas más recientes», afirmó.

El destacado abogado ligado a las causas de derechos humanos dio a conocer que «numerosas personas han declarado que hay órdenes expresas del (ex) comandante en jefe del Ejército (Augusto Pinochet), circulares, oficios confidenciales para que se produjeran exhumaciones ilegales». Asimismo puntualizó que algunos de estos traslados de cadáveres «se habrían producido en épocas muy posteriores a la Ley de Amnistía, que libera de responsabilidad penal a los responsables de violaciones a los derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de 1978".

Con respecto al fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre el desafuero del ex-dictador por lo relativo a la «Operación Cóndor», el abogado Contreras dijo «que contiene testimonios suficientes para determinar que el ex-militar si no es autor directo de esos crímenes sería a lo menos cómplice o encubridor».

El abogado afirmó además «que en caso de que la Corte Suprema confirme el fallo sobre el desafuero, sólo en ese momento deberá discutirse la idoneidad procesal del ex dictador».

«Al menos 10 declaraciones de altos oficiales del Ejército y de la Armada que han dado su testimonio ante el juez Juan Guzmán de que Pinochet sabía perfectamente cada uno de los casos relativos a lo que estamos viendo en este tema Operación Cóndor», enfatizó el abogado en declaraciones para los medios de prensa nacionales.

Como podemos observar el ambiente en los tribunales, está bastante movido en lo relativo a las causas sobre las violaciones de los derechos humanos y en los próximos días deberán producirse importantes novedades, que van a formar un nuevo cuadro judicial que determinaran cuales serán los pasos a seguir de parte de los abogados que defienden las causas de derechos humanos, de los familiares de las víctimas y de las organizaciones que demandan verdad y justicia.

Finalmente recordemos que las exhumaciones ilegales de cadáveres fueron una práctica casi regular de los aparatos represivos de la dictadura, así consta en innumerables denuncias testimonios y declaraciones judiciales relacionadas con las muertes ocurridas en la Cuesta de Barriga, en los cerros de Chena, Lonquén, en el Cementerio General de Santiago y en diversos lugares del norte y sur del país, además de los propios recintos militares.