Un ejército paralelo de entre 20.000 y 35.000 mercenarios reclutados por unas 40 empresas de seguridad se han constituido en la tercera fuerza militar de ocupación de Irak, detrás de los 130.000 soldados norteamericanos, y 30.000 soldados británicos. El número de efectivos tiende a crecer en la medidas que las tropas de la coalición no pueden cumplir las misiones de proteger empresas, embajadas, oleoductos, pozos de petróleo, refinerías y ciudadanos extranjeros.

Cuando el pasado 31 de marzo cuatro "contratistas" que después se sabría eran mercenarios contratados por la empresa estadounidense de seguridad Blackwater USA, cayeron en una emboscada en la ciudad de Faluja y sus cuerpos fueron quemados, mutilados y exhibidos, la existencia de los mercenarios y ejércitos privados era ignorado por la mayoría del público.

Sin embargo, el fenómeno no es nuevo, y data de principios de los años 90, cuando Estados Unidos debió reducir a la mitad del número de sus efectivos en las Fuerzas Armadas.

Con esa "mano de obra desocupada", altos ex jefes del Pentágono crearon compañías de seguridad que se encargaban de vigilar empresas, derrocar gobiernos, y crear ejércitos en todo el mundo.

Su primer campo de acción fue Africa, donde protegían minas de oro, de diamantes, pozos petroleros, sostenían en el gobierno a dictadores o derrocaban presidentes. La privatización de la guerra era negocio por todos lados. Permitía además extender la política colonial de las potencias sin que éstas estuvieran directamente involucradas y sin asumir los costos políticos, además de llevarse a cabo fuera de cualquier legislación internacional y por lo tanto sin necesidad de rendir cuentas. De Africa pasaron a participar en la desmembración de la ex Yugoslavia, donde adquirieron más poder.

Paralelamente la CIA recurría a estos contratos para enviar agentes a varios países, entre ellos Colombia (donde al menos tres de estos contratistas permanecen presos de las FARC después de haber sido derribado el avión en que viajaban).

Ahora en Irak, los analistas militares están observando la creciente privatización de la guerra con un aumento extraordinario de personal de compañías de seguridad privadas en relación a la cantidad de militares de los ejércitos ocupantes.

Según estimaciones, existe un guardia (o contratista como se le denomina ahora, o mercenario) por cada 10 soldados de las tropas de ocupación. Esta proporción es diez veces mayor que la que existía durante la guerra de 1991.

El "trabajo" de estas empresas abarca desde la protección de empresarios, funcionarios, empresas, hasta el cumplimiento de tareas que deberían estar a cargo de los ejércitos nacionales. En esta privatización de la guerra se incluye la custodia de presos y hasta su interrogatorio. Algunos de los casos de torturas denunciados en las prisiones iraquíes han estado a cargo de estos "contratistas".

La Convención de Ginebra, artículo 47, prohíbe el uso de mercenarios y los define como "aquellas personas reclutadas para un conflicto armado por un país distinto del suyo y motivado por la ganancia personal", y pese a que la convención entró en vigencia en 2001, los gobiernos eluden señalar a las actividades de las empresas de servicios militares como actividad de mecenarios.

Recientemente, la Cruz Roja expresó su preocupación por una falta de distinción entre las responsabilidades de los soldados y estos nuevos mercenarios. Claude Voillat, el jefe adjunto de las operaciones de la Cruz Roja en el Cercano Oriente, dice que "nuestra preocupación es que hay un vacío de regulaciones, un vacío en cuanto a las reglas de participación que se puede transformar en un peligro real, una vez que se pone a algunas de esas personas con un arma en el terreno", dijo.

La Cruz Roja teme que soldados privados que violen las convenciones internacionales no tengan que darle cuentas a nadie y quiere que los gobiernos se responsabilicen por esas compañías. "Lo principal es devolver la responsabilidad a los gobiernos. ¿Pero qué gobierno se hará cargo: el que contrata a la compañía o el del país de donde la compañía proviene?", señaló Voillat.

Una compañía británica puede estar trabajando para el gobierno de Estados Unidos, pero ¿qué ley se aplica, la británica, la iraquí o la estadounidense? ¿Protegen las Convenciones de Ginebra a los contratistas de seguridad privados si son capturados?

Peter Singer, de la Institución Brookings de Washington, señaló que "hasta hora no hay leyes internacionales que controlen esta industria. Es un vacío que hay que llenar", dijo.

"Además, los clientes de esta industria, principalmente en Estados Unidos, necesitan reevaluar qué funciones se pueden externalizar y cuáles son demasiado importantes para el interés público como para pasarlas al mercado privado".

