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Víctor Álvarez, presidente del Banco de Comercio Exterior de Venezuela |
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escribe Ignacio Cirio El gobierno venezolano cree que la estrategia inicial de EE.UU para la consolidación de un Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA) fracasó como consecuencia de la negativa obstinada de Washington a abandonar la protección de sus exportaciones y producción interna, mientras por otro lado pretende un trato preferente a sus corporaciones en las compras estatales del continente. Sin embargo, según el presidente del Banco de Comercio Exterior (Bancoex), dependiente del Gobierno Bolivariano de Venezuela, Víctor Álvarez, ello no impedirá que la administración estadounidense intente aplicar un plan B consistente en promover Tratados de Libre Comercio (TLC) de carácter bilateral con naciones latinoamericanas, lo cual resulta equivalente en cuanto a sus riesgos: constituir una sentencia de muerte para nuestros aparatos productivos. Álvarez, un doctor en Economía de apenas 44 años graduado en Cuba al frente de una institución de fomento de las exportaciones no petroleras, estuvo la pasada semana en Montevideo donde anunció la más reciente propuesta de su gobierno tendiente a mejorar los niveles paupérrimos de intercambio comercial entre países latinoamericanos: la creación de un Fondo de Garantías Recíprocas que aliente las transacciones a pequeña escala entre PYMES y cooperativas. En una entrevista concedida a la Juventud luego de su intervención en un seminario organizado por la Agencia Latinoamericana de Integración (Aladi), Álvarez dijo que el cambio en la metodología norteamericana debe ser registrado por los grupos de resistencia al ALCA y reiteró la decisión de su país de cortar vínculos con las agencias internacionales de crédito de tipo del Fondo Monetario Internacional, ratificando la voluntad de creación del Fondo Humanitario Internacional, sobre bases de cooperación y solidaridad. - Al difundir la propuesta de su país de creación de un fondo latinoamericano de garantías que promueva el intercambio comercial entre PYMES y cooperativas, usted manifestó que se trata de una alternativa al ALCA y sus riesgos. ¿Cuáles son esos peligros? Desde nuestra perspectiva, eso puede resultar nefasto para las opciones y las posibilidades de desarrollo de nuestros países, sobre todo si tomamos en cuenta la experiencia de dos décadas de apertura y liberalización que sufrió América Latina desde los año 80 cuando se entronizaron estas tesis que predican la primacía de la mano invisible del mercado sobre la intervención estatal. ¿Qué hemos visto después de 20 años? Cómo año a año los aparatos productivos se fueron desplomando, se fueron derrumbando, hemos visto cómo la industria en nuestros países que daba un aporte importante al Producto Interno Bruto (PIB) sencillamente se derrumbó. Caso patético el venezolano, donde en 1988, justo antes de iniciarse ese proceso de apertura indiscriminada y a ultranza, nuestra industria aportaba el 18.8% del PIB de acuerdo a los convencionalismos internacionales, un país se considera industrializado cuando su sector manufacturero aporta por lo menos el 20% del PIB, nosotros estábamos cerca de alcanzar ese umbral- y sin embargo ese proceso se vio abortado al iniciarse en 1989 la apertura. Nuestra industria no pudo competir con la inundación de productos subsidiados desde las grandes potencias y hacia principios del 2000 ese aporte era de 13% del Producto. Ello significó el desplome a los niveles de desarrollo preindustrial, antes que se iniciaran las políticas de sustitución de importaciones. Pero esto no pasó sólo en Venezuela sino en todos y cada uno de los países que ingenuamente creyeron en ese discurso, que postulaba los mecanismos del mercado como resortes más eficientes para orientar los recursos. Y ésa es justamente la esencia del ALCA. Esa propuesta plantea una liberalización mucho más profunda, y total, y para siempre, porque lo que está planteado es la suscripción de un acuerdo supranacional que regiría incluso sobre las leyes de las instituciones nacionales. Tengamos en cuenta que la declaración de San José así lo dice: todos los países que firmen el ALCA deberán adecuar su marco legal y su entorno institucional a los mandatos del acuerdo. De una vez y para siempre, las posibilidades de orientar el desarrollo nacional a través de políticas públicas, a través de incentivos comerciales financieros, compras gubernamentales, medidas para la difusión de las innovaciones se verían entregados e hipotecados. Así, los Estados se verían amarrados y sin la posibilidad real de diseñar y ejecutar ese tipo de políticas. En nuestros países, donde los mercados no funcionan, donde los mercados son tan imperfectos, donde se ha demostrado que las leyes de oferta y demanda no se cumplen, el ALCA sería sentenciar a la bancarrota nuestros aparatos productivos que necesitan de incentivos fiscales, créditos de banca de desarrollo, incentivos financieros, estímulos a través de las compras gubernamentales. Todo eso prácticamente quedaría eliminado. - ¿Qué decisiones han sido tomadas para revertir ese proceso de desindustrialización en Venezuela? - Pero esa preferencia viene dada de hecho por la propia escala de esas corporaciones y sus costos... Venezuela considera esas tesis como inadmisibles, las rechaza categóricamente y no está dispuesta a suscribir ningún tipo de acuerdo que pueda comprometer la participación soberana del Estado y del gobierno en lo que es el diseño y ejecución de políticas públicas para el desarrollo. - ¿El Fondo Latinoamericano de Garantías Recíprocas (FLGR), propuesta que anunció aquí en Montevideo, camina en ese sentido? Éstas necesitan que se les facilite el acceso al crédito; enfrentan tremendas dificultades sencillamente