escribe Aluízio Palmar

Investigaciones en los archivos de la Delegación de la Policía Federal de Foz do Iguazú, revelan la existencia de documentos que prueban la participación de la empresa binacional Itaipú en el denominado Plan Cóndor, de coordinación entre las dictaduras latinoamericanas, en especial de una red de espionaje formada por Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay.

Durante 15 años la Agencia Especial de Seguridad e Información (AESI) de Itaipu Binacional, espió y redactó informes que eran distribuidos entre los órganos de represión de los gobiernos militares de la región. Desde 1973 a 1988, la agencia fue un reducto de militares y policías torturadores que pertenecían a la estructura represiva de la dictadura. Algunos de ellos actuaron en un aparato paralelo que era mantenido por el consorcio de constructoras UNICON.

Tanto la estructura formal (AESI) como la clandestine tenían sus similares en Paraguay donde funcionaba la versión guaraní de los "tonton macoute". Varias ciudades de todo Brasil integraban la red de espionaje y represión binacional, con sus principales bases de operaciones en Rio de Janeiro, Brasilia, Curitiba y Asunción, además de Foz y Ciudad del Este (entonces denominada Ciudad Puerto Presidente Stroessner).

La Agencia Especial de Seguridad e Información no se limitaba a espiar a empleados o candidatos a empleos en la empresa binacional. Los habitantes de Foz y alrededores eran investigados, y los paraguayos, argentinos, uruguayos y chilenos que trabajaban en la obra, recibían atención especial.

La participación de Itaipú en la Operación Cóndor puede ser comprobada en diversos expedientes que se encontraron en los archivos de la Policía Federal de Foz de Iguazú, como por ejemplo el informe 031/76, del 15 de diciembre de 1976, enviado por AESI brasileña a su similar paraguaya. Atendiendo al pedido de sus colegas paraguayos, el general Costa Cavalcanti colocó a sus agentes a vigilar al médico y dirigente del Movimiento Popular Colorado (Mapoco), Agustín Goiburú.

Dos meses más tarde, después que AESI/Itaipu envió su informe a los militares paraguayos, Goiburú, que estaba exiliado en Argentina y acostumbraba visitar a unos amigos en Foz de Iguazú, desapareció. Años más tarde, el professor paraguayo Martín Almada descubrió en archivos secretos de la policía de Sotressner, que Agustín Goiburú fue secuestrado y llevado al Paraguay, donde fue torturado hasta la muerte en el Regimiento de Escolta Presidencial en Asunción.

Durante la investigación en los archivos de la Policía Federal, encontré copias de documentos que comprobaban la participación de militares que actuaban en el Centro de Información del Ejército (CIEX) y en la Agencia Especial de Información de Itaipú en el secuestro y muerte de Agustín Goiburú. Como el acceso a los archivos de la Policía Federal fue en condiciones excepcionales, no me fue permitido hacer copias de los documentos. Durante los 3 meses en que revisé los papeles, encontré 3 cuadernos con informaciones relevantes sobre el caso Goiburú.

Diversos documentos en los archivos de la PF de Foz revelan la participación de Itaipú en la Operación Cóndor". La AESI mantenía correspondencia directa y constante con los órganos de repression de las dictaduras de Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. Es el caso de varios pedidos de información sobre militantes del marxista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y de los peronistas de izquierda Montoneros, enviados por los militares argentinos al departamento de inteligencia de Itaipú.

En el archivo hay varias listas con nombres de personas que estarían trabajando en la construcción de la central hidroeléctrica. Para atender al pedido de sus colegas argentinos, los militares que dirigían el sevicio secreto de Itaipú elaboraron un plan represivo bautizado como "Operación Mesopotamia".

Comandado personalmente por el general Costa Cavalcanti y por el capitán Roberto Henrique Helbling y después por el coronel Bruno Castro da Graca, la operación constó de investigaciones minuciosas de todos los latinoamericanos que trabajan en la obra. A causa de esas investigaciones, muchos trabajadores sospechosos de "subversivos" fueron entregados a los militares argentinos, como es el caso de Carlos Roberto Albarracín. Sobre ese y otros casos existen abundantes copias de documentos emitidos por la AESI/Itaipu en los archivos de la Policía Federal de Foz.

Muerte en la travesía a Puerto Iguazú

Otro ejemplo del contubernio entre las dictaduras del Cono Sur fue la muerte de los argentinos Lilían Inés Goldemberg y Eduardo González Escabosa, ocurrida durante el viaje de la pareja de Porto Meira, en Foz de Iguazú a Puerto Iguazú en Argentina.

Un sábado 2 de agosto de 1980, Lilían, de 27 años, y su compañero Eduardo, de 30 años, se embarcaron en la lancha "Caju IV", piloteada por Antonio Alves Feitosa, conocido en la región como "Tatú". Antes de atracar en el lado argentino, dos policías brasileños que estaban a bordo, mandaron al piloto de la lancha a detener la embarcación y apuntaron sus armas contra la pareja.

Cercados, Lilían y Eduardo, pudieron ver más policías en el atracadero, que llegaban de la aduana argentina. Al darse cuenta que habían caído en una celada, Lilían y Eduardo se mezclaron con un grupo de religiosos que estaban a bordo y gritaron que eran perseguidos politicos y que preferían morir allí que ser torturados. Enseguida abrieron una bolsa de plástico, tomaron unos comprimidos y bebieron el agua barrosa del Río Paraná. Murieron en 30 segundos, envenenados por una fuerte dosis de cianuro.
"Tatú" fue convocado a la Capitanía de Puertos de Foz y la Prefectura Naval de Puerto Iguazú donde se le aconsejó olvidar la muerte de los jóvenes argentinos ocurrida en su lancha.

Después de 20 años de la desaparición de Agostín Goiburú, de la muerte de los dos jóvenes argentinos en la lancha, y la desaparición en la región de Foz de 6 brasileños (Onofre Pinto, Daniel y Joel de Carvalho, José Lavechia, Vitor Ramos y posiblemente Gilberto Faria Lima) y del argentino Ernesto Ruggia, una cortina de misterio impide que los detalles de la participación brasileña en esa y otras operaciones del Plan Cóndor sean conocidas.

Algunas pistas, como los casos relatados, indican que la triple frontera estuvo en los ojos de las fuerzas antidemocráticas que castigaron América Latina en la década de los 70. Entretanto, informaciones más completas y detalladas sólo serán conocidas cuando el decreto 4.553 sea revocado y todos los archivos que guardan documentos sobre esa época, sean abiertos.

El secreto viola el acceso a la información

El decreto 4.553, sancionado por Fernando Henrique Cardoso y reglamentado por Lula, es un retroceso en la apertura de los documentos históricos, pues amplia el plazo para mantener en secreto los documentos clasificados como secretos, confidenciales y reservados, y prevé la renovación indefnida para los documentos clasificados como ultra secretos.

Esto viola el derecho fundamental del acceso a la información garantizado por el artículo 5, inciso 33, de la Constitución: "Todos tienen derecho a recibir de los órganos públicos información de su interés particular, o de interés colectivo o general".

Cuando se habla de investigar en los documentos del período dictatorial es un "Dios nos ayude". Con excepción de los archivos de las reparticiones de orden político y social, que fueron abiertos por los gobiernos estaduales de la década de los 90, los demás archivos continúan cerrados bajo siete llaves.

En los archivos de la PF de Foz, millares de documentos registran informaciones importantes para los interesados en investigar el período dictatorial.

Sobre Foz y la región Oeste existen documentos sobre los movimientos sociales, conflictos de tierra, prensa, indios, etc-