Las empresas con más presencia en Irak pertenecen también al núcleo de confianza del Pentágono. Entre ellas Blackwater -cuatro de sus empleados fueron muertos y colgados en Faluya-, MPRI, TASK, Kroll Security, Eirinys, Global Risk Strategies, DynCorp (contratados para la lucha contra la guerrilla en Colombia, y beneficiados ahora por un contrato de 40 millones de dólares para preparar a la policía de Irak), Armor Group, SAIC o Vinnell (que fue propiedad de Carlyle Group, una firma asociada al padre del presidente Bush, y ex presidente), y Betac conocida por haber realizado labores clandestinas por encargo del Comando de Fuerzas Especiales del Pentágono, y dirigida por dos ex jefes de esta unidad.

Vinnell, vinculada al ex presidente Bush, tiene un contrato con la monarquía de Aurabia Saudita, por unos 2.000 millones de dólares para entrenar a su policía. También participan en millonarios negocios con la familiar real saudita MPRI, Dyncorp, y O´Gara Protective Services (formada por ex agentes de la CIA) que se encarga de la protección de la monarquía.

La Military Professional Resources Incorporated (MPRI), con sede en Virginia, Estados Unidos fue fundada por el general retirado del ejército estadounidense Vernon Lewis en 1987. También revistan en ella militares con medallas, como el general Carl Vuono, uno de los comandantes de la invasión a Panamá y la guerra del Golfo, el general Ed Soyster, de la Agencia de Inteligencia de Defensa, el general Frederick Kroesen, comandante del ejército estadounidense en Europa

La Global Risk, tenía a principios de este año unos 1.100 hombres, más que el efectivos aportados por los países centroamericanos en conjunto que participan en las tropas de ocupación. Entre los "contratistas" de Global Risk hay decenas de ex soldados gurkas, conocidos por las barbaridades que cometieron en la guerra de Las Malvinas.

150.000 millones de ganancias

Las "empresas de servicios militares" (PMF en su sigla en inglés) pueden mantener sus actividades y lista de clientes en secreo en EE.UU. al no estar reglamentada la actividad. Según estimaciones, generan ganancias por 150 mil millones de dólares al año y se estima que para el 2010, los ingresos previstos alcanzarán los 200.000 millones. Estas empresas de mercenarios tienen una internacional, que paradójicamente denominan Asociación de Operaciones Internacionales de Paz.

Su presidente, Doyug Brook definió las tareas de las PMF en una entrevista a un diario norteamericano: "La realidad es que occidente no quiere comprometer sus ejércitos en zonas como Africa, y la única manera que los países pueden adquirir capacidad militar para poner fin a sus guerras, es contratar los servicios".

La lista de clientes, con el único denominador común de que pueden pagar los servicios, van desde Estados, ex dictadores dispuestos a recuperar el poder y empresas. Algunos países utilizan estos ejércitos paralelos como instrumento de su política exterior. Pueden agredir a otros países y eludir las convenciones internacionales y las consecuencias negativas. Un ejemplo de ello fue la contratación, por parte de Inglaterra, de la empresa Sandline -pionera en este campo- para intervenir en Sierra Leona, eludiendo el embargo de la ONU de exportación de armas.

Cheney a la cabeza del negocio

A mediados de 1992, el entonces Secretario de Defensa, Dick Cheney, le encargó a la empresa Brown & Root Services, subsidiaria de la Halliburton, que lo recibiría como director en 1994, a cambio de 4 millones de dólares, un plan para privatizar servicios militares. Poco meses después le volvió a pagar otros 5 millones de dólares para la actualización del plan.

Ya en la administración de Bill Clinton se comenzó a ejecutar el plan. El ejército norteamericano redujo sus efectivos de 2,1 millones a 1,4 millones, y la mayor parte de sus tareas pasó a empresas privadas (creadas por ex altos mandos del Pentágono). Desde 1994 al 2002, el Pentágono gastó 300.000 millones de dólares en poco más de 3 mil contratos que acapararon unas 12 empresas entre las que se encuentra por supuesto, Halliburton vinculada al actual vicepresidente Cheney.

Hoy, una tercera parte de las funciones del Ejército norteamericano está en manos privadas (incluido el mantenimiento y el manejo del Air Force One). La Administración Bush confía en seguir distribuyendo servicios del ejército a los "contratistas", hasta dejar la proporción en mitad y mitad.

Las Empresas de Servicios Militares son uno de los sectores industriales de más crecimiento en Estados Unidos y están creciendo más rápido que las empresas de Internet o de biotecnología.