escribe Eduardo Andrade Bone

Podriamos señalar que después de una resolución casi insólita el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó acoger la solicitud de desafuero del ex dictador Augusto Pinochet Ugarte, por la responsabilidad que le compete en los crímenes cometidos en la denominada «Operación Cóndor».

La votación se produjo por 14 votos contra 9 y fue dada a conocer por el presidente del tribunal de alzada, Juan Gónzalez, quién expresó además que la resolución será redactada por el magistrado Jorge Dahm, que deberá dar a conocer el fallo dentro del lapso de 15 días.

Esta noticia ha sido recibida con una profunda alegría por los familiares de los detenidos-desaparecidos, ejecutados políticos, por los abogados que defienden las causa de derechos humanos y por todas las víctimas de las barbaries cometidas por el régimen militar.

Más de un centenar de chilenos se apersonaron en los edificios de los tribunales con el objeto de seguir de cerca esta decisión de los tribunales de justicia, que ha llenado de alegría a los que han desplegados sus banderas de lucha, para que aflore toda la verdad y se imponga la justicia definitivamente, no dando paso a las pretensiones del gobierno de Ricardo Lagos, que quiere legalizar la «impunidad», con el apoyo de la derecha pinochetista.

La petición de desafuero del siniestro ex dictador fue presentada a la Corte de Apelaciones por el ministro de fuero Juan Guzmán, quién recibió el requerimiento de un grupo de abogados que defienden las causas ligadas a los Derechos Humanos.

En los alegatos producidos en los tribunales, el abogado que defiende al ex dictador, Ambrosio Rodríguez, y que también estaría involucrado en casos de violación de los derechos humanos por lo cual se ha solicitado su inhabilitación, intentó en sus argumentos insistir en lo relativo al estado de salud del ex delincuente militar, él que según él, le impide tener un debido proceso.

Por la parte querellante participaron los abogados Juan Subercaseux, Eduardo Contreras, Juan Pavín y Francisco Bravo, los cuales han tenido una dilatada trayectoría en la defensa de aquellos que sufrieron las violaciones de sus derechos fundamentales, ante los excesos de los aparatos represivos de la dictadura encabezada por Pinochet.

La «Operación Cóndor» fue uno de los planes creados por la CIA y la Casa Blanca, para coordinar las acciones represivas y de exterminio a través de las dictaduras militares, de todas aquellas personas que tuvieran un pensamiento progresista o de izquierda en países como Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil y Bolivia. La orden de los Estados Unidos indicaba que era necesario aniquilar al movimiento popular y progresista del Cono Sur latinoaméricano, lo que se hizo bajo la complicidad de todos aquellos que apoyaron las dictaduras militares.

La iniciativa es investigada además por el juez español Baltazar Garzón y el magistrado argentino Rodolfo Canicota. En Chile el juez Guzmán encabeza la investigación desde el año 1998 por la desaparición de más de un centenar de chilenos que fueron arrestados y posteriormente asesinados en los países vecinos desde 1973 en adelante.

Cabe agregar que el 1 de julio de 2002 la Corte Suprema de Justicia, desplegó todos los esfuerzos para ratificar una resolución de la propia Corte de Apelaciones de Santiago que en el 2001 sobreseyó al ex dictador por una presunta «demencia progresiva e incurable» de 75 crímenes cometidos por la Caravana de la muerte, lo que le había permitido al ex militar eludir sus responsabilidades ante la justicia.

El dictamen de esa oportunidad ha estado protegiendo desde entonces al ex dictador por las responsabilidades que tiene en otros casos judiciales en lo que se encuentra involucrado, como el proceso por el asesinato del ex Jefe del Ejército Carlos Prats y señora, y que fuera perpetrado a través de un acto terrorista en la ciudad de Buenos Aires, en octubre de 1974. También el ex dictador tiene que responder por la responsabilidades que pueda tener en la desaparición y posterior asesinatos de dirigentes del Partido Comunista en 1976, en los tribunales el caso es conocido como el de la calle Conferencia.

La presente resolución de desafuero, había quedado en suspenso el 14 de mayo pasado, cuando se produjo terminó a los dos días de alegatos de la causa. La defensa del ex dictador presentará la apelación correspondiente para seguir desplegando todos los esfuerzos pertinentes, de ma nera que le permita a Pinochet seguir escapando de la justicia, hasta el día de su muerte.

La solicitud para quitarle la inmunidad al ex dictador esta vez como ex Presidente de la República (no elegido por el voto popular), fue formulada por los abogados de derechos humanos que tramitan la posibilidad de que Pinochet sea enjuiciado por delitos de lesa humanidad, perpetrados bajo su régimen (11 de septiembre 1973 al 11 de marzo de 1990).

Con esta resolución de primera instancia, el militar en retiro podría ser procesado además por su presunta responsabilidad en la desaparición de Jacobo Stoulman y Matilde Poza, en el marco del mencionado procedimiento desplegado por agentes de los aparatos represivos de los régimenes militares del Cono Sur.

El cambio en la votación de algunos magistrados fue inesperado, ya que se creía que el sobreseimiento del ex dictador por razones de salud en la Corte Suprema seguiría causando efecto en la Corte de Apelaciones. Sin embargo en tribunales se comentó que para el dictamen pesó la entrevista que Pinochet concedió a un canal de televisión en Miami. Los ministros recibieron además recortes de prensa de sus últimas apariciones, las que calificaron de excesiva publicidad con la que se ha mostrado el mayor responsable de las violaciones de los derechos humanos cometidos bajo la dictadura que el encabezara.

Los funcionarios judiciales también sopesaron la gravedad de los hechos que figuran en los procesos.
La causa ahora pasará a la Corte Suprema, tribunal que ha mantenido su postura de rechazar los desafueros desde que la sala penal sobreseyó al dictador por su salud mental, la que a la luz de los nuevos antecedentes también podría proporcionar más de alguna sorpresa y ratificar el desafuero de Pinochet.

Mientras tanto Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), en declaraciones a la prensa local manifestó que «estamos felices, pero atentos. El dictador tiene que ir a la cárcel, el dictador tiene que pagar por todos los crímenes que cometió porque es el principal responsable»

Patricia Silva, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) recibió con alegría la perdida de la inmunidad de Pinochet y manifestó que tras esta resolución «esperamos la condena a Augusto Pinochet».

Ahora las agrupaciones de las víctimas de la represión, así como los abogados de derechos humanos, señalaron que este dictámen abre nuevamente la posibilidad de que la justicia disponga de un juicio histórico al ex dictador. De la misma forma se expresó la presidenta del Partido Comunista Gladys Marín y el secretario general del Partido Socialista, Arturo Barrios.