porque no tienen cómo afianzar, como garantizar y atender las elevadas exigencias de la banca comercial a la hora de solicitar un crédito. Muchas veces, apenas pueden garantizar el 60 o 75% y por esa razón las operaciones comerciales entre nuestros países no se dan y vemos cómo el intercambio comercial disminuye o se queda estancado año a año. La idea de crear un FLGR es una medida complementaria a los progresos en materia de integración comercial para que se promueva en cada país la respectiva sociedad nacional de garantías. Son dos niveles. Esa sociedad nacional sería quien le de el respaldo a la PYME o a la cooperativa y así permitirle generar productos para exportar a otro país, o bien importar. Creemos que es un paso muy importante en este objetivo la consolidación y avance en la construcción de la Alternativa Bolivariana para América Latina (ALBA). - Ha sido un elemento en común, no digo de Venezuela pero sí de otros países de la región entre ellos Uruguay, la desesperada búsqueda de acuerdos bilaterales con EE.UU. ¿A eso se refería usted durante la conferencia al mencionar las quimeras que han perseguido algunas naciones? - ¿Aquello de desde Alaska hasta Tierra del Fuego, a su juicio, no va a ser? No olvidemos que en nuestro países la posibilidad real de enfrentar la pobreza y la exclusión social depende muchísimo del desarrollo rural. Y no habrá tal desarrollo si tenemos que enfrentar la competencia desleal que se expresa en esa inundación de productos subsidiados por parte de EE.UU. Esa negativa significó que las negociaciones se trancaran porque un grupo importante de países no está dispuesto a ceder en materia de inversiones, servicios, compras gubernamentales y propiedad intelectual, mientras EE.UU mantiene una posición intransigente en eliminar los subsidios agrícolas. Ahora, ante este fracaso, el ALCA ha terminado siendo una especie de trapo rojo contra el cual mucha gente sigue embistiendo mientras por este lado se están colando los TLC y los acuerdos bilaterales. Por eso es que el gran alerta hacia América Latina y a los movimientos de resistencia es: mucho cuidado con esa intención de imponer un ALCA a retazos, de imponer un ALCA por cuotas a través de los TLC porque en esencia representan el mismo peligro. Sólo que el ALCA es una propuesta para imponer esa situación de una vez a los 34 países, pero frente al fracaso de esa pretensión el plan B de EE.UU es ir imponiendo estos TLC bilaterales. Ante esa circunstancia, Venezuela alerta. - ¿En qué marco se inscribe el decidido apoyo que su país le ha brindado en materia energética a la Argentina? Los principios del ALBA de solidaridad y cooperación son los que guían y gobiernan la relación de Venezuela con cualquier otro país de América latina. Exactamente lo mismo que suscribimos y acordamos con Argentina, estamos dispuestos a hacerlo con otro país de América Latina, por supuesto siempre y cuando las autoridades de ese país manifiesten su voluntad y su interés de hacerlo. Es un asunto de voluntad política. Venezuela está convencida de que para que el proceso de integración latinoamericano avance, ese principio de solidaridad y cooperación tiene que expresarse en un trato especial y diferenciado, sobre todo para las economías más pequeñas. Estamos dispuestos a concretar esos principios, lo único que hace falta es la voluntad de los gobiernos, porque la voluntad de los pueblos ya la hay. - En alguna oportunidad esa manifestación de voluntad fue expresada por el presidente Jorge Batlle. ¿Por qué no se concretó un acuerdo de ese tipo con Uruguay, que también al igual que Argentina atraviesa una crisis energética? Inmediatamente después de recibir esa solicitud formal -no fue una declaración de prensa, una información a través de un programa de televisión, sino una petición formal, en las relaciones de Estado eso se requiere- el gobierno de Venezuela rápidamente procedió a facilitar la firma de ese convenio. Enseguida comenzamos el envío de 240 millones de dólares entre el mes de mayo y octubre, y Argentina se comprometió a pagar ese envío en unas condiciones muy flexibles que le ofreció nuestro gobierno, considerando las restricciones de divisas que en estos momentos tiene Argentina y considerando que es un pueblo amigo, un gobierno recientemente electo que necesita el apoyo de los demás gobiernos de América Latina para que pueda rescatar y consolidarse la gobernabilidad en ese país. - ¿Qué tan flexible fueron las condiciones? Esa es la manifestación concreta de que es posible un intercambio comercial de nuevo tipo, basado en la complementación económica, en los acuerdos de compensación comercial y no regido por el imperio del dólar. - Su planteo llega a contrapelo de la teología del Banco Mundial (BM) y del FMI con el cual se evangelizó a las economías de la región. ¿Qué ecos ha tenido de esos centros financieros la propuesta? Por ello, Venezuela ha planteado la tesis de creación de un Fondo Humanitario Internacional que, en lugar de creer que los asuntos del desarrollo armónico y proporcional entre nuestras naciones se van a resolver obligándonos a aplicar esos severos programas de ajuste estructural y su lógica perversa, avance hacia una nueva institucionalidad que comprenda la nueva circunstancia. Esa es una propuesta muy concreta a la cual se suma la que hicimos en la sede de Aladi de crear el FLGR y son parte de la emergencia de una nueva institucionalidad que sustituya y desplace a esa institucionalidad caduca, obsoleta, que surgió en otro contexto histórico pero que se quedó resagada y anclada, sin saber interpretar la dirección de los nuevos tiempos. Venezuela está haciendo esta gama de propuestas y tenemos la certeza, la convicción, de que se van a ir concretando y materializando porque van en el mismo sentido del progreso de los pueblos. |
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