escribe Eduardo Andrade Bone

En innumerables oportunidades hemos leído o escuchado uno de los slogans favoritos del presidente Ricardo Lagos en Chile que dice: «hay que dejar que las instituciones funcionen», ello precisamente cuando el presidente quiere limpiarse las manos en cuestiones institucionales que lo afectan directamente. Pero en este caso particular, parece que Lagos no quiere que las instituciones funcionen con la independencia necesaria, cuando se trata de investigar los casos de corrupción ocurridos durante su administración.

Esto debido a que la juez Gloria Ana Chevesich determinó, por primera vez, en una resolución judicial, que en el Ministerio de Obras Públicas funcionó un sistema recaudador de fondos, durante la última campaña presidencial. En la misma resolución, resolvió nuevos procesamientos por fraude y estafa al Estado.

La ministro en visita para el caso MOP-GATE, dictó un nuevo auto de procesamiento en contra del ex ministro de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, Carlos Cruz, y el ex jefe de Finanzas de esa repartición pública, Sergio Cortés, por los delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público.

Las imputaciones realizadas por la juez, son por un fraude de 39 millones de pesos (alrededor de 65 mil dólares), que ayudaron a financiar la campaña del actual presidente Ricardo Lagos. De allí, que el nuevo procesamiento se basa en contratos ascendientes a 567 millones de pesos (casi un millón de dólares) que la Dirección General de Obras Públicas y la Subsecretaria de la cartera firmaron con la Consultora Ego Limitada, que posteriormente realizó un cambio de giro social a la de Gesys Limitada.

De acuerdo a este procedimiento, algunas firmas que prestaban asesorías al Ministerio cobraban una determinada cantidad sobres los costos de sus servicios y el excedente volvía al Ministerio con el objeto de pagar sobresueldos a altos funcionarios del Gobierno. La juez determinó que de estos dineros, 692.000 mil pesos (1.100 dólares) fueron a parar a la campaña de las primarias del conglomerado de partidos políticos conocido como la Concertación, que en esa oportunidad tuvo como rival al senador demócrata-cristiano, Andrés Zaldívar, conocido en el mundo político chileno como «El Enano Maldito», del ala reaccionaria de la DC y uno de los cómplices del Golpe de Estado en septiembre de 1973.

Ahora durante el año 2003, el ex ministro Carlos Cruz estuvo detenido durante 40 días, posteriormente la juez Chevesich determinó su libertad. Sin embargo, se informó a la prensa que este cuarto procesamiento por fraude al Estado no altera la libertad condicional del ex funcionario público, que es de la exclusiva confianza del presidente Lagos.

Ahora toda esta situación, de hecho relacionada con los escándalos de corrupción en Chile y que nuevamente vuelve a las primeras planas de los medios de comunicación locales, están refrendados además por el estudio anual realizado por el Instituto Libertad y Desarrollo que nos indica que la mayoría del país percibe un aumento notable de las coimas y la corrupción en la Policía Civil, en las instituciones públicas, los municipios y el Poder Judicial. El instituto antes mencionado define la corrupción «como el uso de bienes y servicios como asimismo de regulaciones y cuerpos legales para otorgar privilegios privados». El estudio fue realizado en enero .

El problema de las coimas y la corrupción en Chile, que se extiende desde los tiempos de la dictadura, no es tan solo la herencia del régimen militar, si no que además del modelo económico vigente, depredador, de la voracidad del libre mercado y todas las lacras sociales que lleva consigo, cuyo costo mayor en este caso, lo tiene que pagar el pueblo chileno. Los mayores éxitos del modelo económico neoliberal en Chile son las inversiones golondrinas, el surgimiento de una mafia económica, el lavado de dinero, el tránsito del narcotráfico, la transformación del país en el nuevo burdel de Latinoamérica, la mediocridad política, la farándula enajenante, la gran brecha entre ricos y pobres y por ende la corrupción que está inserta en los diversos niveles de la sociedad chilena.

Para graficar un poco más está situación, podemos dirigirnos a través de Internet, al trabajo realizado por Héctor Kol sobre la corrupción en Chile y que nos ilustra de la siguiente manera lo que se vive en Chile: «Chile es un Estado corrupto, además de fascista, dado que su organización deviene de una Constitución Política fascista: la Constitución de Pinochet sobre la que han jurado todos los presidentes de la postdictadura, todos los parlamentarios todos los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas& todos ellos han jurado respetar una Constitución Política fascista&

Luego agrega» «Chile es un Estado corrupto, es decir, que su cuerpo político es corrupto, que sus tres Poderes (Ejecutivo, Judicial y Legislativo), son corruptos, que nos gobierna y que legisla sobre nuestro comportamiento un montón de sinvergüenzas que parecen distintos entre sí pero que pertenecen a la misma clase: la de los ladrones, la de los explotadores, la de los que nos han robado siempre y que ahora suman una camarilla de «renovados».

Héctor Kol dice que «esos son los que nos gobiernan, esos aceptan o rechazan leyes que jamás conocemos. Esos son los que aprueban los tratados comerciales con países o bloques de países gobernados por ladrones como ellos. Se trata de un grupo de iluminados sentados en tronos de exquisita madera, que determinan qué se publica o no en nuestras editoriales y periódicos, que deciden qué vemos o no vemos en el cine y la televisión, como manipulan nuestras mentes, para transformarnos en vasallos de sus dictados».

Lo cierto que el problema de las coimas y la corrupción en Chile, en la medida de lo posible trata de ser minimizado, así al menos se desprende de las propias declaraciones del presidente Lagos, que ha negado haber utilizado fondos públicos, para financiar su pasada campaña electoral. Sin embargo lo mejor sería recordarle al presidente, como él mismo lo señala, que deje «funcionar las instituciones», en particular la justicia, y se someta a lo que ha resuelto la juez Ana Chevesich.

Pero en Chile, mientras persista el modelo económico vigente, la Constitución pinochetista, el sistema electoral antidemocrático y los intentos por legalizar la impunidad en los casos de derechos humanos, la corrupción seguirá viento en popa, pues es hija putativa del actual sistema político imperante en el país sudamericano.