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28-Mayo-2004

 

Actualidad

 

Carta de los presos políticos en huelga de hambre
Jueves 20 de Mayo / 2004
Compañeras y Compañeros:
No es fácil encontrar señ ales de esperanza, pero nosotros somos porfiados y por eso seguimos aquí. Nos sigue alimentando la amistad, la sencillez, la memoria de las luchas y nuestro anhelo por la libertad y la justicia.
Iniciamos esta carta con las palabras de Roque Daltón, pues pensamos que grafican el animo de esta huelga y el fuerte deseo que envuelve esta lucha por la libertad. Queremos extender nuestro abrazo, nuestro cariño y valoración a la actitud de sus vidas, al compromiso solidario y consciente con que nos han acompañado a lo largo de este combate que pretende conquistar la libertad.
Nos reconforta que las montañas, los mares y el profundo dolor de saberse lejos del pueblo amado -solo físicamente- no haya impuesto el dolor y la apatía. Hemos recepcionado sonrientes las noticias de las movilizaciones que se han generado en Europa y otros países, en apoyo a las y los que estamos en huelga, a la libertad de todos los presos políticos, en contra de la impunidad... en definitiva por la justicia, que ha estado ausente en este país, salvo por unos pocos milicos paseando por tribunales para hacernos creer que si existe justicia, este país que definitivamente no anda bien, pues se persigue y encarcela al mapuche que lucha por su tierra, se sigue fomentando el enriquecimiento de poderosos a Acosta de la explotación de mujeres y hombres de pueblo, se arrebatan las conquistas sindicales y la carencia de una buena educación, salud y trabajo aún esta presente. >
Gracias por acompañarnos con sus voces y actos en este grito que exige libertad y que pronuncia con claridad el no querer ser moneda de cambio por los violadores de los derechos humanos.
¡Fuerza y coraje para todos ustedes!
¡Que ninguna voz calle y ningún puño alzado se rinda!
Pablo Vargas, Esteban Burgos, Hardy Peña, Jorge Espinola y Jorge Mateluna.
Colectivo Rodriguista en Prisión

La ONU exige la derogación de la ley de amnistía en Chile
Eduardo Andrade Bone
La Organización de las Naciones Unidas, a través del Comité que vigila el Cumplimiento de la Convención Contra la Tortura, le solicitó a Chile la derogación definitiva de la Ley de Amnistía, que protege a los militares que se encuentran involucrados en las violaciones de los derechos humanos.

Además el organismo internacional ha recomendado la realización definitiva de reformas a la Constitución del 80, que fuera elaborada por los esbirros de la dictadura, sin que hasta ahora los gobiernos de la Concertación hayan desplegados esfuerzos políticos reales para devolverle la soberanía plena al pueblo chileno. Las demandas de la ONU tienen por objeto además, de que en Chile el respeto a la Carta Fundamental de los Derechos Humanos esté plenamente garantizado.

Recordemos además que este último tiempo, diversos organismo de la ONU y ONG han llamado la atención a Chile, por el incumplimiento de los pactos internacionales que están relacionados con los derechos humanos, la libertad de prensa, los derechos de los trabajadores y el respeto a las minorías étnicas.

La ONU también ha solicitado que se pueda extender el trabajo de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, que escuchó los testimonios de alrededor de 28 mil personas que fueron víctimas de los aparatos represivos de la dictadura. Sin embargo el mencionado organismo no acogió las denuncias de diversos tipos de vejámenes ocurridos en plena «democracia». Tampoco aceptó las denuncias de las mujeres que fueron violadas por miembros de los aparatos represivos en los allanamientos realizados a los hogares, en los centros de detención clandestinos y en los campos de concentración. Según el concepto del gobierno de Ricardo Lagos, las violaciones y el abuso sexual no es considerado una tortura, independientemente de las secuelas síquicas que deje está situación.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, los abogados de Derechos Humanos y diversas organizaciones relacionadas con estos temas, han manifestado su conformidad con las solicitudes del Comité de las Naciones Unidas Contra la Tortura. Puesto que Chile debe agotar todos los esfuerzos posibles para el esclarecimiento de la verdad, y las 104 mil víctimas de la tortura puedan entregar sus respectivos testimonios.

Lorena Castillo, presidenta de la AFDD se manifestó por entregar el total respaldo a la abolición de la Ley de Amnistía, que comprende los períodos de 1973 a 1978, porque «permitiría conocer la verdad de lo que pasó en la época más dura y oscura de la dictadura militar y sancionar así, a los responsables de las violaciones a los derechos humanos».

El organismo de la ONU también solicitó eliminar el principio de obediencia debida del Código de Justicia Militar y transferir además el control de la policía uniformada al Ministerio del Interior, así como los diversos antecedentes que tienen que ver con los crímenes de la «Operación Cóndor».

Mientras tanto, las últimas informaciones que están relacionadas con estos hechos, nos indican que el gobierno de Lagos estaría creando un ministerio encargado de la seguridad pública, y la policía uniformada pasaría a depender directamente de esta nueva cartera. La decisión se habría producido en el Parlamento chileno, tras un acuerdo con la derecha pinochetista (UDI-RN).

Ahora la facultad exclusiva de extender el trabajo de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, es del presidente Ricardo Lagos. El Comité Contra la Tortura de la ONU pedirá un nuevo informe a Chile en octubre de 2005, para controlar si se cumplen o no las recomendaciones y requerimientos del organismo internacional.



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