Escribe Ricardo Daher.

La derrota del Partido Popular en España coincide con el fin de una etapa en las relaciones de ese país con América Latina. Durante los 8 años de gobierno de José María Aznar, España multiplicó sus inversiones en América Latina, al punto de desplazar a Estados Unidos como el principal inversión extranjero. Para muchos analistas fue la segunda conquista, iniciada prácticamente a los 500 años de la primera. Una etapa que coincidió con las privatizaciones y la corrupción más desembozada. Tras la crisis en Argentina, país que durante el gobierno de Carlos Menem fue la cabecera de playa de esta segunda invasión conquistadora española, las relaciones entre el país ibérico y el continente americano, entraron en un período especial, lleno de presiones y desencuentros políticos, y amenazas de los inversores que se podrían entender como chantajes. El nuevo gobierno español tiene ahora la oportunidad de enmedar esa conducta y transformarse en un socio de Latinoamérica.

En 1999 España se convirtió en el mayor inversor directo en América Latina. Las inversiones directas de este país en la región pasaron de 780 millones de dólares en 1990 a 100 mil millones de euros en 2001, de los cuales 26 mil 281 millones se colocaron en Argentina, 26 mil 292 millones en Brasil, 9 mil 197 millones en México y 7 mil 816 millones en Chile.

Las inversiones españolas en América Latina llegaron a constituir el 30% del valor de la Bolsa de Madrid.
Una inversión que rindió frutos de inmediato, pese a la crisis en Argentina en el 2001 y 2002. Según estiman analistas económicos, las mayores empresas españolas obtienen entre 30-50% de sus ingresos operativos en América Latina, y en sólo 9 años, entre 1992 y el 2001, transfirieron a sus casas matrices beneficios superiores a los 19 mil millones de dólares.

Este empuje inversor estuvo basado en el proceso privatizador en la región, y especialmente en las áreas de las comunicaciones, electricidad, petróleo, aerolíneas, agua potable y servicios financieros.

Inversiones que no estuvieron alejadas de prácticas de corrupción, ya inherentes al sistema y que se apreciaban desde antes en las relaciones comerciales de España con América Latina, incluso durante el gobierno del socialista Felipe González. Como ejemplo de esta práctica cabe recordar el papel jugado por la desaparecida empresa paraestaral española, FOCOEX, en Argentina y Uruguay. Una comisión investigadora en el parlamento uruguayo demostró que esa empresa concedió a nombre del gobierno español, millones de dólares al Estado uruguayo (a una tasa de interés mediana) para la adquisición de bienes españoles. Esta compra el gobierno uruguayo la debió realizar a través de intermediario particular, que cobraba comisiones a las dos partes del negocio. Como era de esperar, los administradores uruguayos compraron equipos inútiles o que nunca se utilizaron debido a la falta de planeamiento, o con desvío del destino final. Por ejemplo, una planta para disecar y elaborar alimentos disecados terminó oxidada en un galpón de una escuela rural, equipos médicos que terminaron en los sótanos de hospitales, y un prétamos para la construcción de un hospital que terminó en la construcción de una piscina cerrada que costó varias veces más de los previsto.

Aumento de las inversiones

Tras el ingreso de España en la CEE y la reforma del régimen de inversiones exteriores en 1986, las inversiones exteriores directas (IED) españolas pasaron de 1988 a 1992, acompañando el ciclo alcista internacional, de 1.969 a 6.511 millones de dólares. Pero solo el 12% del total se dirigió a América Latina, mientras que el 50% fue a la CEE. En América Latina, el destino fundamental fue Panamá, como paraíso fiscal, y en menor medida Argentina, Chile, México, Brasil y Venezuela.

Después de la primera mitad de los 90, y ya con la administración Aznar, las inversiones españolas crecen espectacularmente en los sectores financiero, petróleo, telecomunicaciones, energía eléctrica y transporte aéreo.

En Argentina, la inversión creció de 1.809 millones de dólares en 1995 a 18.726 millones en el 2000. Las empresas españolas participaron en las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas; Telefónica (1.338 millones de dólares); Edenor, Edesur y Dock Sur en el sector eléctrico; los bancos Francés (509 millones), Rio de la Plata (1.631 millones), Tornquist, Galicia y Buenos Aires, a cargo del BSCH y el BBVA. En el 2000, Repsol compró la petrolera YPF por 15.168 millones de dólares.

En Brasil, Telefónica de España compró la brasileña por 10.423 millones de dólares y Tele Sudeste Celular SA por 2.419 millones, y Endesa esta desarrollando el grupo Enersis con la construcción de una central térmica en Ceará.

