Expedientes secretos de la SIDE y Migraciones revelan que la dictadura decidió la expulsión del uruguayo Zelmar Michelini el 26 de abril del 76, pero misteriosamente la orden no se cumplió y 26 días después el ex senador, junto a tres de sus connacionales, apareció asesinado a balazos.

El crimen de Michelini -que nunca fue esclarecido- es uno de los ejemplos emblemáticos de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur conocida como Plan Cóndor.

La pregunta que surge de la lectura de las más de cien páginas de los expedientes, a los que tuvo acceso el diario argentino Clarín, es: ¿por qué la dictadura no concretó la expulsión de un extranjero a quien la Policía Federal le venía siguiendo los pasos? Fuentes vinculadas a la familia de Michelini están convencidas de que no se lo expulsó para facilitar su secuestro.

La tragedia de Michelini comenzó el 27 de junio de 1973, con el golpe cívico-militar uruguayo que llevó al poder a Juan María Bordaberry. Ese día, Michelini llegó al país, pidió asilo político y el ministro del Interior de Isabel Perón, Benito Llambí, se lo dio en 48 horas.

Sin embargo, semanas más tarde el gobierno uruguayo comenzó a protestar por las actividades políticas de Michelini y su compatriota, el también ex senador Enrique Erro. Frente a esos pedidos, el entonces subdirector de Migraciones y actual titular del INDEC, Lelio Mármora, prohibió a Erro residir en la Capital, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Mendoza. Otro funcionario tomó igual medida con Michelini, quien tuvo que renunciar al asilo político y viajar a Italia.

En abril de 1974 reingresó al país y se le dio una visa de turista. Pero Uruguay contraatacó e invalidó el pasaporte de Michelini. Fue para impedir que viajara a EE.UU., donde iba a denunciar al senador Edward Kennedy las violaciones a los derechos humanos en su país. Días más tarde, Migraciones preguntó al subjefe de la Policía Federal, el comisario Alberto Villar, sospechado de haber colaborado con la "Triple A", si el ex senador "compromete el orden público" argentino.

La Federal y la SIDE acusaron a Michelini y Erro de realizar actividades políticas "ilegales" en el Comité Artiguista de Resistencia y en el Comité de Defensa de los Presos Políticos Uruguayos. También, de haber tenido supuestos "contactos" con Tupamaros. Y subrayaron la "tarea fustigadora" del primero desde el diario La Opinión.

En base a estos informes de sesgo macartista, el 10 de junio de 1975 el director de Migraciones, Abel Barrionuevo, dictaminó que Michelini "registra antecedentes que lo inhabilitan en forma absoluta para residir o radicarse legalmente en el país" y ordenó su expulsión. Preocupado, Michelini presentó una conmovedora apelación. Allí resaltó sus valores democráticos y su trabajo como periodista que "de ningún modo hacen presumir -dijo- riesgos para la seguridad nacional y el orden público argentinos".

Después del golpe del 24 de marzo 1976, la situación se complicó para Michelini. El 26 de abril, el director de Migraciones, coronel (RE) Remigio Azcona, rechazó su apelación y confirmó la expulsión. Y el 18 de mayo se informó de la decisión a Control Migratorio.

Sin embargo, la misma Policía Federal y la SIDE que le habían seguido tan minuciosamente sus pasos no lo notificaron de esa decisión. Y al día siguiente, el 19 de mayo, 15 policías vestidos de civil lo secuestraron en el hotel Liberty frente a una impasible guardia militar de una central de ENTel, en Corrientes y Libertad, según denunció el ex senador uruguayo Wilson Ferreira Aldunate. Lo hizo en una carta dirigida a Videla.
Cuatro días después del secuestro, el cadáver de Michelini, y otros tres uruguayos, fue encontrado con signos de tortura en un automóvil abandonado en el cruce de las avenidas Perito Moreno y Dellepiane. Nadie creyó la versión de la dictadura de que había sido víctima de una organización subversiva.

Zumarán y Ferreira serán testigos en Uruguay

Alberto Zumarán y Juan Raúl Ferreira declararán en calidad de testigos, a comienzos de abril, en el expediente sobre los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, retomándose de esa forma la toma de testimonios por uno de los casos emblemáticos de la lucha contra la violación de los derechos humanos.


Las declaraciones de Alberto Zumarán y Juan Raúl Ferreira fueron dispuestas por el juez penal de 11º Turno, Roberto Timbal, a pedido de la fiscal Mirtha Guianze. Fuentes judiciales informaron que tras las declaraciones de los dirigentes nacionalistas, serán citadas a declarar personas que ejercieron cargos en el gobierno dictatorial cuando se concretaron los homicidios de Michelini y Gutiérrez Ruiz.

La citación de Zumarán responde fundamentalmente a conocer si existió una reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), en la que una votación de 4 a 2 decidió la muerte de los uruguayos secuestrados en Argentina Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. Testimonios incluidos en la Comisión Investigadora del Parlamento sobre estos asesinatos hacen referencia a esa reunión del Cosena, en la que habrían participado el presidente Juan María Bordaberry, el ministro del Interior general Hugo Linares Brum, el ministro de Defensa, doctor Walter Ravena, el comandante del Ejército, general Julio César Vadora, el comandante de la Armada, vicealmirante Víctor González Ibargoyen, y el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Dante Paladini. Bordaberry y Paladini serían los que votaron en contra de los asesinatos.