En México, la influencia española fue menor, pasando de 82 a 312 millones de dólares en 1998, para aumentar tras la compra por el BSCH en el 2000 del grupo financiero Servin por 1.560 millones de dólares y la adquisición por Iberdrola en el 2002 del 13% de Gas Natural de México, con inversiones planeadas de 2.350 millones de dólares.

También ha habido inversiones importantes en Chile (telecomunicaciones, banca y energía eléctrica), Perú (adquisición de Copertel y Entel por Telefónica), Venezuela (sector bancario) y en menor medida en Uruguay (asociación con la empresa eléctrica estatal, telefonía móvil, y agua potable entre otras).
Según sostuvo Luis Hernández Navarro en el diario "La Jornada" de México, "la novísima reconquista de América Latina no fue ajena al reacomodo de poder vivido en España a raíz del triunfo del Partido Popular (PP). Tras su primera victoria electoral esta fuerza construyó una densa red de influencias económicas como las que ningún otro gobierno previo desde Francisco Franco se había atrevido a organizar. En cinco grandes empresas públicas colocó hombres de su confianza, para luego ponerlas en venta en Bolsa de manera "audaz y fraudulenta", manteniendo al frente de ellas a sus amigos después de la privatización.

Una de estas compañías (Telefónica) se expandió construyendo un imperio de medios de comunicación, que puso en práctica una línea informativa afín al gobierno. Además, los organismos de regulación fueron copados por personajes afines a Aznar. (Véase: Jesús Mota, Aves de rapiña). La expansión corporativa al nuevo mundo permitió consolidar esta creciente influencia política".

Tras la crisis argentina los inversores españoles parecen esperar el desarrollo de la negociación de las deuda externa y una definición sobre la política oficial de tarifas para los sectores de servicios privatizados en ese país, y extienden sus temores al resto de los países de la region. Exigen mayor compromiso de los gobiernos para mantener las privatizaciones y libertad de acción a los inversores.

En este sentido ha sido claro el papel del gobierno de Aznar de presionar al presidente argentino Néstor Kirchner para que conceda el aumento de tarifas solicitado por las empresas españolas que asumieron los servicios privatizados, y para que aumente el pago de la deuda del estado con inversionistas españoles. Aznar asumió un papel activo en la defensa de las empresas españolas presionando en el mismo sentido de las demandas del Fondo Monetario Internacional. Desde mediados del pasado año, en las diferentes cumbres iberoamericanas, Aznar ha reclamado de los gobiernos latinoamericanos, más privatizaciones, más disciplina financiera, más apertura de mercados y más liberalización.

Su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sostuvo que Latinoamérica "necesita más que nunca" políticas macroeconómicas "responsables" y mantener un marco jurídico adecuado que ayude a restaurar y fortalecer la confianza de los inversores y a recuperar una senda de crecimiento sostenido.

A ello se sumó el presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Francisco González que después de pronosticar un crecimiento de la economía regional de entre el 3,5 y 4 por ciento para este año, afirmó que para que estas perspectivas se conviertan en realidad, los gobiernos de los países latinoamericanos deben profundizar y perseverar en políticas que garanticen la estabilidad macroeconómica y que aumenten la flexibilidad de sus mercados, con marcos institucionales y regulatorios más sólidos.

También el presidente del Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, se manifestó en el mismo sentido, después de reconocer que en el 2002 y 2003 su banco obtuvo beneficios netos superiores a los 2.500 millones de dólares.

A estas presiones oficiales se han sumado las declaraciones tipo chantaje de los empresarios. Un informe elaborado por la consultora ibérica Analistas Financieros Internacionales (AFI), denominado "La percepción de los inversores de los riesgos regulatorios e institucionales en América Latina", en el que se ha entrevistado a los directivos de las quince grandes compañías que tienen proyectos de infraestructura en la región, concluye que existe una gran preocupación por la inestabilidad del marco regulatorio, entre otros riesgos.

Pero más contundente que el estudio han sido las recientes declaraciones de algunos ejecutivos con motivo de la presentación. Así, altos responsables de Aguas de Barcelona, accionista de Aguas Argentinas, y de Unión Fenosa se mostraron predispuestos a no continuar las inversiones si las incertidumbres jurídicas no se despejan. Muchas compañías -dice el estudio- creen que en Latinoamérica "no se dan las condiciones para que el acceso universal a los servicios públicos básicos pueda ser financiado por la iniciativa privada".

La financiación es particularmente complicada en el mercado del agua y del saneamiento debido, entre otras razones, "a la falta de cultura de pago de tales servicios" afirmaron estos empresarios.
José María Nogueira, de AFI, que participó en la redacción del informe, sostiene que las empresas presentes en la zona -principalmente en los sectores de energía, telecomunicaciones, y concesión de aguas y de autopistas- "tienen en común que los proyectos maduran a muy largo plazo y requieren cuantiosas inversiones que exigen un marco regulatorio estable y atractivo, que no se ha dado en casi ningún país". De hecho, agrega Nogueira, "las inversiones directas en Latinoamérica han caído mucho en los últimos años".

Mala imagen

No obstante, el economista de AFI descarta una vuelta de los capitales a España. El informe constata que los directivos "lamentan la decepción social que perciben en muchos países (...) y la animadversión (...) que han suscitado algunas empresas españolas".

Los ejecutivos también reconocen que la elevación gradual de las tarifas "ha terminado por generar rechazo político y social, a veces instigado desde las propias instancias públicas".

En ese sentido, según otros análisis, en contra de lo ofrecido, muchas de esas adquisiciones provocaron, con frecuencia, servicios de mala calidad, aumento en el costo de las tarifas y presiones políticas indebidas sobre los gobiernos que han pretendido regularlas. Por ello la opinión pública latinoamericana es negativa hacia estas operaciones comerciales. De acuerdo con el sondeo Latinobarómetro 2003, 27 por ciento de los encuestados cree "que la inversión de capitales españoles" ha sido poco o nada beneficiosa, y los más críticos son los de países donde las inversiones son más importantes; 77 por ciento de los entrevistados afirma que estaba más satisfecho de los servicios que ofrecían las empresas privatizadas antes de que pasaran a manos hispanas (El País, 7 noviembre de 2003).

Un campo de conquista

Pero, las relaciones de España con América Latina no han sido sólo económicas. Lejos quedó la promesa -nunca concretada- del PSOE, cuando gobernaba Felipe González, de que ese país se convertiría en el vocero y la puerta de Latinoamerica a la Unión Europea. Por el contrario, las restricciones al ingreso de inmigrantes ha aumentado, y más que la puerta de entrada es la puerta de salida. Durante el gobierno de José María Aznar, España priorizó su relación con Estados Unidos, desmantelando acuerdos de cooperación con los países de la región y sólo alentando a las empresas españolas a expandirse en América Latina aprovechando la ola de privatizaciones, y en compensación a su escasa incidencia en las privatizaciones que se desarrollaban en la Europa del este, tras la caída del Muro de Berlín.
Junto al creciente poder de las empresas españolas en América Latina, creció la influencia política de Madrid en el continente.

Detrás de la invasión económica, España intentó también someter políticamente a los gobiernos de la región.

Las contadas visitas del jefe del gobierno español a la región, tuvieron como objetivo mantener el poder de las inversiones, extenderlas a otros campos, sostener el ritmo de las políticas económicas noeliberales, y asegurar el lineamiento de los gobiernos de la región con las posiciones de España que coincidían en un 100% con las norteamericanas.

Quizás el más claro ejemplo de esta política colonialista se presente en las relaciones con Argentina. En todo momento Aznar ha presionado abiertamente aquel gobierno argentino para que ceda a las demandas de las empresas españolas y a los dictados del FMI.
Aznar fue también interlocutor directo con el entonces presidente Fernando de la Rúa y demás actores políticos, durante la crisis en Argentina en diciembre del 2001. Apoyó económicamente y políticamente al candidato de la derecha, el economista Ricardo Murphy en las elecciones de abril del 2003. Respaldó con dinero, equipos militares y gestiones políticas al presidente de Colombia Alvaro Uribe. Prácticamente fue el primer gobierno en reconocer de hecho al empresario Carmona como presidente de Venezuela en su esfímero mandato de 24 horas durante el golpe de estado de abril del 2002 contra Hugo Chávez.
Ha intentado, y en algunos casos con éxito, alinear a los gobiernos latinoamericanos detrás de Estados Unidos en la invasion y ocupación de Irak. Varios países han enviado tropas a Irak bajo el mando de España para colaborar con los norteamericanos en la ocupación, entre ellos Nicaragua, Honduras, y el Salvador.

También bajo la administración Aznar las relaciones con Cuba llegaron a su nivel más bajo, incluso que durante la dictadura franquista. España ha presionado a la isla caribeña y ha arrastrado a gobiernos europeos en la política de aislar a Cuba.

El nuevo gobierno español, que asumirá a fines de abril, tiene como plataforma priorizar las relaciones con América Latina pero no como apéndice de sus relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, América Latina debe esperar con cautela el desarrollo de esta "nueva política". Las inversiones en la región constituyen un buen porcentaje del PBI español y todavía falta ver cuál sera la independencia del gobierno de ese poder económico.